El martes 14 de julio de 2020 el gobernador Javier Corral realizó una medida que se percibe entre la clase política como una ofensiva contra sus adversarios, al hacer pública la investigación en curso llevada a cabo por el fiscal César Augusto Peniche con motivo del Banco Progresa de César Duarte, el cual contó con una serie de beneficiarios de dinero público, entre los que se encuentran algunos personajes políticos del estado de Chihuahua; entre las personas beneficiadas se destacan, entre otras, el senador Cruz Pérez Cuellar, aspirante a candidato para gobernador gobierno del estado por Morena, así también la alcaldesa del municipio de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, principal pre candidata por el Partido Acción Nacional al gobierno del estado. Públicamente se les denominó como cómplices del ex gobernador, a lo cual estas personas respondieron deslindándose inmediatamente, pidiendo respeto y objetividad en los procesos jurídicos. La lista de personas beneficiadas es amplia e incluye conductores de noticieros, deportistas, clérigos, políticos, empresarios de medios de comunicación y de áreas diversas, como es el caso de Eduardo Almeida, empresario farmacéutico quien es investigado por presuntamente retirar alrededor de 35 millones de pesos y depositarlos en bancos estadounidenses para el ex gobernador Duarte.
Como si aplicara en su praxis los consejos de los libros que hablan de poder, política y guerra, el gobernador Javier Corral decidió hacer un movimiento que asegure su hegemonía sobre la estructura partidista del PAN. Corral sabe que la información presentada puede hacer tambalear la candidatura de la principal aspirante y abanderada por el PAN, María Eugenia Campos, así también de uno de los posibles candidatos de Morena, Cruz Pérez Cuellar. Pese a que estos datos perjudiquen al partido que representa, el gobernador decide apostar por esta acción que sin duda tiene como objetivo el posible posicionamiento de su grupo político.
La consistencia de los gobernantes en sus discursos es lo que les asegura reconocimiento entre la población. La supuesta lucha contra la corrupción que Javier Corral ha asumido desde sus días como legislador ha sido su retórica hasta el día de hoy, lo cual le ha significado llegar a su actual puesto público y lo ha colocado dentro del escenario político nacional. La información de las nóminas y las personas beneficiadas estaba disponible desde el inicio de su administración, sin embargo, es hasta la reciente detención de César Duarte cuando se decide iniciar las investigaciones correspondientes, coincidiendo con la época pre electoral.
Se dice que las investigaciones llegarán “hasta donde tope”, espacio común utilizado en la retórica de los gobernantes que la gran mayoría de las veces son promesas vacías. Un proceso netamente imparcial tendría en la mira al obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, así como otros seis obispos del estado de Chihuahua, quienes también se encuentran en la lista de las personas beneficiadas. Una acción de tal magnitud pondría en conflicto al PAN con la iglesia católica y grupos conservadores religiosos, algunos de sus principales aliados políticos, por lo que es obvio que este proceso será selectivo. En tal caso, dentro la misma administración estatal en curso existen acusaciones de corrupción que merecen ser atendidas y sin embargo no se les otorga atención, por obvias razones.
La estrategia del gobernador es arriesgada, dado la popularidad con la que cuentan tanto Campos Galván como Pérez Cuellar dentro sus partidos, uno de ellos el partido el cual Corral encabeza como ejecutivo estatal. Abona a la división existente en el PAN, lo que puede significar la derrota definitiva del partido en las próximas elecciones o la derrota del grupo político de Javier Corral y sus intenciones de ser presidente de la república. Sin embargo es un riesgo que se ve está dispuesto a tomar. Bien se dice que la guerra es una continuación de la política por otros medios, pero en realidad la política se asume como un campo de batalla entre los intereses personales de quienes son elegidos como supuestos representantes de la población, en vez de significar la toma de decisiones y organización de la comunidad para el bien común. Es julio de 2020 y el sistema partidista continúa luchando por asegurar su poder, cuando es realmente en las calles donde se hace notar que la población no está dispuesta a seguir con el juego de las luchas entre políticos.
Posdata:
Los legisladores tienen la obligación de atender a todos los grupos de la sociedad, asegurando leyes y derechos que protejan a todas las personas y que no aboguen por la exclusión y la invisibilización; el pin parental es un mecanismo de los grupos ultra conservadores, importada del partido ultra derechista español Vox, que significa un atentado contra la educación laica y científica de la niñez y la juventud en temas de sexualidad y diversidad. Los discursos de odio y los fascismos no tienen lugar en una sociedad plural. No pasarán.
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