/ jueves 30 de julio de 2020

72.3% del PIB: valor de las pensiones en 2018

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al 2018, hay 125 millones de mexicanos, divididos en 51.1% de mujeres y 48.9% de hombres, con una edad promedio de 29 años; de 30 a 59 años, existe un 37.8% de la población y de 60 y más años, el 12.3% de la población. México es un país joven, lo que se ve reflejado en la enorme cantidad de mano de obra disponible para las empresas que se quieren instalar en el país, lo que debiera estimular la generación de riqueza y, además, por la juventud no debería enfrentar todavía problemas graves de sustentabilidad en el sistema de pensiones... y sin embargo, la situación es crítica.

Para el 2018, la Auditoría Superior de la Federación indicó que el valor presente de las obligaciones pensionarias ($17,025,062.7 millones de pesos), representó 72.3% del Producto Interno Bruto ($23,542,737.2 millones de pesos), equivalente a 3.0 veces el gasto neto presupuestario pagado ($5,611,559.1 millones de pesos), 5.6 veces los ingresos tributarios ($3,062,331.4 millones de pesos) y 28.6 veces el endeudamiento neto del sector público presupuestario ($595,780.6 millones de pesos); esto pone en una situación delicada a todo el sistema de pensiones, aunque en realidad, no existe un sistema único de pensiones.

El problema no solo radica en términos cuantitativos, es decir en la suma de dinero necesaria para cumplir con las obligaciones pensionarias de cada uno de los mexicanos, sino que el problema también es cualitativo pues no se sabe exactamente qué ofrecen en cuanto a beneficios económicos, se desconoce los métodos operativos y la manera de acceder a una pensión a través de los nada más y nada menos que 69 diferentes esquemas pensionarios identificados al 2018 por la Auditoría Superior de la Federación, lo que hace no solo necesaria sino urgente la unificación del sistema de pensiones o, por lo menos, la reducción al mínimo posible a esos esquemas, con el objetivo de mejorar su funcionamiento.

Pero por si no fuera suficientemente complicado identificar para cada ciudadano el esquema bajo el que se encuentra o los diversos esquemas en los que ha participado a lo largo de su vida laboral, otro inconveniente es que no existe portabilidad de derechos, lo que quiere decir que cada uno de los 69 esquemas de pensiones opera de manera independiente, sin derecho a combinar diversos esquemas durante toda la vida laboral, entonces quienes deciden cambiar de empleador o se ven en la necesidad de cambiar de empleador antes de cumplir con cierta antigüedad laboral, pierden sus beneficios pensionarios imposibilitando aún más el acceso a una pensión para un ciudadano que ha tenido que cambiar de empleo en diversas ocasiones.

La gravedad que significa la enorme cantidad de empleo informal que existe en los países en desarrollo, como México, es otro factor en contra pues las medidas del gobierno deberían estar enfocadas a estimular y facilitar el acceso a la formalidad a micro, pequeñas y medianas empresas e incluso a freelancers, lo que no ha sido así. En el 2018 la población económicamente activa fue de 56,023,199 millones de personas de las que 22,978,667 (41.0%) fueron trabajadores que cotizaban en algún sistema de seguridad social y quienes podrían acceder a una pensión al terminar su vida laboral, mientras que 33,044,532 (59.0%) corren el riesgo de no contar con ella.

Lo que además es increíble son los lastres con los que tiene que cargar el país y que impactan fuertemente en la poca capacidad de ahorro y posterior inversión, pues la pensión de jubilación por antigüedad que proporciona la CFE es adicional al que proporciona el IMSS a los trabajadores de la empresa, por lo que están en posibilidad de recibir una doble pensión al cumplir con los requisitos establecidos por ambos organismos; en PEMEX, los trabajadores con 55 años de edad y 25 de servicio reciben una pensión calculada respecto del 80.0% del sueldo promedio del último año, la cual puede aumentar hasta el 100.0% en función de los años de servicio adicionales a los requeridos y en el IMSS, en el 2018, se identificó que 1,421 (0.5%) registros del régimen de jubilaciones y pensiones se otorgaron a trabajadores menores de 40 años, lo que demostró inconsistencias en la información proporcionada por la institución sin que acreditara las causas.

A toda la problemática del sistema de pensiones habría que agregarle otros factores no menos importantes, sino al contrario, son factores que influyen en la sustentabilidad del sistema de pensiones de un país como la generación de empleos, el crecimiento de los salarios, la tasa de natalidad, el índice del capital humano, el envejecimiento de la población y el promedio de vida. Estos factores también deben ser puestos en la mesa al momento de querer realizar una verdadera reforma al sistema de pensiones pues lo que se ha hecho, hasta ahora, es con fines electorales y como siempre, eso es pan para hoy y hambre para mañana.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al 2018, hay 125 millones de mexicanos, divididos en 51.1% de mujeres y 48.9% de hombres, con una edad promedio de 29 años; de 30 a 59 años, existe un 37.8% de la población y de 60 y más años, el 12.3% de la población. México es un país joven, lo que se ve reflejado en la enorme cantidad de mano de obra disponible para las empresas que se quieren instalar en el país, lo que debiera estimular la generación de riqueza y, además, por la juventud no debería enfrentar todavía problemas graves de sustentabilidad en el sistema de pensiones... y sin embargo, la situación es crítica.

Para el 2018, la Auditoría Superior de la Federación indicó que el valor presente de las obligaciones pensionarias ($17,025,062.7 millones de pesos), representó 72.3% del Producto Interno Bruto ($23,542,737.2 millones de pesos), equivalente a 3.0 veces el gasto neto presupuestario pagado ($5,611,559.1 millones de pesos), 5.6 veces los ingresos tributarios ($3,062,331.4 millones de pesos) y 28.6 veces el endeudamiento neto del sector público presupuestario ($595,780.6 millones de pesos); esto pone en una situación delicada a todo el sistema de pensiones, aunque en realidad, no existe un sistema único de pensiones.

El problema no solo radica en términos cuantitativos, es decir en la suma de dinero necesaria para cumplir con las obligaciones pensionarias de cada uno de los mexicanos, sino que el problema también es cualitativo pues no se sabe exactamente qué ofrecen en cuanto a beneficios económicos, se desconoce los métodos operativos y la manera de acceder a una pensión a través de los nada más y nada menos que 69 diferentes esquemas pensionarios identificados al 2018 por la Auditoría Superior de la Federación, lo que hace no solo necesaria sino urgente la unificación del sistema de pensiones o, por lo menos, la reducción al mínimo posible a esos esquemas, con el objetivo de mejorar su funcionamiento.

Pero por si no fuera suficientemente complicado identificar para cada ciudadano el esquema bajo el que se encuentra o los diversos esquemas en los que ha participado a lo largo de su vida laboral, otro inconveniente es que no existe portabilidad de derechos, lo que quiere decir que cada uno de los 69 esquemas de pensiones opera de manera independiente, sin derecho a combinar diversos esquemas durante toda la vida laboral, entonces quienes deciden cambiar de empleador o se ven en la necesidad de cambiar de empleador antes de cumplir con cierta antigüedad laboral, pierden sus beneficios pensionarios imposibilitando aún más el acceso a una pensión para un ciudadano que ha tenido que cambiar de empleo en diversas ocasiones.

La gravedad que significa la enorme cantidad de empleo informal que existe en los países en desarrollo, como México, es otro factor en contra pues las medidas del gobierno deberían estar enfocadas a estimular y facilitar el acceso a la formalidad a micro, pequeñas y medianas empresas e incluso a freelancers, lo que no ha sido así. En el 2018 la población económicamente activa fue de 56,023,199 millones de personas de las que 22,978,667 (41.0%) fueron trabajadores que cotizaban en algún sistema de seguridad social y quienes podrían acceder a una pensión al terminar su vida laboral, mientras que 33,044,532 (59.0%) corren el riesgo de no contar con ella.

Lo que además es increíble son los lastres con los que tiene que cargar el país y que impactan fuertemente en la poca capacidad de ahorro y posterior inversión, pues la pensión de jubilación por antigüedad que proporciona la CFE es adicional al que proporciona el IMSS a los trabajadores de la empresa, por lo que están en posibilidad de recibir una doble pensión al cumplir con los requisitos establecidos por ambos organismos; en PEMEX, los trabajadores con 55 años de edad y 25 de servicio reciben una pensión calculada respecto del 80.0% del sueldo promedio del último año, la cual puede aumentar hasta el 100.0% en función de los años de servicio adicionales a los requeridos y en el IMSS, en el 2018, se identificó que 1,421 (0.5%) registros del régimen de jubilaciones y pensiones se otorgaron a trabajadores menores de 40 años, lo que demostró inconsistencias en la información proporcionada por la institución sin que acreditara las causas.

A toda la problemática del sistema de pensiones habría que agregarle otros factores no menos importantes, sino al contrario, son factores que influyen en la sustentabilidad del sistema de pensiones de un país como la generación de empleos, el crecimiento de los salarios, la tasa de natalidad, el índice del capital humano, el envejecimiento de la población y el promedio de vida. Estos factores también deben ser puestos en la mesa al momento de querer realizar una verdadera reforma al sistema de pensiones pues lo que se ha hecho, hasta ahora, es con fines electorales y como siempre, eso es pan para hoy y hambre para mañana.