/ miércoles 20 de mayo de 2020

El Juglar de la Red

Otro golpe a la confianza en México

En la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno sería promotor de las energías limpias y renovables, generadas a través del agua, el viento y el sol; ya como presidente de la República acaba de emitir un decreto donde establece el regreso a los combustibles fósiles (derivados del petróleo) para la generación de energía eléctrica.

La determinación unilateral no solamente violenta y trasgrede diversos aspectos de la legislación en México e internacional, también tiene un profundo impacto económico pues las cifras que han invertido empresas españolas y canadienses en la generación de energías limpias en 18 estados del país y cuya inversión asciende a los 30 mil millones de dólares, pero además se estima que en los litigios y demandas México podría perder otros 9 mil millones de dólares.

Pero además de la afectación económica, el decreto tiene un profundo impacto en la ecología de México desde el momento que se vuelve a utilizar combustóleo como fuente para generar energía eléctrica y este derivado del petróleo es altamente contaminante del ambiente.

La instrucción del Presidente López Obrador no tiene otro sustento más que su empecinamiento en lograr que la empresa paraestatal Pemex pueda obtener ingresos y con ello disfrazar un poco el déficit creciente en sus finanzas.

El combustóleo es un residuo de la refinación del petróleo, la política energética de López Obrador se basa en reactivar 12 refinerías y construir una planta gigantesca en “Dos Bocas”, Tabasco; como resultado de la operación de esas plantas hay una sobreproducción de combustóleo, pero no se puede vender porque ya está prohibido como combustible para los motores de los barcos y también se desechó en la generación de energía eléctrica por ser altamente contaminante, aunado a lo anterior, existe otro problema: México no tiene capacidad para almacenar esa sobreproducción.

Con la suspensión de la generación de energías limpias, el presidente López Obrador busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierta en un cliente de Pemex que le vendería combustóleo; no solamente se trata de una apuesta que daña el medio ambiente, también encarece la producción de electricidad pues resulta más barato y limpio las energías producidas por el sol, el viento o el agua, que las derivadas de la quema de combustibles fósiles.

El llamado “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, fue avalado por la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle, pero no tuvo el respaldo de César Hernández Ochoa, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria de Energías Renovables (CONAMER), organismo encargado de velar por la legalidad y racionalidad del sector, quien renunció a su cargo.

El Consejo Coordinadora Empresarial (CCE), señaló que la decisión presidencial es “una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano” desde el momento que faculta a la SENER para incidir “ilegalmente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”.

El CCE también plantea que el Acuerdo del 15 de mayo “no solo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”.

Como resultado del llamado “Acuerdo de Confiabilidad”, diversas cámaras empresariales citan violación a procesos legales y normativos y lo califican como “un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México”. Las consecuencias de esta arbitrariedad van desde la pérdida de un estimado de 20 mil empleos, la pérdida de confianza por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, así como la afectación de proyectos eléctricos de todas tecnologías en 18 estados del país.

Esta decisión presidencial tendrá efectos inmediatos en diversos sectores: el ecológico, legal, la pérdida de confianza de la inversión extranjera en México, un impacto en los costos de generación de electricidad que se van a encarecer y esa alza se pasará al sector productivo y muchos litigios que el gobierno de México deberá enfrentar y seguramente costarán dinero de los contribuyentes.

Por determinación de la SENER y en acuerdo con el presidente López Obrador nos han regresado a la época de las cavernas en materia energética. Esto equivale a decretar la desaparición de los vehículos automotores para regresar a los caballos y las carretas, así de obsoleta es la visión.

Otro golpe a la confianza en México

En la campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno sería promotor de las energías limpias y renovables, generadas a través del agua, el viento y el sol; ya como presidente de la República acaba de emitir un decreto donde establece el regreso a los combustibles fósiles (derivados del petróleo) para la generación de energía eléctrica.

La determinación unilateral no solamente violenta y trasgrede diversos aspectos de la legislación en México e internacional, también tiene un profundo impacto económico pues las cifras que han invertido empresas españolas y canadienses en la generación de energías limpias en 18 estados del país y cuya inversión asciende a los 30 mil millones de dólares, pero además se estima que en los litigios y demandas México podría perder otros 9 mil millones de dólares.

Pero además de la afectación económica, el decreto tiene un profundo impacto en la ecología de México desde el momento que se vuelve a utilizar combustóleo como fuente para generar energía eléctrica y este derivado del petróleo es altamente contaminante del ambiente.

La instrucción del Presidente López Obrador no tiene otro sustento más que su empecinamiento en lograr que la empresa paraestatal Pemex pueda obtener ingresos y con ello disfrazar un poco el déficit creciente en sus finanzas.

El combustóleo es un residuo de la refinación del petróleo, la política energética de López Obrador se basa en reactivar 12 refinerías y construir una planta gigantesca en “Dos Bocas”, Tabasco; como resultado de la operación de esas plantas hay una sobreproducción de combustóleo, pero no se puede vender porque ya está prohibido como combustible para los motores de los barcos y también se desechó en la generación de energía eléctrica por ser altamente contaminante, aunado a lo anterior, existe otro problema: México no tiene capacidad para almacenar esa sobreproducción.

Con la suspensión de la generación de energías limpias, el presidente López Obrador busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierta en un cliente de Pemex que le vendería combustóleo; no solamente se trata de una apuesta que daña el medio ambiente, también encarece la producción de electricidad pues resulta más barato y limpio las energías producidas por el sol, el viento o el agua, que las derivadas de la quema de combustibles fósiles.

El llamado “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, fue avalado por la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Rocío Nahle, pero no tuvo el respaldo de César Hernández Ochoa, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria de Energías Renovables (CONAMER), organismo encargado de velar por la legalidad y racionalidad del sector, quien renunció a su cargo.

El Consejo Coordinadora Empresarial (CCE), señaló que la decisión presidencial es “una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano” desde el momento que faculta a la SENER para incidir “ilegalmente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”.

El CCE también plantea que el Acuerdo del 15 de mayo “no solo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”.

Como resultado del llamado “Acuerdo de Confiabilidad”, diversas cámaras empresariales citan violación a procesos legales y normativos y lo califican como “un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México”. Las consecuencias de esta arbitrariedad van desde la pérdida de un estimado de 20 mil empleos, la pérdida de confianza por parte de inversionistas nacionales y extranjeros, así como la afectación de proyectos eléctricos de todas tecnologías en 18 estados del país.

Esta decisión presidencial tendrá efectos inmediatos en diversos sectores: el ecológico, legal, la pérdida de confianza de la inversión extranjera en México, un impacto en los costos de generación de electricidad que se van a encarecer y esa alza se pasará al sector productivo y muchos litigios que el gobierno de México deberá enfrentar y seguramente costarán dinero de los contribuyentes.

Por determinación de la SENER y en acuerdo con el presidente López Obrador nos han regresado a la época de las cavernas en materia energética. Esto equivale a decretar la desaparición de los vehículos automotores para regresar a los caballos y las carretas, así de obsoleta es la visión.

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