/ miércoles 2 de diciembre de 2020

El Juglar de la Red

El nativismo de AMLO, un permiso para delinquir

El gobierno de la Cuarta Trasformación tiene como elemento característico el llamado “nativismo”, el cual no es otra cosa más que un amor exacerbado por las culturas nativas de un país y cuando se aplica con una dosis de políticas públicas y bajo el parámetro de la legalidad institucional puede resolver injusticias históricas.

El problema se presenta cuando ese nativismo da carta abierta a los pueblos originarios para hacer y deshacer a su antojo; cuando se les deja actuar fuera la legalidad y les permite abusar de otros ciudadanos y por tanto son molestados, coartados o condicionados en el ejercicio de los derechos que la ley les otorga y que el gobierno les debe garantizar.

Cierto que existe una deuda histórica con las etnias en México; no solamente se les mantuvo en un profundo rezago, también se abusó y se les despojó de sus tierras y espacios; pero su reivindicación no debe ser el pretexto para cometer ilegalidades y menos deben ser tolerados por el gobierno.

En Sonora, desde hace tiempo la etnia Yaqui, asumió como una actividad de protesta el bloqueo de la carretera federal 15, una vía de comunicación de mucho tránsito y ruta de salida a las exportaciones de productos agrícolas del sur de Sonora y de Sinaloa hacia Estados Unidos.

El bloqueo se presenta en distintos puntos, en ocasiones es a la altura del poblado de Vícam, en el municipio de Guaymas, pero desde hace unos meses el bloqueo se instaló muy cerca de Ciudad Obregón, justo en un lugar conocido como Loma de Guamúchil.

Por ser un tramo de orden federal, el problema compete directamente al gobierno de López Obrador y el presidente así lo reconoció hace poco más de 4 meses.

Cuando la etnia yaqui se enteró que el presidente López Obrador estaría en Sonora, una gira programada para el 6 de agosto del 2020, la etnia yaqui bloqueo la carretera y las vías ferroviarias.

Previo a la visita, López Obrador “encargó” el problema y que se diera el diálogo “con soluciones” para la etnia, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al entonces secretario de Seguridad Pública y Pacificación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Ambos fallaron en el cometido.

El bloqueo se levantó unos momentos, para que el presidente pudiera llegar a la reunión programada con la etnia, pero al estar en la ramada tradicional con los gobernadores de la etnia, el bloqueo se volvió a instalar lo cual determinó que el presidente tuviera que buscar rutas alternas para salir del lugar.

Desde entonces el retén ha estado en esa zona y paulatinamente la protesta se convirtió en un cobro de peaje para todos los vehículos que por ahí circulan; el problema ha ido escalando de intensidad y organizaciones de trasportistas se quejan de la actitud violenta con la cual se les obliga a pagar.

Quienes están en el retén se encuentran armados y no dudan en sacar sus pistolas para intimidar a aquellos viajeros o trasportistas que se niegan a realizar el pago.

Desde las organizaciones de trasportistas aseguran que las ganancias obtenidas por el bloqueo y el cobro de peaje obligatorio asciende a una cifra que ronda entre los 15 y 20 millones de pesos, dinero del que se desconoce su uso, los beneficiarios y si va a parar a la etnia o a los bolsillos de algunos de los jefecillos rebeldes que han encontrado un gran negocio al margen de la ley pero tolerado por las autoridades federales.

La tensión en la zona aumenta diariamente, las molestias de los trasportistas, por las pérdidas que genera la espera así como por la ilegalidad de los cobros los llevó a programar un bloqueo a esa carretera.

La actitud del gobierno federal es de tolerancia total, desde su perspectiva el bloqueo pareciera no existir y tampoco ser un acto de molestia y una violación al derecho de transitar libremente.

La tolerancia del gobierno federal a un grupúsculo de la etnia Yaqui –una inmensa mayoría son ajenos a esa situación, aunque de ver dan ganas—genera la afectación a las actividades productivas, a los usuarios de la carretera y representa un foco rojo donde la violencia es latente y la inconformidad puede derivar en desaguisado que termine en saldo rojo.

La paradoja es que el gobierno federal ha dicho que retomará el control de las casetas de peaje, tomadas por grupos de la sociedad civil que luchan por el libre tránsito y que en su momento fueron promotores del actual gobierno, pero de quitar el bloqueo de los yaquis no ha dicho nada.

Con esa tolerancia a la ilegalidad, lo único que se fomenta es que otros grupos de la etnia decidan instalar su propio retén carretero y cobrar su derecho de peaje; esa es la reivindicación y la solución de la 4T al rezago de las etnias en México

El nativismo de AMLO, un permiso para delinquir

El gobierno de la Cuarta Trasformación tiene como elemento característico el llamado “nativismo”, el cual no es otra cosa más que un amor exacerbado por las culturas nativas de un país y cuando se aplica con una dosis de políticas públicas y bajo el parámetro de la legalidad institucional puede resolver injusticias históricas.

El problema se presenta cuando ese nativismo da carta abierta a los pueblos originarios para hacer y deshacer a su antojo; cuando se les deja actuar fuera la legalidad y les permite abusar de otros ciudadanos y por tanto son molestados, coartados o condicionados en el ejercicio de los derechos que la ley les otorga y que el gobierno les debe garantizar.

Cierto que existe una deuda histórica con las etnias en México; no solamente se les mantuvo en un profundo rezago, también se abusó y se les despojó de sus tierras y espacios; pero su reivindicación no debe ser el pretexto para cometer ilegalidades y menos deben ser tolerados por el gobierno.

En Sonora, desde hace tiempo la etnia Yaqui, asumió como una actividad de protesta el bloqueo de la carretera federal 15, una vía de comunicación de mucho tránsito y ruta de salida a las exportaciones de productos agrícolas del sur de Sonora y de Sinaloa hacia Estados Unidos.

El bloqueo se presenta en distintos puntos, en ocasiones es a la altura del poblado de Vícam, en el municipio de Guaymas, pero desde hace unos meses el bloqueo se instaló muy cerca de Ciudad Obregón, justo en un lugar conocido como Loma de Guamúchil.

Por ser un tramo de orden federal, el problema compete directamente al gobierno de López Obrador y el presidente así lo reconoció hace poco más de 4 meses.

Cuando la etnia yaqui se enteró que el presidente López Obrador estaría en Sonora, una gira programada para el 6 de agosto del 2020, la etnia yaqui bloqueo la carretera y las vías ferroviarias.

Previo a la visita, López Obrador “encargó” el problema y que se diera el diálogo “con soluciones” para la etnia, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al entonces secretario de Seguridad Pública y Pacificación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Ambos fallaron en el cometido.

El bloqueo se levantó unos momentos, para que el presidente pudiera llegar a la reunión programada con la etnia, pero al estar en la ramada tradicional con los gobernadores de la etnia, el bloqueo se volvió a instalar lo cual determinó que el presidente tuviera que buscar rutas alternas para salir del lugar.

Desde entonces el retén ha estado en esa zona y paulatinamente la protesta se convirtió en un cobro de peaje para todos los vehículos que por ahí circulan; el problema ha ido escalando de intensidad y organizaciones de trasportistas se quejan de la actitud violenta con la cual se les obliga a pagar.

Quienes están en el retén se encuentran armados y no dudan en sacar sus pistolas para intimidar a aquellos viajeros o trasportistas que se niegan a realizar el pago.

Desde las organizaciones de trasportistas aseguran que las ganancias obtenidas por el bloqueo y el cobro de peaje obligatorio asciende a una cifra que ronda entre los 15 y 20 millones de pesos, dinero del que se desconoce su uso, los beneficiarios y si va a parar a la etnia o a los bolsillos de algunos de los jefecillos rebeldes que han encontrado un gran negocio al margen de la ley pero tolerado por las autoridades federales.

La tensión en la zona aumenta diariamente, las molestias de los trasportistas, por las pérdidas que genera la espera así como por la ilegalidad de los cobros los llevó a programar un bloqueo a esa carretera.

La actitud del gobierno federal es de tolerancia total, desde su perspectiva el bloqueo pareciera no existir y tampoco ser un acto de molestia y una violación al derecho de transitar libremente.

La tolerancia del gobierno federal a un grupúsculo de la etnia Yaqui –una inmensa mayoría son ajenos a esa situación, aunque de ver dan ganas—genera la afectación a las actividades productivas, a los usuarios de la carretera y representa un foco rojo donde la violencia es latente y la inconformidad puede derivar en desaguisado que termine en saldo rojo.

La paradoja es que el gobierno federal ha dicho que retomará el control de las casetas de peaje, tomadas por grupos de la sociedad civil que luchan por el libre tránsito y que en su momento fueron promotores del actual gobierno, pero de quitar el bloqueo de los yaquis no ha dicho nada.

Con esa tolerancia a la ilegalidad, lo único que se fomenta es que otros grupos de la etnia decidan instalar su propio retén carretero y cobrar su derecho de peaje; esa es la reivindicación y la solución de la 4T al rezago de las etnias en México

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