/ lunes 13 de julio de 2020

“A mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos justicia a secas”

El miércoles 8 de julio de 2020, en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, se realizó la esperada reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Donald Trump por el país anfitrión Estados Unidos; la reunión tuvo como marco el inicio del tratado de comercio denominado T-MEC que involucra a estos 2 países y también a Canadá, cuyo primer ministro Justin Trudeau se ausentó de la reunión alegando tomar medidas por el COVID-19, aunque en realidad pudiera explicarse en la relación conflictiva de Trump-Trudeau: Estados Unidos ha impuesto aranceles al aluminio canadiense por el presidente norteamericano y éste ha tildado a su homólogo de Canadá como “sumiso” y “sin carácter”. Aun con esta ausencia, el evento fue un gran escenario para la entrada del T-MEC, el cual describe significará el comienzo de una “época de prosperidad para américa del norte”, al tratarse de uno de las regiones comerciales más importantes del mundo.

Esta reunión tuvo una reacción negativa en México entre el sector de la población que se opone abiertamente y sin consideraciones al mandato presidencial de López Obrador. Existen diversas iniciativas de esta población para minar la popularidad de México, como es el caso del llamado Frente Nacional Anti AMLO. Si bien la crítica hacia el ejercicio de gobierno por parte de las autoridades es un rasgo de la “democracia”, quienes pertenecen a tal frente y otros similares son sectores conservadores, ultra religiosos y privilegiados. Si bien no se puede generalizar los contrapesos existentes en nuestro país, hay que señalar los matices presentes. Y es que la administración de López Obrador se desarrolla sobre una serie de fenómenos y hechos sociales que han sido abordados de diferente manera en la narrativa oficial. Aunque no sea de una forma radical, que signifique la transformación profunda del país, la lucha contra la desigualdad es el principal motor de la administración lopezobradorista. En un país de amplias desigualdades, los sectores privilegiados se sienten amenzados, aunque en realidad el gobierno federal no irá contra los grandes capitales para instaurar el “socialismo” como muchos de sus oponentes suelen decir, al mero estilo de la guerra fría. Esa lucha contra la desigualdad se basa más en la lucha contra la corrupción que en reformar las políticas económicas, fiscales y públicas. Cabe destacar este punto, porque las contradicciones en el discurso de López Obrador se hicieron presentes durante la reunión con Trump, a quien tildó de gentil y respetuoso hacia el pueblo mexicano, aun cuando está bien documentado por cuatro años la retórica racista ha sido la columna vertebral de su mandato.

La corrupción gubernamental en México es y ha sido uno de los más grandes problemas que la sociedad enfrenta. Estas malas prácticas dejan un perjuicio al erario público de 9% del producto interno bruto según el funcionario Ary Naim, gerente general del International Finance Corporation, y aunque no hay un estudio que sustente dicha información como tal, el presidente López Obrador ha utilizado este dato en sus discursos. A partir de la década de los 70s en el siglo pasado, funcionarios de los más altos niveles en administraciones municipales, estatales y federales han sido denunciados por robo, enriquecimiento ilícito y extorsión, sin que haya significado procesos judiciales en contra de la mayoría de ellos.

La detención de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, a petición del gobierno federal y el gobierno de Chihuahua, ha elevado la confianza que la lucha será permanente y eleva la confianza en los gobiernos en su lucha por llevar a la cárcel a los que utilizan el dinero o el servicio público para beneficiarse. La intención de tener un banco por parte del ex gobernador, utilizando dinero público y en sociedad con el ingeniero Jaime Herrera Corral, quien fue tesorero durante la administración de Duarte, significó el discurso de campaña del ahora gobernador Javier Corral. La lejanía de Javier Corral con la población chihuahuense y su poca capacidad para causar empatía, aunado a los resultados casi nulos en su trabajo administrativo, hace que la sociedad cuestione si en verdad busca erradicar la corrupción o solo está buscando posicionarse como candidato a la presidencia de la república en el 2024, utilizando de manera discrecional el presupuesto público en comunicación, tal como lo hizo en su momento el ex gobernador Duarte.

En el año 2018, durante las elecciones intermedias, el presidente Armando Cabada declaró que era víctima de fraude por parte quienes lo querían despojar de la presidencia municipal; un absurdo si puntualizamos el manejo del presupuesto público en favor de su imagen, compra de votos cometida por funcionarios públicos, amenazas de despidos hacia empleados municipales si no apoyaban a los candidatos independientes impuestos por presidente municipal, ¿cómo puede alguien que no maneja dinero público competir contra quién lo maneja a su antojo? ¿Cómo puede un canal de televisión recibir un contrato de publicidad, entregándose el dinero por adelantado sin haber sido ejercido el convenio de publicidad?

En Chihuahua la corrupción sigue siendo una práctica común, esta no se extingue con decir el gobernador que él no es corrupto, menos con la detención de Duarte; la corrupción seguirá mientras los que ayudaron a robar no sean procesados por la protección del gobernador Javier Corral. Los nombres de Pedro Hernández, Jaime Herrera y muchos otros, pasaron a ser ciudadanos millonarios utilizando la amistad del ex gobernador y ahora estos millonarios reciben la protección de la ley o extorsión del actual gobierno; así mismo, el fiscal Cesar Augusto Peniche no ha impuesto demandas contra los beneficiarios de la nómina secreta del anterior gobierno donde según ellos se encuentra el senador Cruz Pérez Cuellar, María Eugenia Campos Galván presidenta de municipal de Chihuahua y Armando Cabada presidente de esta ciudad. El gobernador o el fiscal no deben encontrar pretextos para denunciarlos, de otra forma estamos hablando de un aparato judicial corrupto que solo hacen lo que se les dicta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador alabó y catalogó como un gran amigo de nuestro país a Donald Trump quien ha sido acusado de cometer toda una serie de actos de corrupción a través de diferentes entidades públicas y privadas del país del norte, lo que demuestra que el poder siempre buscara proteger a sus amigos, socios o cómplices.

Facebook: rodolfo ramos silva

Twiter: rodoramo1

El miércoles 8 de julio de 2020, en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, se realizó la esperada reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Donald Trump por el país anfitrión Estados Unidos; la reunión tuvo como marco el inicio del tratado de comercio denominado T-MEC que involucra a estos 2 países y también a Canadá, cuyo primer ministro Justin Trudeau se ausentó de la reunión alegando tomar medidas por el COVID-19, aunque en realidad pudiera explicarse en la relación conflictiva de Trump-Trudeau: Estados Unidos ha impuesto aranceles al aluminio canadiense por el presidente norteamericano y éste ha tildado a su homólogo de Canadá como “sumiso” y “sin carácter”. Aun con esta ausencia, el evento fue un gran escenario para la entrada del T-MEC, el cual describe significará el comienzo de una “época de prosperidad para américa del norte”, al tratarse de uno de las regiones comerciales más importantes del mundo.

Esta reunión tuvo una reacción negativa en México entre el sector de la población que se opone abiertamente y sin consideraciones al mandato presidencial de López Obrador. Existen diversas iniciativas de esta población para minar la popularidad de México, como es el caso del llamado Frente Nacional Anti AMLO. Si bien la crítica hacia el ejercicio de gobierno por parte de las autoridades es un rasgo de la “democracia”, quienes pertenecen a tal frente y otros similares son sectores conservadores, ultra religiosos y privilegiados. Si bien no se puede generalizar los contrapesos existentes en nuestro país, hay que señalar los matices presentes. Y es que la administración de López Obrador se desarrolla sobre una serie de fenómenos y hechos sociales que han sido abordados de diferente manera en la narrativa oficial. Aunque no sea de una forma radical, que signifique la transformación profunda del país, la lucha contra la desigualdad es el principal motor de la administración lopezobradorista. En un país de amplias desigualdades, los sectores privilegiados se sienten amenzados, aunque en realidad el gobierno federal no irá contra los grandes capitales para instaurar el “socialismo” como muchos de sus oponentes suelen decir, al mero estilo de la guerra fría. Esa lucha contra la desigualdad se basa más en la lucha contra la corrupción que en reformar las políticas económicas, fiscales y públicas. Cabe destacar este punto, porque las contradicciones en el discurso de López Obrador se hicieron presentes durante la reunión con Trump, a quien tildó de gentil y respetuoso hacia el pueblo mexicano, aun cuando está bien documentado por cuatro años la retórica racista ha sido la columna vertebral de su mandato.

La corrupción gubernamental en México es y ha sido uno de los más grandes problemas que la sociedad enfrenta. Estas malas prácticas dejan un perjuicio al erario público de 9% del producto interno bruto según el funcionario Ary Naim, gerente general del International Finance Corporation, y aunque no hay un estudio que sustente dicha información como tal, el presidente López Obrador ha utilizado este dato en sus discursos. A partir de la década de los 70s en el siglo pasado, funcionarios de los más altos niveles en administraciones municipales, estatales y federales han sido denunciados por robo, enriquecimiento ilícito y extorsión, sin que haya significado procesos judiciales en contra de la mayoría de ellos.

La detención de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, a petición del gobierno federal y el gobierno de Chihuahua, ha elevado la confianza que la lucha será permanente y eleva la confianza en los gobiernos en su lucha por llevar a la cárcel a los que utilizan el dinero o el servicio público para beneficiarse. La intención de tener un banco por parte del ex gobernador, utilizando dinero público y en sociedad con el ingeniero Jaime Herrera Corral, quien fue tesorero durante la administración de Duarte, significó el discurso de campaña del ahora gobernador Javier Corral. La lejanía de Javier Corral con la población chihuahuense y su poca capacidad para causar empatía, aunado a los resultados casi nulos en su trabajo administrativo, hace que la sociedad cuestione si en verdad busca erradicar la corrupción o solo está buscando posicionarse como candidato a la presidencia de la república en el 2024, utilizando de manera discrecional el presupuesto público en comunicación, tal como lo hizo en su momento el ex gobernador Duarte.

En el año 2018, durante las elecciones intermedias, el presidente Armando Cabada declaró que era víctima de fraude por parte quienes lo querían despojar de la presidencia municipal; un absurdo si puntualizamos el manejo del presupuesto público en favor de su imagen, compra de votos cometida por funcionarios públicos, amenazas de despidos hacia empleados municipales si no apoyaban a los candidatos independientes impuestos por presidente municipal, ¿cómo puede alguien que no maneja dinero público competir contra quién lo maneja a su antojo? ¿Cómo puede un canal de televisión recibir un contrato de publicidad, entregándose el dinero por adelantado sin haber sido ejercido el convenio de publicidad?

En Chihuahua la corrupción sigue siendo una práctica común, esta no se extingue con decir el gobernador que él no es corrupto, menos con la detención de Duarte; la corrupción seguirá mientras los que ayudaron a robar no sean procesados por la protección del gobernador Javier Corral. Los nombres de Pedro Hernández, Jaime Herrera y muchos otros, pasaron a ser ciudadanos millonarios utilizando la amistad del ex gobernador y ahora estos millonarios reciben la protección de la ley o extorsión del actual gobierno; así mismo, el fiscal Cesar Augusto Peniche no ha impuesto demandas contra los beneficiarios de la nómina secreta del anterior gobierno donde según ellos se encuentra el senador Cruz Pérez Cuellar, María Eugenia Campos Galván presidenta de municipal de Chihuahua y Armando Cabada presidente de esta ciudad. El gobernador o el fiscal no deben encontrar pretextos para denunciarlos, de otra forma estamos hablando de un aparato judicial corrupto que solo hacen lo que se les dicta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador alabó y catalogó como un gran amigo de nuestro país a Donald Trump quien ha sido acusado de cometer toda una serie de actos de corrupción a través de diferentes entidades públicas y privadas del país del norte, lo que demuestra que el poder siempre buscara proteger a sus amigos, socios o cómplices.

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