/ jueves 25 de febrero de 2021

Informe de gobierno

Los informes de gobierno constituyen una herramienta válida para la garantía de mayor transparencia y rendición de cuentas de la hacienda pública, y así asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar más dinero al desarrollo social, económico y a las diversas necesidades que enfrenta la sociedad. La máxima anterior multiplica su importancia cuando los gobernantes informan en medio de un proceso electoral ya que, además de cumplir con la obligación de informar, la estrategia discursiva podría enfocarse a la persuasión del electorado.

Luego entonces, la rendición de cuentas en forma de informes de gobierno también sirve, en el mejor de los casos, para educar a la población y construir ciudadanos más informados, críticos, pensantes al momento de elegir a sus representantes populares. Pero también, los informes de gobierno forman parte de la estrategia de propaganda, y desde esa perspectiva manejar la información con base a intereses partidistas o de grupo se sobrepone al deber de informar con transparencia. La cuestión de no transparentar el ejercicio del dinero de todos sirve para diversos objetivos, entre otros, para manipular información pública o para que la discrecionalidad justifique riquezas personales. Aclarar la última afirmación ha conformado un fuerte pendiente de la justicia mexicana y ha sido válida para incentivar el usufructo utilitario de la corrupción, es decir, gestionar la procuración de justicia en ese tema a modo que genere rentas electorales o como válvula de escape ante problemas de igual o mayor impacto social.

En nuestro país, la fiscalización de la hacienda pública, la transparencia y la rendición de cuentas ocupan un lugar preponderante en las agendas electorales y de gobierno, desafortunadamente tal importancia muchas veces no ha correspondido a una verdadera acción pública por imponer la eficiencia ante la simulación. Los garantes que simulan o manipulan procesos, procedimientos o información, deben comprender que esas responsabilidades son exigencias desde la ciudadanía en sociedad democrática, y no un ejercicio para convencer a los gobernados de sus acciones.

Ahora bien, el pasado 8 de febrero el gobernador constitucional del Estado de Chihuahua Javier Corral Jurado cumplió con su responsabilidad de informar a la sociedad juarense sobre los resultados de la administración estatal en su cuarto año de gestión, independiente a la atmósfera nostálgica por entrar a los últimos meses de su mandato, la información mostrada a las y los juarenses es muy interesante. El informe fue singular debido a que la mayor parte del período bajo escrutinio se vivió bajo contingencia sanitaria, lo que hizo complejo el manejo de los asuntos públicos no solamente para la administración de Corral, sino para el resto de los niveles de gobierno en México.

Me parece que hay dos resultados que resaltan. El primero es la cantidad de obra pública que se inició en el último año y el segundo es la arenga triunfalista en el tema de combate a la corrupción. Ambos importantes y trascendentes, por un lado, la construcción del corredor multimodal Francisco Villarreal Torres, la segunda ruta troncal de transporte semimasivo y las obras de captación de corrientes fluviales disminuyen una parte del grave atraso en infraestructura urbana que la ciudad sufre, la construcción de modernas avenidas garantiza acceso rápido y seguro a distintos puntos de la urbe, los vasos de captación impedirán las indeseables inundaciones en sectores comerciales y habitacionales, mientras que la segunda ruta troncal consolida un proyecto de transporte iniciado ya hace algunos años. Todo necesario y urgente.

Por otro lado, la detención del anterior mandatario estatal apuntaló la estrategia del combate a la corrupción que fue la principal apuesta de campaña de Corral Jurado cuando su etapa de candidato, se demostró que la colaboración intergubernamental resulta en actos positivos cuando la voluntad de los gobernantes se presta, factor de gran valía si se toma en cuenta la radicalización de posturas políticas que las y los mexicanos atestiguamos hoy día.

Por supuesto que el combate a la corrupción o la construcción de infraestructura urbana distan de ser plenas, no están exentas de señalamientos por las molestias causadas o criticadas por que debieron haberse hecho con mayores rangos de participación ciudadana.

Definitivamente el gobernador Corral sentó el precedente para que su sucesora o sucesor mejoren lo hecho. María Eugenia Campos Galván, Graciela Ortiz González, Juan Carlos Loera de la Rosa, Alejandro Díaz Villalobos y las o los que se sumen a la contienda electoral por ocupar la titularidad del ejecutivo estatal deberán asumir el compromiso de continuar con las acciones de gobierno válidas para reducir las necesidades de las y los juarenses. Por supuesto que cumpliendo con normas de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza.

Los informes de gobierno constituyen una herramienta válida para la garantía de mayor transparencia y rendición de cuentas de la hacienda pública, y así asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar más dinero al desarrollo social, económico y a las diversas necesidades que enfrenta la sociedad. La máxima anterior multiplica su importancia cuando los gobernantes informan en medio de un proceso electoral ya que, además de cumplir con la obligación de informar, la estrategia discursiva podría enfocarse a la persuasión del electorado.

Luego entonces, la rendición de cuentas en forma de informes de gobierno también sirve, en el mejor de los casos, para educar a la población y construir ciudadanos más informados, críticos, pensantes al momento de elegir a sus representantes populares. Pero también, los informes de gobierno forman parte de la estrategia de propaganda, y desde esa perspectiva manejar la información con base a intereses partidistas o de grupo se sobrepone al deber de informar con transparencia. La cuestión de no transparentar el ejercicio del dinero de todos sirve para diversos objetivos, entre otros, para manipular información pública o para que la discrecionalidad justifique riquezas personales. Aclarar la última afirmación ha conformado un fuerte pendiente de la justicia mexicana y ha sido válida para incentivar el usufructo utilitario de la corrupción, es decir, gestionar la procuración de justicia en ese tema a modo que genere rentas electorales o como válvula de escape ante problemas de igual o mayor impacto social.

En nuestro país, la fiscalización de la hacienda pública, la transparencia y la rendición de cuentas ocupan un lugar preponderante en las agendas electorales y de gobierno, desafortunadamente tal importancia muchas veces no ha correspondido a una verdadera acción pública por imponer la eficiencia ante la simulación. Los garantes que simulan o manipulan procesos, procedimientos o información, deben comprender que esas responsabilidades son exigencias desde la ciudadanía en sociedad democrática, y no un ejercicio para convencer a los gobernados de sus acciones.

Ahora bien, el pasado 8 de febrero el gobernador constitucional del Estado de Chihuahua Javier Corral Jurado cumplió con su responsabilidad de informar a la sociedad juarense sobre los resultados de la administración estatal en su cuarto año de gestión, independiente a la atmósfera nostálgica por entrar a los últimos meses de su mandato, la información mostrada a las y los juarenses es muy interesante. El informe fue singular debido a que la mayor parte del período bajo escrutinio se vivió bajo contingencia sanitaria, lo que hizo complejo el manejo de los asuntos públicos no solamente para la administración de Corral, sino para el resto de los niveles de gobierno en México.

Me parece que hay dos resultados que resaltan. El primero es la cantidad de obra pública que se inició en el último año y el segundo es la arenga triunfalista en el tema de combate a la corrupción. Ambos importantes y trascendentes, por un lado, la construcción del corredor multimodal Francisco Villarreal Torres, la segunda ruta troncal de transporte semimasivo y las obras de captación de corrientes fluviales disminuyen una parte del grave atraso en infraestructura urbana que la ciudad sufre, la construcción de modernas avenidas garantiza acceso rápido y seguro a distintos puntos de la urbe, los vasos de captación impedirán las indeseables inundaciones en sectores comerciales y habitacionales, mientras que la segunda ruta troncal consolida un proyecto de transporte iniciado ya hace algunos años. Todo necesario y urgente.

Por otro lado, la detención del anterior mandatario estatal apuntaló la estrategia del combate a la corrupción que fue la principal apuesta de campaña de Corral Jurado cuando su etapa de candidato, se demostró que la colaboración intergubernamental resulta en actos positivos cuando la voluntad de los gobernantes se presta, factor de gran valía si se toma en cuenta la radicalización de posturas políticas que las y los mexicanos atestiguamos hoy día.

Por supuesto que el combate a la corrupción o la construcción de infraestructura urbana distan de ser plenas, no están exentas de señalamientos por las molestias causadas o criticadas por que debieron haberse hecho con mayores rangos de participación ciudadana.

Definitivamente el gobernador Corral sentó el precedente para que su sucesora o sucesor mejoren lo hecho. María Eugenia Campos Galván, Graciela Ortiz González, Juan Carlos Loera de la Rosa, Alejandro Díaz Villalobos y las o los que se sumen a la contienda electoral por ocupar la titularidad del ejecutivo estatal deberán asumir el compromiso de continuar con las acciones de gobierno válidas para reducir las necesidades de las y los juarenses. Por supuesto que cumpliendo con normas de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza.