Hace ya varios meses que empezó a operarse la cuarta transformación del país. No sabría decir si para beneficio o para su peor momento histórico, pero como van las cosas, esto no pinta bien. Los ajustes a los presupuestos de las universidades públicas del país, la disminución en el área de investigación (Conacyt) y la eliminación de programas de fortalecimiento a la educación de calidad son al menos tres grandes cambios que consideramos dejan mal parada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En este tenor, en Ciudad Juárez se realizará uno de los cuatro foros que se están convocado a nivel nacional bajo el nombre de “Foros de consulta sobre la legislación secundaria en materia educativa”. En las mesas de trabajo se analizará la problemática de la educación a nivel nacional. La sede será la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
La primera mesa abordará el tema de la “Ley General de Educación”, la segunda mesa “Ley general del sistema para la carrera de las maestras y maestros”, la tercer mesa “Ley reglamentaria de la fracción IX del artículo tercero, en materia de mejora continua de la educación”, una cuarta mesa “Ley General de educación superior” y finalmente, la quinta mesa con el tema “Ley general de ciencia tecnología e innovación”.
La gran preocupación es que los ajustes que se hagan perjudiquen a un sistema educativo que se ha esforzado en mantener estándares de calidad y que no se reconozca de forma tangible el esfuerzo que realizan los diversos actores de la educación.
En el artículo tercero fracción IX se señala que se crea un organismo descentralizado para determinar la política educativa de calidad de nivel básico al medio superior. Se suprime entonces el viejo INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Es decir, manejo de formas, mas que de fondo. Cualquier cosa, o como haya sido, hay que evitar la simulación y no por cambiar de nombre o mandar al “diablo” a las instituciones estas serán mejores y funcionarán de maravilla.
Muy cerquita de este apartado, se encuentra la fracción VII que norma la acción de las universidades públicas y en las que por un “error”, mantuvo una amenaza latente: la eliminación de la autonomía universitaria. Con ella se eliminaría también la libertad de cátedra, la libertad de investigación, las funciones básicas de las universidades dejarían de ser la esencia de la conciencia nacional. El sector pensante de la sociedad se ha formado aquí, en las universidades y por ello se ve como una amenaza la intensión de socavar a la universidad y convertirla en un apéndice del Estado nacional.
Muchos dirán que no es posible, pero simplemente, la disposición de los recursos económicos para el funcionamiento de las universidades recae preponderantemente en el Congreso de la Unión (fracción VIII del artículo tercero). Así que las coincidencias no existen y si hoy las universidades pasan por momentos difíciles en la asignación de sus presupuestos es por la apatía del congreso de la unión en la redistribución del gasto público o bien porque obedecen a una consigna del gobierno.
La otra mesa, la relativa a la Ley general de ciencia tecnología e innovación será polémica, ya hubo un roce institucional con los investigadores del país. La descalificación sobre la “hiperélite” que representan quienes se dedican a la investigación en cualquiera de las áreas ha provocado la reacción nacional en contra de la postura oficial. A final de cuentas alguien ha dicho ya, podremos expresar lo que queramos en este foro, ellos harán lo que quieren y es sólo un acto de simulación la organización de los foros: hoy les damos un voto de confianza esperando no desilusionen más a quien votaron por una transformación pero no de esta manera y poniendo en peligro a la educación del país.
