/ jueves 5 de marzo de 2020

Fuera de Agenda | El general cochupero

Cobrar en dos dependencias al mismo tiempo era una práctica que traía desde sus tiempos en el Estado Mayor Presidencial (EMP), donde tuvo entre otros cargos el de coordinador general de transportes aéreos de la Presidencia de la República. Hace unas semanas cuando el general José Antonio Ramos Arévalo, ex director general de Servicios Aéreos de la PGR, fue vinculado a juicio penal acusado de falsificar documentación oficial por la compra a “precio inflado” por 7.6 millones de dólares de un helicóptero Eurocopter EC-45 que utilizó durante su gestión Jesús Murillo Karam, varios oficiales de la Fuerza Aérea recordaron aquel audio de otoño del 2017 donde fue grabado ofreciendo facilitar el ingreso a pilotos sin licencia a cambio de quedarse con los primeros seis meses de su sueldo.

Ramos Arévalo es un general retirado de la Fuerza Aérea que también está pensionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde prestó sus servicios. Es sobrino del finado ex secretario de la Defensa Nacional Juan Arévalo Gardoqui (1982-1988) y primo de otro piloto militar, Jorge Gustavo Arévalo Kessler, detenido en 2008 y extraditado dos años después a Texas, donde fue sentenciado por una Corte acusado de transportar droga para el cartel de Sinaloa.

Como parte de las auditorias que la hoy Fiscalía General de la República realiza a la administración pasada, donde Murillo Karam y Alberto Elías Beltrán estuvieron al frente, las irregularidades que han documentado en la dirección de Servicios Aéreos entre 2013 y 2018 cuando la encabezó Ramos Arévalo, ilustran el dispendio que hoy día afecta la investigación y combate a la delincuencia en el país.

La acusación contra Ramos Arévalo, se basa en que para exceptuar el proceso de licitación y justificar la compra de la aeronave vía adjudicación directa, lo hizo con papelería apócrifa. La compra del helicóptero no atendió las necesidades reales de la entonces PGR, ya que la institución contaba con suficientes aeronaves para este fin.

El aparato está catalogado como de lujo. Testimonio de varios pilotos señalan que durante su gestión, Murillo no permitía que ningún otro funcionario lo utilizara. Llegó a subir hasta su perro cuando viajó con su familia a Acapulco. Era un funcionario público exquisito y de gustos caros.

Quienes volaban el helicóptero eran cuatro pilotos militares acusados por la prensa veracruzana de “dobletear” en el gobierno de Miguel Ángel Yunes. Se trata del capitán David Sánchez Parra, el mayor Jorge Echaniz Gil, el capitán Enrique Aldaraca Gamboa y el capitán Víctor Ojeda Palacios. Eran los que “movían todo” abajo del general Ramos Arévalo. De ellos solo Aldaraca sigue en la FGR como piloto del fiscal Alejandro Gertz Manero, pese a que se le acusó de malos manejos financieros cuando estuvo en la desaparecida dirección de intercepción aérea.

Este helicóptero, un avión Bombardier Challenger adquirido con sobreprecio de 4 millones de dólares, por el cual está sujeta a proceso la ex oficial mayor de la dependencia Judith Aracely Gómez Molano, y una flotilla de drones de origen israelí forman parte de las primeras evidencias de corruptelas al más alto nivel en la desaparecida PGR.

@velediaz424

Cobrar en dos dependencias al mismo tiempo era una práctica que traía desde sus tiempos en el Estado Mayor Presidencial (EMP), donde tuvo entre otros cargos el de coordinador general de transportes aéreos de la Presidencia de la República. Hace unas semanas cuando el general José Antonio Ramos Arévalo, ex director general de Servicios Aéreos de la PGR, fue vinculado a juicio penal acusado de falsificar documentación oficial por la compra a “precio inflado” por 7.6 millones de dólares de un helicóptero Eurocopter EC-45 que utilizó durante su gestión Jesús Murillo Karam, varios oficiales de la Fuerza Aérea recordaron aquel audio de otoño del 2017 donde fue grabado ofreciendo facilitar el ingreso a pilotos sin licencia a cambio de quedarse con los primeros seis meses de su sueldo.

Ramos Arévalo es un general retirado de la Fuerza Aérea que también está pensionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde prestó sus servicios. Es sobrino del finado ex secretario de la Defensa Nacional Juan Arévalo Gardoqui (1982-1988) y primo de otro piloto militar, Jorge Gustavo Arévalo Kessler, detenido en 2008 y extraditado dos años después a Texas, donde fue sentenciado por una Corte acusado de transportar droga para el cartel de Sinaloa.

Como parte de las auditorias que la hoy Fiscalía General de la República realiza a la administración pasada, donde Murillo Karam y Alberto Elías Beltrán estuvieron al frente, las irregularidades que han documentado en la dirección de Servicios Aéreos entre 2013 y 2018 cuando la encabezó Ramos Arévalo, ilustran el dispendio que hoy día afecta la investigación y combate a la delincuencia en el país.

La acusación contra Ramos Arévalo, se basa en que para exceptuar el proceso de licitación y justificar la compra de la aeronave vía adjudicación directa, lo hizo con papelería apócrifa. La compra del helicóptero no atendió las necesidades reales de la entonces PGR, ya que la institución contaba con suficientes aeronaves para este fin.

El aparato está catalogado como de lujo. Testimonio de varios pilotos señalan que durante su gestión, Murillo no permitía que ningún otro funcionario lo utilizara. Llegó a subir hasta su perro cuando viajó con su familia a Acapulco. Era un funcionario público exquisito y de gustos caros.

Quienes volaban el helicóptero eran cuatro pilotos militares acusados por la prensa veracruzana de “dobletear” en el gobierno de Miguel Ángel Yunes. Se trata del capitán David Sánchez Parra, el mayor Jorge Echaniz Gil, el capitán Enrique Aldaraca Gamboa y el capitán Víctor Ojeda Palacios. Eran los que “movían todo” abajo del general Ramos Arévalo. De ellos solo Aldaraca sigue en la FGR como piloto del fiscal Alejandro Gertz Manero, pese a que se le acusó de malos manejos financieros cuando estuvo en la desaparecida dirección de intercepción aérea.

Este helicóptero, un avión Bombardier Challenger adquirido con sobreprecio de 4 millones de dólares, por el cual está sujeta a proceso la ex oficial mayor de la dependencia Judith Aracely Gómez Molano, y una flotilla de drones de origen israelí forman parte de las primeras evidencias de corruptelas al más alto nivel en la desaparecida PGR.

@velediaz424