El crecimiento de un país depende de la calidad de su capital en 4 dimensiones: el capital humano (personas), el capital físico (maquinaria), el capital tecnológico (innovación) y el capital financiero (dinero). El Estado Nación es el encargado de administrar el capital y para ello cuenta con un aparato dividido en municipios, Estados, dependencias y organismos descentralizados o, dicho de otra manera y en general, instituciones gubernamentales.
Pero las instituciones están tan débiles que no se pueden oponer a iniciativas como elevar a delito grave la defraudación fiscal, la ampliación del catálogo de delitos graves y la extinción de dominio, entre otros aspectos que repercuten en diversas actividades sociales. Estos detalles en su conjunto se contraponen al derecho a la libertad y a la propiedad, dos factores fundamentales para el desarrollo empresarial y por extensión, el desarrollo económico.
La ley de extinción de dominio en el artículo uno, indica: “La extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del gobierno federal y de las entidades federativas, según corresponda, en los términos de la presente ley. Los mecanismos para que, atendiendo al interés público, las autoridades lleven a cabo la disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios. Disposición anticipada: asignación de los bienes durante el proceso de extinción de dominio previo a la emisión de la resolución definitiva”.
Por poner un ejemplo: imagínese que usted tiene una pyme y al hacer su declaración de impuestos comete un error, entonces el primer problema lo tendría con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por defraudación fiscal, el segundo problema es que eso sería calificado como delito grave lo que implicaría ir a la cárcel y el tercer problema es que de acuerdo con la ley de extinción de dominio el Estado podría hacerse de todos sus bienes, incluso antes de que el juez emita una resolución. En resumen, un error podría hacerle perder todo su patrimonio.
Bajo esas condiciones difícilmente una empresa establecida en México puede crecer y difícilmente una empresa a punto de establecerse en México decida hacerlo, lo cual desincentiva la inversión y retrae el crecimiento. “Socialismo es entonces definido como toda coacción o agresión sistémica o institucional que restringe el libre ejercicio de la función empresarial en una determinada área social y que es ejercida por un órgano director que se encarga de las necesarias tareas de coordinación social en esa área”, dice Jesús Huerta de Soto, en la página 92 de su libro “Socialismo, cálculo económico y función empresarial”.
La debilidad de las instituciones genera una enorme desconfianza en los agentes económicos ya sea de manera individual o empresarial. Las instituciones deberían establecer los mecanismos que faciliten el crecimiento económico en lugar de quebrantar el derecho de libertad y propiedad de los individuos. Porque además de desincentivar el desarrollo económico, destruye la riqueza porque esta no es estática, es decir que hay que generarla continuamente, con lo cual no solo México no va a crecer, sino que va a decrecer.
Renuncias y despidos en instituciones importantes
En México, durante el último año, las principales y más fuertes instituciones gubernamentales y organismos autónomos ya han tenido problemas que han finalizado en renuncias o despidos de funcionarios públicos de alto rango: Carlos Urzúa, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Germán Martínez, del Instituto Mexicano del Seguro Social; Tonatiuh Guillén, del Instituto Nacional de Migración; Clara Torres, del Programa de Estancias Infantiles, Gonzalo Hernández, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y ahora, Eduardo Medina, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
