/ lunes 21 de septiembre de 2020

“Agua o muerte”

En nuestro país existen infinidad de problemas relacionados con el medio ambiente, como lo es la tala de bosques, actividad que consume grandes extensiones de territorio, con todas sus implicaciones ecológicas. La extracción masiva de recursos a través de diversas industrias como la minería, las cerveceras, refresqueras, entre muchísimas otras significan un gran reto para el equilibrio y bienestar del entorno y las poblaciones, reto que se ve acrecentado debido a la protección estatal con la que estas actividades gozan. En este sistema capitalista, las ganancias a corto plazo son más importantes que los efectos medio ambientales y sociales que la extracción de recursos pueda provocar. Desde la colonización, la defensa de los recursos y territorios ha estado presente y es constante. Hoy en día vemos como el agua se está convirtiendo en un asunto de disputa real, entre las poblaciones campesinas e indígenas contra el Estado y los grandes capitales.

Actualmente el gobierno federal mantiene varias disputas en diversos sectores del país con los sectores poblacionales que se ven afectados ante el saqueo de sus recursos y territorios. Oponerse al llamado “progreso” significa oponerse a los intereses gubernamentales y empresariales, lo que implica arriesgar la vida, solo por luchar por lo correcto. Tal es el caso del defensor Samir Flores, de Huexca Morelos, quien fue asesinado por ser abierto opositor a la construcción de una planta termoeléctrica planteada por el gobierno federal desde la administración del ex presidente Felipe Calderón y la cual la actual administración de Andrés Manuel López Obrador continua promoviendo, pese a la lucha y denuncias de la población afectada. En casi dos años de gobierno morenista, más de una docena de personas defensoras del ambiente han sido asesinadas con total impunidad y sin seguimiento a sus casos. La 4t se posiciona como una amenaza real a todos los movimientos sociales en el país.

Hoy día, el asunto del agua para poblaciones campesinas está en la mirada pública debido al conflicto existente en nuestro estado, sin embargo existen precedentes que trazan y describen el actuar gubernamental por encima del bien común. Tal es el caso de la nación yaqui, quien lleva desde la colonización en pie de lucha contra el robo y saqueo de sus territorios. En 2014, el líder Mario Luna fue detenido por oponerse a la construcción del acueducto Independencia, una obra que no contó con la autorización de las personas afectadas por dicha obra. Los derrames tóxicos sobre ríos ocasionados por la actividad minera en Sonora ha sido otro grave problema al que la nación yaqui y otros pueblos naciones indígenas se han enfrentado, sin ninguna reparación del daño. Recientemente AMLO se acercó al pueblo yaqui con este supuesto fin, sin embargo todo indica que se trata de meros simbolismos, simulaciones.

El conflicto político-social que se presenta en la Presa de La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos en Chihuahua evidencia claramente cómo procede el Estado para el despojo legal de recursos y como utiliza el monopolio de la violencia para estos fines. Un tratado internacional de aguas con Estados Unidos, que obviamente beneficia injustamente al país del norte, es la razón del problema que se presenta. No obstante las poblaciones campesinas de nuestro estado se ven afectadas por la sequía y la falta de apoyo, aun así se ven forzados a ceder cantidades enormes de agua a los Estados Unidos. Dicho tratado jamás será puesto en entredicho por el presidente López Obrador, quien ha asumido un papel totalmente servil a los intereses estadounidenses, siguiendo el claro ejemplo de su ídolo Benito Juárez. Y es esta administración, de la llamada cuarta transformación, la que ha dejado en claro que actuará en base a sus intereses políticos y jamás por los intereses de la población. La utilización de la guardia nacional como ente represor del conflicto ha dejado ya muerte y dolor, como el caso de la pareja de personas defensoras del agua, baleadas por elementos de esta organización militar. Las declaraciones del presidente simplemente no aportan nada a una solución, ya que criminaliza, infantiliza y desacredita la organización campesina en Chihuahua, acusándoles de estar manipulados por partidos políticos.

Mientras tanto en el estado, el partido oficial no ha sabido mediar ni lidiar con el problema, ya que sería oponerse directamente a los intereses del presidente. No se vislumbra ningún afán por parte del gobierno federal por atender a las poblaciones campesinas, solo se está brindando represión militarizada. El gobernador Javier Corral se deslinda responsabilizando totalmente al gobierno federal, negándose el mismo como actor político y representante de los intereses de la población, en pocas palabras, no busca ni esforzarse para tratar de figurar.

Cabe destacar que estos problemas ya existían, por supuesto, desde administraciones federales pasadas, quienes solo dejaban pasar por alto los conflictos. Sin embargo, el actuar de este gobierno de “transformación”, de “pluralidad”, se asemeja demasiado a la manera en que los gobernantes pasados lo hacían. El nivel de irrealidad existente en las palabras de AMLO cuando asegura que existe una disrupción con el pasado calderonista es enfermiza, increíble. Prácticamente la 4t ha significado la consolidación de la militarización en el país, la maquinaria represiva del Estado. Andrés Manuel López Obrador representa más un peligro para las luchas sociales que para la oligarquía que el mismo asegura combatir. Y las constantes traiciones del gobierno a los movimientos sociales, algunos cuales decidieron arriesgarse apoyándolo durante sus campañas, significan una escisión para la vida democrática del país.

Facebook: Rodolfo Ramos Silva

Twitter rodo_ramo1

Posdata: Armando Cabada presumió su lucha en contra de la corrupción que da en seguridad vial al poner cámaras para vigilar a los agentes de tránsito y ciudadanos, solo falta que ponga cámaras a los funcionarios que han entregado dinero a empresas constructoras para compras de material médico o a su compadre para que le haga banquetes alimenticios, aquí es donde urge la transparencia. ¿O no?

En nuestro país existen infinidad de problemas relacionados con el medio ambiente, como lo es la tala de bosques, actividad que consume grandes extensiones de territorio, con todas sus implicaciones ecológicas. La extracción masiva de recursos a través de diversas industrias como la minería, las cerveceras, refresqueras, entre muchísimas otras significan un gran reto para el equilibrio y bienestar del entorno y las poblaciones, reto que se ve acrecentado debido a la protección estatal con la que estas actividades gozan. En este sistema capitalista, las ganancias a corto plazo son más importantes que los efectos medio ambientales y sociales que la extracción de recursos pueda provocar. Desde la colonización, la defensa de los recursos y territorios ha estado presente y es constante. Hoy en día vemos como el agua se está convirtiendo en un asunto de disputa real, entre las poblaciones campesinas e indígenas contra el Estado y los grandes capitales.

Actualmente el gobierno federal mantiene varias disputas en diversos sectores del país con los sectores poblacionales que se ven afectados ante el saqueo de sus recursos y territorios. Oponerse al llamado “progreso” significa oponerse a los intereses gubernamentales y empresariales, lo que implica arriesgar la vida, solo por luchar por lo correcto. Tal es el caso del defensor Samir Flores, de Huexca Morelos, quien fue asesinado por ser abierto opositor a la construcción de una planta termoeléctrica planteada por el gobierno federal desde la administración del ex presidente Felipe Calderón y la cual la actual administración de Andrés Manuel López Obrador continua promoviendo, pese a la lucha y denuncias de la población afectada. En casi dos años de gobierno morenista, más de una docena de personas defensoras del ambiente han sido asesinadas con total impunidad y sin seguimiento a sus casos. La 4t se posiciona como una amenaza real a todos los movimientos sociales en el país.

Hoy día, el asunto del agua para poblaciones campesinas está en la mirada pública debido al conflicto existente en nuestro estado, sin embargo existen precedentes que trazan y describen el actuar gubernamental por encima del bien común. Tal es el caso de la nación yaqui, quien lleva desde la colonización en pie de lucha contra el robo y saqueo de sus territorios. En 2014, el líder Mario Luna fue detenido por oponerse a la construcción del acueducto Independencia, una obra que no contó con la autorización de las personas afectadas por dicha obra. Los derrames tóxicos sobre ríos ocasionados por la actividad minera en Sonora ha sido otro grave problema al que la nación yaqui y otros pueblos naciones indígenas se han enfrentado, sin ninguna reparación del daño. Recientemente AMLO se acercó al pueblo yaqui con este supuesto fin, sin embargo todo indica que se trata de meros simbolismos, simulaciones.

El conflicto político-social que se presenta en la Presa de La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos en Chihuahua evidencia claramente cómo procede el Estado para el despojo legal de recursos y como utiliza el monopolio de la violencia para estos fines. Un tratado internacional de aguas con Estados Unidos, que obviamente beneficia injustamente al país del norte, es la razón del problema que se presenta. No obstante las poblaciones campesinas de nuestro estado se ven afectadas por la sequía y la falta de apoyo, aun así se ven forzados a ceder cantidades enormes de agua a los Estados Unidos. Dicho tratado jamás será puesto en entredicho por el presidente López Obrador, quien ha asumido un papel totalmente servil a los intereses estadounidenses, siguiendo el claro ejemplo de su ídolo Benito Juárez. Y es esta administración, de la llamada cuarta transformación, la que ha dejado en claro que actuará en base a sus intereses políticos y jamás por los intereses de la población. La utilización de la guardia nacional como ente represor del conflicto ha dejado ya muerte y dolor, como el caso de la pareja de personas defensoras del agua, baleadas por elementos de esta organización militar. Las declaraciones del presidente simplemente no aportan nada a una solución, ya que criminaliza, infantiliza y desacredita la organización campesina en Chihuahua, acusándoles de estar manipulados por partidos políticos.

Mientras tanto en el estado, el partido oficial no ha sabido mediar ni lidiar con el problema, ya que sería oponerse directamente a los intereses del presidente. No se vislumbra ningún afán por parte del gobierno federal por atender a las poblaciones campesinas, solo se está brindando represión militarizada. El gobernador Javier Corral se deslinda responsabilizando totalmente al gobierno federal, negándose el mismo como actor político y representante de los intereses de la población, en pocas palabras, no busca ni esforzarse para tratar de figurar.

Cabe destacar que estos problemas ya existían, por supuesto, desde administraciones federales pasadas, quienes solo dejaban pasar por alto los conflictos. Sin embargo, el actuar de este gobierno de “transformación”, de “pluralidad”, se asemeja demasiado a la manera en que los gobernantes pasados lo hacían. El nivel de irrealidad existente en las palabras de AMLO cuando asegura que existe una disrupción con el pasado calderonista es enfermiza, increíble. Prácticamente la 4t ha significado la consolidación de la militarización en el país, la maquinaria represiva del Estado. Andrés Manuel López Obrador representa más un peligro para las luchas sociales que para la oligarquía que el mismo asegura combatir. Y las constantes traiciones del gobierno a los movimientos sociales, algunos cuales decidieron arriesgarse apoyándolo durante sus campañas, significan una escisión para la vida democrática del país.

Facebook: Rodolfo Ramos Silva

Twitter rodo_ramo1

Posdata: Armando Cabada presumió su lucha en contra de la corrupción que da en seguridad vial al poner cámaras para vigilar a los agentes de tránsito y ciudadanos, solo falta que ponga cámaras a los funcionarios que han entregado dinero a empresas constructoras para compras de material médico o a su compadre para que le haga banquetes alimenticios, aquí es donde urge la transparencia. ¿O no?