Nuestro estado entraña la forma en la que los mexicanos como pueblo o comunidad política -siguiendo el concepto de Max Weber- nos organizamos para vivir armónicamente. Este estado se legitima mediante la autorización del monopolio del uso de la violencia física sobre un territorio, cuyos supuestos de utilización están previamente descritos en un cuerpo normativo conocido como la ley.
En términos estrictamente económicos, el principal sustento o vía a través de la que se mantiene el estado y su manifestación principal ante los ciudadanos que es el gobierno, en sus distintos órdenes de competencia (federal, estatal y municipal), lo consituyen las contribuciones. Las contribuciones, tal y como los supuestos de utilización de la violencia física por parte del estado, para ser legales, deben también estar previamente contenidas en forma de ley (a este principio constitucional se le conoce como la garantía de reserva de ley). El poder de crear contribuciones es sólo del estado a través de un proceso formal y se le conoce como “potestad tributaria”.
Las contribuciones no son otra cosa más que las aportaciones monetarias obligadas que los ciudadanos, conforme a la ley, deben realizar para el sostenimiento o financiamiento de los gastos públicos. El estado se organiza para prestar servicios mínimos tales como la seguridad, la educación, la vivienda, la alimentación o la salud o algunos otros más complejos como el transporte, la provisión de energía, el cobro de impuestos o la regulación del comercio, que nos permiten vivir ordenadamente y aspirar a mayores niveles de bienestar.
Es muy importante saber que nuestra Constitución Política obliga a todos los mexicanos a contribuir para financiar los gastos públicos, pero siempre en función de su respectiva capacidad contributiva. Esto es, los impuestos se deben pagar progresivamente gravando más a quién genere mayor riqueza y simultáneamente preservando las fuentes de dónde emana la riqueza. No confiscándolas.
Desafortunadamente para nuestro pueblo, nuestro sistema fiscal ha fallado; adolece de múltiples defectos que no cumplen con los principios constitucionales citados y requiere una revisión y reformulación exhaustiva. Lejos de distribuir las cargas en una forma equilibrada y justa, ha beneficiado indebidamente a sectores muy específicos, alejándose de estimular la economía y de ser un instrumento de política económica que aliente la inversión, el ahorro y la generación de empleo.
Es una tarea pendiente que se tiene que librar. También el revisar los procesos de recaudación y distribución de recursos entre la federación y las entidades federativas para alcanzar un nuevo federalismo fiscal incluyente y con miras al desarrollo integral del país. México es uno y su desarrollo debe ser armónico. Es un mismo tren en el que todos los mexicanos debemos viajar, sin exclusiones ni privilegios.
Finalmente debemos promover el crecimiento entre los ciudadanos de la “conciencia contributiva”. El sentimiento colectivo de la necesidad de contribuir por conveniencia de todos y simultáneamente que cada ciudadano individualmente o en grupos organizados, vigile el ejercicio y fin del gasto del gobierno (lo que se conoce como la garantía constitucional de destino). Tener en cada ciudadano un vigilante activo e incrementar la conciencia de que todo servidor público y el aparato de gobierno, trabajan precisamente con el dinero pagado por ellos. Exigir una total transparencia y la periódica rendición de cuentas en la utilización de los recursos públicos, que son el dinero de todos.
