No es un secreto para nadie que en Juárez adolece de muchas cosas, no tiene caso enumerarlas, pero sí puedo decir que entre tantos derechos que nos faltan, falta uno esencial, el derecho a la ciudad.
ONU-Hábitat, el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, explica que el Derecho a la Ciudad es el derecho que tienen todas las personas para “habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”.
El derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció en 1968 cuando el francés Henri Lefebvre escribió su libro El derecho a la ciudad tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. La ciudad fue tomada por los intereses del capital y así dejó de pertenecer a la gente, por lo tanto Lefebvre aboga a través del derecho a la ciudad por “rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido”.
La ciudad, como lo analiza Jordi Borja, es un espacio político, donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto. El derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos: trabajo, de salud, de educación, de vivienda, recursos simbólicos: participación, acceso a la información, etc.
El derecho a la ciudad es:
El derecho a sentirse parte de la ciudad, el derecho a vivir dignamente en la ciudad, el derecho a la convivencia, el derecho al gobierno de la ciudad, el derecho a la igualdad de derechos.
Según la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, se realiza el derecho a la ciudad cuando hay:
Ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad, función social de la ciudad y de la propiedad urbana, igualdad, no discriminación, protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, compromiso social del sector privado, impulso de la economía solidaria y políticas impositivas progresivas, planificación y gestión social de la ciudad, producción social del hábitat, desarrollo urbano equitativo y sustentable, derecho a la información pública, libertad e integridad, participación política, derecho a la justicia, derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural, derecho al agua, al acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos, derecho al transporte público y la movilidad urbana, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
Claro está que aún nos falta mucho por hacer pero no podemos dejar de hacerlo, estamos obligados a darles a nuestros hijos el derecho a la ciudad que tienen, nada mas pero nada menos.
