En la red de prestanombres y empresarios que contribuyeron con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer negocios a pesar de las restricciones que le impuso el gobierno de Estados Unidos, se identifica una célula que operó en el territorio y el mercado mexicano, y que estuvo a punto de involucrar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en transacciones de intercambio de alimentos por petróleo embargado.
El hombre clave de estas operaciones es el guanajuatense Joaquín Leal Jiménez, identificado por el Departamento del Tesoro norteamericano como el empresario detrás de las razones sociales Libre Abordo SA de CV y Schlager Business Group S de RL de CV, dos pequeñas firmas mexicanas que llegaron a mover en el primer semestre de 2020 hasta el 40% de los embarques de petróleo que salieron de Venezuela.
Con tan sólo 28 años y una ya larga trayectoria en el mercado de generación y distribución de electricidad en México, Leal Jiménez se acercó al colombiano Alex Saab —acusado y procesado actualmente en los Estados Unidos como presunto prestanombres de Maduro— para diseñar en 2019 un esquema de intercambios que permitiera monetizar en los mercados internacionales el petróleo embargado de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA);
Para materializar estos negocios, que a la postre les dejaron ganancias calculadas en 300 millones de dólares, Saab y Joaquín Leal aprovecharon los resquicios que les dejaba la Licencia General 4C de los Estados Unidos, que permitía incluso a ciudadanos norteamericanos participar en transacciones con sujetos y entidades sancionadas, siempre y cuando esta participación se enfocara a la entrega de productos relacionados con la ayuda humanitaria.
Fue así que, el 13 de junio de 2019, Libre Abordo firmó un contrato con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), para proveer mil camiones cisterna al Gobierno de Venezuela, supuestamente proyectados para implementar un programa de distribución de agua en regiones marginadas de ese país. Luego, el 17 de junio de 2019, se firmó un segundo contrato para suministrar a Venezuela 210 mil toneladas de maíz blanco.
La contraprestación para la empresa Libre Abordo sería, en el papel, un cargamento de 2 millones de barriles de petróleo; los cuales, bajo el argumento de que los precios del hidrocarburo se habían desplomado en el mercado internacional, fácilmente se duplicaron en la operación, colocando a las firmas de Joaquín Leal entre las más grandes comercializadoras petroleras en el mercado chino, incluso sin certificados de origen de su producto.
Finalmente, el negocio no logró burlar el escrutinio de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas inglés) y, por más que se intentó blindar el trato incorporando a una serie proveedores del lejano oriente, las autoridades norteamericanas dieron puntual seguimiento a la operación y, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera en México, bloquearon y sancionaron a la red de sujetos involucrados.
El proveedor que eligió Libre Abordo para enviar dos lotes de camiones cisterna a Venezuela fue la marca china Foton Motor; mientras que la entrega del maíz, que nunca llegó a concretarse, se planeó a través de la gubernamental mexicana Segalmex.
