El tema de la reforma eléctrica en el centro de la discusión en la agenda nacional es sin duda de vital importancia para el desarrollo económico del país. En la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados en octubre pasado, en la que se proponen modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los cambios previamente propuestos a la Ley de la Industria Eléctrica en febrero de 2021 y a los de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional publicados por la Secretaría de Energía en junio de 2020, hubo un aspecto que no se trató ni a la fecha se ha abordado a saber: el de la eficiencia energética en el país. La eficiencia (medidas de ahorro), como propósito de las políticas públicas en materia eléctrica, resulta por demás relevante para alcanzar la seguridad energética, la accesibilidad democrática e incluyente al insumo por parte de todos los mexicanos, la sustentabilidad ambiental y con ello el bienestar de las personas y la protección de sus derechos.
Se entiende como eficiencia energética a todas aquellas acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los bienes y servicios que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. Aquí también se incluye la sustitución de fuentes de energía no renovables (combustibles fósiles) por fuentes renovables (eólica, fotovoltaica, geotermia, hidroeléctrica, nuclear). Es decir, cómo aprovechar al máximo la energía sin gastarla innecesariamente. Cómo hacerla rendir para beneficio de la población y de la sustentabilidad del ambiente.
Tradicionalmente, el aprovechamiento sustentable de la energía se promueve a través del fortalecimiento del marco normativo (Normas Oficiales Mexicanas) y a través de la implementación de programas que incorporen tecnologías modernas que promuevan la eficiencia energética.
Desarrollo económico no debe equivaler a “derroche de energía”. En nuestro modelo de desarrollo energético nunca debemos rezagar a los estudios de eficiencia energética. Nuestro debate de modelo eléctrico, ya de por sí polarizado, se ha centrado únicamente en la conveniencia o inconveniencia de la utilización de las energías renovables, como si esto fuere la única solución.
Apuntando a la eficiencia energética es posible avanzar y alcanzar resultados más rápidos, aunque seguramente, políticamente menos redituables.
La señal más significativa del abandono de la eficiencia energética como política pública en nuestro país es el precario fondeo de menos de 200 millones de pesos para este año a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), que es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía creado el 28 de noviembre de 2008 y que tiene como objeto central promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía.
Acciones de ahorro que pueden tener grandes y muy positivos impactos. En el ámbito del transporte (lograr pavimentos libres de hoyos, casetas de cobro expeditas, autos sólo de cuatro cilindros, sistemas inteligentes de reducción de velocidad, incentivos financieros a la renovación del parque vehicular etc.), en la construcción (materiales de aislamiento térmico obligatorios, edificios bien orientados que aprovechen la luz solar, etc), en el campo (mejores sistemas de bombeo, tarifas de agua progresivas, mediciones de eficiencia en el uso de agua, etc.), en la industria (iluminación eficiente, electrodomésticos con equipos integrados de ahorro, motores adecuados a la capacidad que se demanda, etc).
En fin. Son muchas y muy variadas las acciones de ahorro de energía que no valoramos y ni siquiera estudiamos y cuya implementación indudablemente abonaría en una ruta más barata y menos politizada, para acercarnos a los propósitos comunes en materia energética.
