El Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabeza Zoé Robledo, informó hace unas semanas que reinició atenciones en cirugía general, oncología, ginecología, oftalmología, entre otros, al tiempo que señalaba que con esto comenzó la recuperación de sus servicios médicos que fueron pospuestos a causa de la pandemia del Covid-19.
Sin duda tiene gran importancia que los usuarios de servicios de salud del IMSS, que sufren enfermedades distintas a las generadas por infecciones causadas por el SARS-CoV-2, sean de nueva cuenta atendidas por este instituto de seguridad social.
Quizá lo mismo ocurra con el resto de las instituciones de seguridad social, ISSSTE, Sedena, Semar, Pemex, los Hospitales Generales e Institutos Nacionales de Salud dependientes de la Secretaría de Salud, así como los 32 servicios estatales que tienen a su cargo la atención a las personas que no cuentan con seguridad social. Pero más relevante es aún que, a partir de la reapertura de los servicios de atención médica señalada por el IMSS en sus comunicados, en solo tres días --del 16 al 18 de abril, como se indicó-- se detectaron más de 17 mil casos de Diabetes Mellitus, 21 mil casos de Hipertensión Arterial y dos mil casos de cáncer cérvico-uterino.
Posteriormente, del 17 al 28 de mayo pasados el IMSS informó la ejecución de la primera Jornada Nacional de Salud Pública en la cual se realizaron actividades de promoción de la salud, prevención y detección oportuna de enfermedades para preservar y mejorar la salud de los derechohabientes, en las Unidades de Medicina Familiar.
Sin embargo, no se señala a cuántas personas se detectaron con problemas de salud relacionados con diabetes, hipertensión arterial, cánceres, entre otros. Esto obliga a preguntarnos: ¿cuántos casos adicionales se han identificado o están por diagnosticarse en las jornadas que señala el IMSS? ¿Cuántas personas que no fueron atendidas fallecieron por falta de atención? ¿Cuántas requieren atención hospitalaria y cuántas tratamientos con medicinas? ¿Cuál será el orden de magnitud de la demanda de medicamentos que se generará cuando el sistema de salud público de nuestro país regrese a una nueva normalidad?
Luego que el 26 de febrero el Insabi, en su oficio circular difundido entre las instituciones de seguridad social y de salud federales, pidió que estas se hicieran cargo de compras medicamentos y material de curación: ¿se puede confiar en que el sistema de salud público en nuestro país va a poder soportar la ola de demanda de servicios de salud y de estos productos?
Parece que el Instituto de Salud para el Bienestar, que encabeza Juan Antonio Ferrer Aguilar, egresado de la Universidad Olmeca, tendrá ahora sí que cooperar con la gente de Zoé Robledo y de otros institutos, porque el encargo del Presidente claramente no han logrado cumplirlo los antropólogos y guardaespaldas beneficiados por el hombre con el poder. El amiguismo claramente es mala fórmula al cuidar la salud de los mexicanos, al menos es el caso cuatroteísta. Y los de Zoé Robledo no podrán seguir cuidándole las espaldas a estos personajes del llamado Grupo Tabasco que hasta ahora han ahorcado la llegada de medicamentos a los centros de salud.
