Dos son las condiciones requeridas para que un país mejore sus índices de bienestar; la primera que genere riqueza y la segunda que la distribuya bien; es decir, que los beneficios del crecimiento alcancen a toda la población.
Desafortunadamente la política económica que prevaleció en los últimos 35 años, previos al 2018, nunca consideró como metas ni la distribución del ingreso ni el bienestar de las mayorías. Con promedio del 2% anual en crecimiento económico nos ubicamos según datos del Banco Mundial en el lugar 143 de 152 países.
Deficiente manejo de la política económica que favoreció un crecimiento desigual, marcada por la corrupción gubernamental y de las élites empresariales que asociadas dictaban las políticas públicas. Se dio una apertura comercial irresponsable e indiscriminada, con supresión de programas de fomento económico para las empresas nacionales y una drástica reducción de la inversión pública, pasando por niveles del 10.8% del PIB ya olvidados en 1981 para actualmente estar por debajo del 2%.
El sector energético se manejó con irresponsabilidad y desdén. En lugar de promover y fomentar la justa distribución de los recursos del país, se promovió su concentración y se puso al servicio de particulares y extranjeros.
Son de resaltarse los programas del bienestar que favorecen a la población de menores ingresos y reactivan el consumo, el ejercicio permanente de austeridad, la férrea disciplina y estabilidad con las que se han manejado las finanzas públicas y el fortalecimiento del salario mínimo, que acumula una recuperación del 44% en lo que va de la presente administración; algo muy trascendente si consideramos que de 1982 al 2017 perdió en términos reales un 82% de su poder adquisitivo.
La eficiente vacunación ha permitido la recuperación acelerada de la economía y el empleo, de tal suerte que en el primer trimestre del año crecimos al 7.4% y la estimación es cerrar el 2021 con el 6.5%, para recuperar la caída del 8% en el 2020 provocada por la pandemia.
Es sin duda el fortalecimiento del emprendimiento privado en los sectores bajos y medios lo que permite florecer la creatividad e inventiva del mexicano y construir mecanismos de contribución pública y movilidad social. El apoyo financiero, aunado a un régimen tributario sencillo y promotor de la inversión, es la mejor plataforma para ordenar la actividad económica, propender a la formalidad y estimular nuevos proyectos atendiendo al desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país.
Si bien estamos recuperando empleos, 10.5 millones en el segundo trimestre del 2021, 8.2 millones o el 78% son informales, con ingresos precarizados y sin acceso a los sistemas de seguridad social. La tasa de informalidad con respecto al total de la población ocupada ya representa según el Inegi, al segundo trimestre de este año un 56.2% del total.
Durante años México ha construído una red de 14 tratados comerciales que le permiten acceso en condiciones preferentes a más de 50 países y 1,300 millones de consumidores potenciales. Tenemos una sólida vocación exportadora, estamos abiertos al mundo y fuertes en áreas de exportación específicas.
Sólo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), regula operaciones comerciales por más de 600 mil millones de dólares al año.
Hoy estamos en posición inmejorable para recibir cuantiosa inversión extranjera derivada de la estrategia del “reshoring”o la relocalización en América de procesos de manufactura ubicados en Asia, que por la pandemia han visto alteradas las cadenas de valor.
Por estas razones somos actualmente un país muy atractivo para la inversión, lo que nos obliga a abonar con nuestros actos de gobierno a la certidumbre de los inversionistas, a guiarnos por las reglas acordadas para fortalecer los principios de seguridad jurídica que regulan las inversiones y las operaciones comerciales objeto de los mismos.
