/ miércoles 19 de enero de 2022

Aguas Profundas | Proteger al oligarca Pemex

En el sector del midstream (transporte, almacenamiento y distribución) de petrolíferos desde épocas de la reforma energética se ha dado un juego de qué viene primero el huevo o la gallina.

Para poder desarrollar infraestructura de terminales y ductos se requiere que los desarrolladores puedan garantizar el mercado como un take or pay o un compromiso contractual mínimo de parte del comprador y la certeza de que los proyectos podrán contar con los permisos de las autoridades competentes incluyendo órganos reguladores para que una vez que obtengan una respuesta positiva en ambos casos puedan obtener fondeo y las inversiones necesarias para los proyectos.

Sin embargo, los desarrolladores no han podido asegurar las inversiones necesarias ya que el mercado del retail no quiere comprometer sus volúmenes de compra por qué ha encontrado que los descuentos que Pemex está ofreciendo por debajo de los precios TAR y obviamente por debajo de sus costos operativos son más atractivos y ya ni hablar de los precios ofrecidos en el mercado informal que rondan los 15 pesos; a su vez, derivado de la postura de la CRE de no autorizar permisos a particulares ,nos ha llevado a que las inversiones estén totalmente paradas con un costo, según la Universidad de Texas A&M, de 17 mil millones de dólares.

En la práctica, los operadores como Windstar, Ienova y Bulkmatic encontraron en las espuelas de ferrocarril un modelo con el cual podían operar sin invertir, recibiendo carrotanques que transportaban gasolinas y diésel de importación; hasta que la CRE y la ASEA encontraron la manera de bloquear esta práctica acusando a los particulares de estar realizando la actividad regulada de almacenamiento sin contratos con su permiso correspondiente.

Estas acciones buscan, dicen, frenar el mercado ilícito de combustibles, pero parecen mal enfocadas ya que los pseudo empresarios que se dedican al contrabandeo operan en la clandestinidad en un esquema muy similar al de los factureros al utilizar domicilios fiscales falsos, empresas de papel y/o a personas físicas que desconocen están teniendo movimientos multimillonarios.

La pregunta a la autoridad en materia energética es ¿Quiere acabar con el mercado ilegal o están emprendiendo acciones que protegen al oligarca Pemex?

Porque, la verdad, la venta clandestina está más sana que nunca.

Buzos

1.-En el sector energético aún hay escozor respecto a lo permisivo que fue el equipo de Alejandro Gertz Manero en la FGR, con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya: fue extraditado como testigo protegido, lo que le permitió mantener durante meses una vida normal, a pesar de estar acusado por participar en una red millonaria de sobornos con Odebrecht. Pero no es el único nicho donde hay rechazo hacia estas medidas privilegiadas, al interior de la 4T tampoco se ve con buenos ojos que tanto Alonso Ancira como Juan Collado hayan recibido buenos tratos para acogerse a criterios de oportunidad para que no se ejerza acción penal en su contra, ya que al primero le bastaría con reintegrar el costo de la planta de AgroNitrogenados, mientras al segundo le sería suficiente con aportar pruebas sobre políticos relacionados con supuestos actos de corrupción, incluso cuando en su contra pesan señalamientos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.


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En el sector del midstream (transporte, almacenamiento y distribución) de petrolíferos desde épocas de la reforma energética se ha dado un juego de qué viene primero el huevo o la gallina.

Para poder desarrollar infraestructura de terminales y ductos se requiere que los desarrolladores puedan garantizar el mercado como un take or pay o un compromiso contractual mínimo de parte del comprador y la certeza de que los proyectos podrán contar con los permisos de las autoridades competentes incluyendo órganos reguladores para que una vez que obtengan una respuesta positiva en ambos casos puedan obtener fondeo y las inversiones necesarias para los proyectos.

Sin embargo, los desarrolladores no han podido asegurar las inversiones necesarias ya que el mercado del retail no quiere comprometer sus volúmenes de compra por qué ha encontrado que los descuentos que Pemex está ofreciendo por debajo de los precios TAR y obviamente por debajo de sus costos operativos son más atractivos y ya ni hablar de los precios ofrecidos en el mercado informal que rondan los 15 pesos; a su vez, derivado de la postura de la CRE de no autorizar permisos a particulares ,nos ha llevado a que las inversiones estén totalmente paradas con un costo, según la Universidad de Texas A&M, de 17 mil millones de dólares.

En la práctica, los operadores como Windstar, Ienova y Bulkmatic encontraron en las espuelas de ferrocarril un modelo con el cual podían operar sin invertir, recibiendo carrotanques que transportaban gasolinas y diésel de importación; hasta que la CRE y la ASEA encontraron la manera de bloquear esta práctica acusando a los particulares de estar realizando la actividad regulada de almacenamiento sin contratos con su permiso correspondiente.

Estas acciones buscan, dicen, frenar el mercado ilícito de combustibles, pero parecen mal enfocadas ya que los pseudo empresarios que se dedican al contrabandeo operan en la clandestinidad en un esquema muy similar al de los factureros al utilizar domicilios fiscales falsos, empresas de papel y/o a personas físicas que desconocen están teniendo movimientos multimillonarios.

La pregunta a la autoridad en materia energética es ¿Quiere acabar con el mercado ilegal o están emprendiendo acciones que protegen al oligarca Pemex?

Porque, la verdad, la venta clandestina está más sana que nunca.

Buzos

1.-En el sector energético aún hay escozor respecto a lo permisivo que fue el equipo de Alejandro Gertz Manero en la FGR, con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya: fue extraditado como testigo protegido, lo que le permitió mantener durante meses una vida normal, a pesar de estar acusado por participar en una red millonaria de sobornos con Odebrecht. Pero no es el único nicho donde hay rechazo hacia estas medidas privilegiadas, al interior de la 4T tampoco se ve con buenos ojos que tanto Alonso Ancira como Juan Collado hayan recibido buenos tratos para acogerse a criterios de oportunidad para que no se ejerza acción penal en su contra, ya que al primero le bastaría con reintegrar el costo de la planta de AgroNitrogenados, mientras al segundo le sería suficiente con aportar pruebas sobre políticos relacionados con supuestos actos de corrupción, incluso cuando en su contra pesan señalamientos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.


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