El costo de la contrarreforma energética decidida desde la soledad de Palacio Nacional y aplaudida por el grupo duro de la 4T en el gobierno federal es igual a “una caída del 75% en la inversión en el sector de energía entre el 2018 y el 2020” y a perder la oportunidad de crear más de 200 mil empleos, esto según el Consejo Coordinador Empresarial.
Por lo pronto, tras su promulgación, la Ley de la Industria Eléctrica fue suspendida; y la Ley de Hidrocarburos, tan pronto sea publicada, correrá la misma suerte: va contra la Constitución.
Las advertencias sobran. Los empresarios gasolineros lo tienen claro: la ley genera un régimen expropiatorio con criterios oscuros y nada técnicos, determinados por la Sener en temas comerciales. Por ejemplo, los niveles de almacenamiento que quieren imponer sustituyen los de oferta y demanda, implican costos adicionales a los permisionarios y evitan la llegada de nuevos jugadores.
Otro es la ocupación temporal, intervención o suspensión para “garantizar los intereses de la nación”, lo que quiera que eso signifique. El problema es que no establece un procedimiento. La autoridad puede hacer cualquiera y deja al empresario indefenso porque violan sus derechos a la legalidad y a la certeza jurídica.
La propuesta pretende aplicar de manera retroactiva castigos a las empresas, cheque usted su cuarto transitorio: “La autoridad competente procederá a la revocación de aquellos permisos que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Sener”
Violentarán así garantías de legalidad, certeza jurídica, debido proceso y acceso a la justicia. Nada más. Borran el estado de Derecho y burlan los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, su retroactividad cae en franca contradicción con el artículo 14 Constitucional.
Los defensores del regreso al pasado glorioso de Pemex olvidan, para su beneficio, varias cosas: el mercado de los energéticos es mundial, México es un tomador de precios, no se puede garantizar el 100% de abasto de ningún producto, mercancía o materia prima sólo con producción nacional.
Controlar el precio de la gasolina, por ejemplo, implica cerrar el mercado, pagar subsidios y distraer recursos de los programas sociales generadores de votos masivos.
¿Se atreverán?
Buzos
1.-El show de Dos Bocas presenta “No tengo dinero”. De los 45 mil millones de pesos necesarios para este año no se ha visto nada y hay quejas de los constructores que redujeron la velocidad de sus trabajos ante la lentitud del pago, a ver si las visitas de Rocío Nahle, titular de Sener, ayudan a destrabar pagos. La ejecución acelerada requiere pagos acelerados.
2.- “Lo mío es el control”; se sincera Rocío Nahle, secretaría de Energía, en la Convención Nacional Petrolera. Después corrige “No es control, perdón, es ordenamiento”. Sí, ajá.
3.-Ahora que AMLO y el ministro Arturo Zaldívar son buenos amigos sería bueno que le recitara su frase de hace un año: “La Constitución no es de cumplimiento optativo”, para que no ande promulgando energéticas inconstitucionales.
4.-Hay 17 equipo de litigantes listos para pelear contra la Ley de Hidrocarburos con especialidades en energía, constitución, economía y amparo. Son el festejo del 10 de Mayo.
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