La mesa de seguridad es una herramienta que el presidente Andrés Manuel ha usado para combatir la delincuencia, desde que era jefe de gobierno de la ciudad de México, se trata de reunir todos los días, muy temprano a los funcionarios de seguridad y de bienestar para revisar los índices delictivos del día anterior.
Esta estrategia le permite al gobierno tener día a día el pulso del comportamiento de los delincuentes y le da oportunidad de tomar decisiones expeditas que resuelven al momento la mayoría de los problemas. Es una forma de bajar a los funcionarios y secretarios de Seguridad Pública de sus camionetas blindadas, y ponerlos a trabajar a pie de calle, cerca de las problemáticas reales de la ciudadanía.
Esta nueva forma de gobernar no les gustó a la mayoría de los gobernadores del PAN, (que en realidad son una minoría) la oposición presionó al presidente Andrés Manuel para que les diera la coordinación de las mesas de seguridad en sus estados, luego de que a principios de la administración federal, el presidente anunciara que el gobierno federal desplegaría una estrategia nacional de seguridad que incluía una reunión mañanera en la “mesa de seguridad” con los funcionarios federales de seguridad y de la Secretaría de Bienestar en cada estado.
Ante esta iniciativa los gobernadores de oposición alzaron la voz y exigieron encabezar ellos dichas reuniones, aunque en el caso particular de Chihuahua, a Javier Corral le resultó muy incómodo tener que levantarse a las cinco de la mañana, así que decidió no asistir a las reuniones de la mesa de seguridad y mandó a uno de sus empleados mientras él seguía durmiendo otro ratito.
De manera democrática y nacionalista, el gobierno federal aceptó la petición de los gobernadores y les cedió la coordinación de la mesa de seguridad, sólo les pidió a los gobernadores que pusieran como prioridad la seguridad y el bienestar de los ciudadanos por encima de las diferencias ideológicas y partidistas, una petición muy necesaria que le ha costado muchísimo trabajo a Corral Jurado. Y es que al gobernador le urge recuperar la poca confianza que alguna vez tuvo, y ha llegado al grado de confrontarse con el presidente Andrés Manuel por todo.
Primero por el agua, Javier Corral y los diputados del PAN alentaron a los productores de sur del estado a defender el agua, con mensajes de insinuación a la violencia, cuando el compromiso de un gobernante patriota es velar por el interés superior de la nación, respaldar las acciones del gobierno federal y coadyuvar para que el país cumpla con los acuerdos internacionales, esa es la responsabilidad de un gobernante patriota, no sabotear a los gobernantes de otros partidos, induciendo al pueblo a la violencia.
Segundo, ante el conflicto del agua, donde los funcionarios de gobierno federal manejaban información delicada en las reuniones de la mesa de seguridad, el gobernador y algunos de los funcionarios estatales que tenían acceso a dicha información, comenzaron a ventilar datos que ponían en riesgo algunas operaciones de seguridad.
De manera natural el gobierno federal se vio obligado a “des-invitar” al gobernador y a sus representantes para evitar la fuga de información y el sabotaje, a lo cual el gobierno estatal respondió un poco indignado, y se hizo pasar como víctima de un supuesto autoritarismo del gobierno federal existente sólo en la cabeza de Javier Corral Jurado, cuando él y su equipo han estorbado y obstaculizado los trabajos de la Presidencia de la República, del gobierno municipal de ciudad Juárez y el de Chihuahua.
La realidad es que el estado de Chihuahua está hundido en la inseguridad y la violencia: según información cubierta por los distintos medios de comunicación, el año pasado Chihuahua ocupó el lugar número tres en la escala nacional en cuanto a violencia e inseguridad, este ambiente que nos afecta a todos no va a mejorar si el gobernador se la pasa peleando con el presidente Andrés Manuel y con el alcalde de juarez.
Asimismo, tampoco ayuda que los gobernantes tomen decisiones a partir de sus intereses partidistas, pues sacrifican la paz y el bienestar de los ciudadanos. En el caso del gobernador, como se ha mencionado anteriormente, se ha dedicado más a hacer dos campañas, una de promoción a los líderes de su partido con la intención de recuperar la poca confianza que alguna vez tuvo, y la segunda campaña, en desprestigiar a los representantes de los otros niveles de gobierno, incluso atacando y confrontando a la propia militancia de su partido.
Su actitud confrontativa y mezquina también se ha dirigido hacia los representantes de los medios de comunicación, el gobernador ha recurrido a la denostación en el caso de algunos comunicadores y periodistas, actitud irresponsable que ha permitido que crezca la inseguridad, y que también ha servido de pantalla al gobierno estatal para excusarse en su responsabilidad de garantizar la justicia. Por poner un ejemplo, uno grande y de interés público, el gobierno estatal ha sido -por decir lo menos-, omiso en la investigación del asesinato de una periodista chihuahuense. En este lamentable crimen las investigaciones no han avanzado porque varias líneas de investigación apuntan a personajes panistas, mismos que meses antes del asesinato estuvieron acosando y presionando a la periodista chihuahuense, sin contar que aún hay varios crímenes sin resolver porque para el gobernador es más importante jugar golf que ocuparse por la seguridad de los chihuahuenses.
En todo caso y por encima de los intereses económicos, ideológicos y partidistas, los gobernantes deben procurar en todo momento la paz y el bienestar de todos los ciudadanos que representan y manejarse bajo la máxima juarista de que “La patria es primero”.
