El congreso del estado de Oaxaca realizó recientemente una adición al artículo 20 de la Ley de los Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, la cual dictamina prohibir la venta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad. Las sanciones a quienes infrinjan esta medida comprenden multas, arrestos de 36 horas así como clausuras temporales y definitivas de los establecimientos que comercialicen este tipo de alimentos y bebidas. Esta medida es pionera en el continente americano y es un gran esfuerzo en la lucha contra la mal alimentación en nuestro país, cuya población cuenta con números altos en los índices de enfermedades crónicas y muertes relacionadas a la ingesta de estos alimentos y bebidas.
Esta ley dictaminada por el congreso de Oaxaca se da en medio de una disputa entre las refresqueras, encabezadas por la firma FEMSA, dueña de la marca Coca Cola en México, en contra del gobierno federal, específicamente el sub secretario de Salud Hugo López Gatell, quien se posicionó en contra de los refrescos azucarados y les responsabilizó de envenenar y matar a la población. Estas declaraciones se dan a partir del contexto de la pandemia de COVID 19 y su morbilidad asociada a la diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades estrechamente ligadas al consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas. La embestida de la industria refresquera en contra del subsecretario López Gatell se dio a través de la compra de tiempo de difusión en medios de comunicación y pago hacia articulistas y cualquier persona con alguna plataforma de mediano o largo alcance, con el objetivo de descalificar la postura de López Gatell, considerada irracional, una animadversión contra una industria que genera empleos, la única defensa que tienen las empresas cuyas consecuencias ecólogicas, sanitarias y sociales siempre son desastrosas. De ese nivel es el problema de la mal alimentación en México causada por los grandes intereses de las industrias refresqueras y alimentos procesados, quienes no escatiman en oponerse públicamente al sector salud de México para contribuir al ambiente conflictivo en la política, con tal de nunca reconocer las 40 000 muertes que causan las bebidas azucaradas en nuestro país según datos de la Alianza por la Salud Alimentaria.
Si bien es destacable e importante el avance logrado en Oaxaca, se trata de solo un pequeño paso en un sendero accidentado con obstáculos, las industrias dedicadas a la elaboración de estos productos. El poder económico, social y cultural que guardan estas empresas está presente en la opinión pública, reflejándose en la opinión de personas que consideran el beber refresco como un derecho inalienable (¿?) Aunque la regulación en Oaxaca prohíba la venta a menores, la producción y comercialización de productos seguirá adelante, asunto que significa una desproporción entre las sanciones a los establecimientos y la permisividad que existe hacia las grandes industrias. Sin duda se trata de un largo camino por recorrer a nivel nacional, teniendo en cuenta las características particulares de cada región.
En el estado de Chihuahua se indica la existencia de un 30 % de población infantil y juvenil con diabetes, así también en el 2017 se localizó entre los primeros lugares de desnutrición, según el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), un porcentaje considerable que lo convierte en un problema de salud pública al no ser garantizada una alimentación de calidad, nutritiva y suficiente para la niñez y su pleno desarrollo; esta niñez crecerá y aumentarán los porcentajes de personas adultas enfermas, con importantes consecuencias sociales.
El congreso de Chihuahua debe dejar la frivolidad y contribuir a la legislación de medidas que aseguren una alimentación digna a la niñez chihuahuense, usando de buena forma los recursos económicos que garanticen los programas existentes, así también desarrollando estrategias alimentarias de apoyo a la población indígena y precarizada en este contexto de crisis por la pandemia. Seguir el ejemplo de Oaxaca es fundamental para brindar una vida saludable a la población joven; una medida a elaborar puede ser la limitación de estos productos dentro los medios de comunicación tradicionales como la televisión, periódicos, así también en el espacio público como espectaculares, anuncios. Se trata de una idea compleja, pero sin duda se deben adoptar diversas posturas que complementen el objetivo de minimizar el consumo de alimentos y bebidas ultra procesadas.
Anteriormente se han puesto en marcha diferentes programas alimentarios, como lo fue la cruzada nacional contra el hambre en la administración de Enrique Peña Nieto, misma que se trató más bien de un fraude que no contribuyó en lo más mínimo a la sociedad mexicana. Sin duda la lucha por una alimentación digna merece diversas medidas que establezcan dinámicas de producción y consumo distintos a los conocidos. Esto incluye, por ejemplo, apoyar el campo mexicano, a los productores agropecuarios, quienes alimentan a la nación. Sin campo no hay alimentos, y es urgente fortificar la soberanía alimentaria, como en algún momento estableció López Obrador en su campaña. A nivel local, el gobierno del Estado debe ser ético y eso implica no aceptar donativos ni privilegiar a las industrias de refrescos y alimentos chatarras, ya que moviéndose de esta manera solo reafirman su co-responsabilidad en el problema de la mala alimentación. De igual forma, como sociedad y personas individuales debemos modificar nuestros hábitos de consumo y alimentación en la medida de lo posible, si es que esto incluye una amplia ingesta de este tipo de alimentos. Es cuestión del cuidado de nuestra salud y las personas que nos rodean. De lo contrario, en unos años las estadísticas de muerte serán mayores por la nula prevención que tenemos.
Twiter: rodo_ramo1
Facebook: rodolfo ramos silva
