Octavio Paz buscaba de alguna manera reflejar a través del “Ogro Filantrópico” al Estado que vestido con piel de oveja perseguía en el fondo fines oscuros, fríos… malvados. De acuerdo con el autor, ese ogro invadido por el miedo de perder el poder se disfrazaba con falsa empatía endulzando el oído del pueblo y abriendo sus brazos como consuelo de quienes más necesitan ser tomados en cuenta. Sin embargo, lo que parecía la panacea resulta después ser el yugo.
Actualmente y quizá compartiendo la esencia de aquel ogro, las autoridades castigan a los ciudadanos que con dificultad cumplen con sus obligaciones -y a quienes esta administración no ha dado tregua- mientras los criminales son capaces de paralizar toda una ciudad.
Mientras las autoridades no salen a dar la cara como se ha esperado ante sucesos que escalan en horror, sí salen a hacer un anuncio que, por demás impertinente, resulta insultante: la multa a aquellas personas que conduzcan vehículos que porten placas que ahora se consideran “extemporáneas”.
No se hace referencia a la seguridad en vano ni se busca politizar el dolor de quienes habitan el estado. Nada más lejos. Sale el tema a colación ante la ironía y recordando precisamente la justificación que se quiso dar en un principio al “replaqueo” como una estrategia de control y seguridad con la que todos fungimos como una especie de obligados solidarios. Obligados a pagar.
En Chihuahua, mientras existen conductas mucho más preocupantes como conducir sin ninguna placa -lo cual atenta claramente contra la seguridad al dificultar la identificación de vehículos que pueden involucrarse con algún ilícito- que se sanciona con un máximo de $1,250, la multa que tendrán quienes no hayan podido realizar su canje de placas y los pagos respectivos –que por cierto ascienden a alrededor de $3,000- podría ser de hasta $4,811pesos.
Ante una mayoría inmutable con la que se busca la incidencia pero que no ha cedido en considerar desestimar medidas evidentemente recaudatorias, no queda más que seguir poniendo primero a la gente, aunque esto se trate de hacer pasar por disidencia.
Se pugnará entonces por aligerar las cargas económicas que el gobierno estatal impone proponiendo transitar a un esquema de placas permanentes que no cambien a arbitrio de la propia autoridad, limitando cuando menos el abuso a la economía de las familias y obligando a las autoridades a buscar medidas realmente eficaces para garantizar la seguridad, partiendo de la cooperación interinstitucional y del debido control de la información.
Ojalá en este punto parezca atinada la referencia a la figura citada en un inicio, sobre todo partiendo de lo que pareciera una apremiante necesidad por llenar las arcas a costa de las personas menos favorecidas, mientras cuestiones tan sensibles como la seguridad siguen quedando como un gran pendiente. Ojalá la disidencia sea la valentía requerida para luchar contra cualquier figura que vulnere los intereses reales de las personas.
