¿Cuántas personas trabajadoras e integrantes de una familia mexicana promedio podrían darse el lujo de dejar de trabajar un día sin correr el riesgo de no ganar el dinero para comer ese día? Seguramente una minoría. Imagínense ahora pensar en pasar dos años y medio sin trabajar. Francamente, algo inconcebible. Pero es justamente lo que los grupos parlamentarios de oposición han decidido hacer, aunque con una notable diferencia, ellos sí seguirán cobrando en esos dos años y medio.
El pasado 9 de junio, los partidos del bloque opositor, Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), presentaron y firmaron una “moratoria constitucional” a fin de impedir que el Presidente López Obrador o el partido de la Cuarta Transformación implementemos más reformas constitucionales, algo que en realidad han hecho desde el inicio de la legislatura, ya que ese también fue el caso de la Reforma Eléctrica, pero ahora, de manera oficial.
Cabe mencionar que el concepto de “moratoria constitucional” no existe, tal vez porque nunca antes se le había ocurrido a alguien semejante aberración, pero, de acuerdo con lo informado por los propios dirigentes de los partidos de oposición, consiste en que durante el tiempo que resta de la LXV Legislatura, sus grupos parlamentarios no aprobarán, y mucho menos discutirán, cualquier iniciativa, reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A pesar de su absurda narrativa de triunfo, aún cuando perdieron 4 de las 6 entidades que gobernaban, en su inmadurez política, cual niño que no tiene el juguete que quería, hacen berrinche por el resultado electoral anunciando que no van a hacer aquello para lo que se les paga: legislar. Se desentienden de su único deber y traicionan la voluntad hasta de quienes votaron por ellos.
Con esta rabieta los más perjudicados, lamentablemente, son las y los mexicanos; desquitan su coraje con el pueblo de México y se desentienden de aquellas reformas necesarias y urgentes para la paz y seguridad en el país; para sobreponernos de la crisis económica, sanitaria, de violencia, entre otros tantos temas que requieren atención inmediata. Y todavía se atreven a decir que su flojera legislativa es “para proteger la democracia” o que es un “acto patriótico”. Por el contrario, la moratoria sí atenta contra la democracia al no permitir las reformas al sistema electoral mexicano; el más caro, el más corrupto y obsoleto del mundo.
A pesar de que al interior del Senado algunos líderes de oposición como Miguel Ángel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación, y Miguel Ángel Mancera, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se posicionaron en contra de la “moratoria constitucional”, las iniciativas que lleguen primero a la Cámara de Diputados se encontrarán con ese freno a priori, sin considerar los contenidos de las propuestas. Así que esa división de opiniones solo abona a la fragmentación interna y no al interés social.
Es una actitud muy cobarde no discutir las iniciativas de ley ni reformas de carácter constitucional por noble que sean. Parece que la oposición busca empecinadamente su extinción; no han entendido que el México que queremos no es aquel en el que todas y todos pensemos igual, sino uno donde se construyan críticas legítimas con respeto a la diferencia de visión de país. Deberían abrirse al diálogo, a debatir las iniciativas y no negarlas de manera intransigente.
De lo contrario, coincido enteramente con la propuesta del presidente López Obrador, si no quieren trabajar, que no trabajen, pero que tampoco cobren. Ante la moratoria constitucional, moratoria de pago a holgazanes. Es lo único para lo que se les paga y es injusto que continúen cobrando.
