Esta semana que concluye se vio marcada por la violencia que existe en contra de las mujeres en este país; el feminicidio cometido contra la joven Alejandrina Lorenzana Alvarado de tan solo 20 años de edad en Cancún, Quintana Roo desató protestas en exigencia de justicia ante su asesinato y que fueron reprimidas con una respuesta sumamente violenta por parte de las fuerzas del Estado, abriendo fuego contra mujeres manifestantes y demás civiles. Durante este año hemos visto como se ha consolidado un patrón de respuesta de las autoridades locales ante los movimientos feministas en nuestro país, siendo la represión, tortura y la violación de los derechos humanos el único protocolo que aplican. Aquí mismo en Ciudad Juárez, Armando Cabada reprimió violentamente una protesta de mujeres el 5 de septiembre: aun sin delitos existentes se les privó de la libertad, se les violentó, les fueron negados sus derechos y se les hizo pagar fianza. No hay ningún afán de diálogo ni sutilidad a la hora de reprimir.
Otro asesinato lamentable fue aquel que arrebató la vida a Florisel Ríos alcaldesa de Jamapa, Veracruz, comunidad de 15 000 habitantes; sin obtener la seguridad necesaria que resultó en su muerte. Un par de días antes ella acudió a buscar una entrevista con el Gobernador del Estado Cuitláhuac García para manifestarle su temor a ser asesinada como lo denuncio el pasado 11 de noviembre pero fue atendida por el Secretario General del Estado Eric Cisneros Burgoa sin obtener resultados que satisficieran su petición. Días después fue encontrada asesinada con un tiro en la cabeza causando indignación en todos los sectores de la sociedad veracruzana incluyendo a la misma autoridad que anteriormente se había negado a auxiliarla. Ella una ama de casa sin experiencia política llego a la presidencia de este municipio presionada por su esposo que pretendía ser el candidato por Acción Nacional pero por la paridad de género le correspondía a una mujer, resultando ella la encargada de cumplir el requisito de paridad de género al que por ley están obligados los partidos políticos.
En las elecciones locales de Chihuahua del año 2018 el Partido Revolucionario Institucional decidió impulsar la candidatura en la capital del Estado del hasta ese momento Senador Patricio Martínez García para que encabezara la planilla para el ayuntamiento de Chihuahua. Esta decisión política trascendió directamente en Ciudad Juárez al tener que impulsar la candidatura de una mujer para cumplir con la cuota de género, dejando en el camino a Javier González Mocken principal figura para ser el candidato y con verdaderas posibilidades de ganar para el revolucionario institucional. El PRI registro a Adriana Terrazas como candidata obteniendo una gran derrota al no tener cualidades en ese momento para contender para la alcaldía y Patricio Martínez termino por declinar a ser candidato en el municipio de Chihuahua.
En los tres hechos anteriormente escritos observamos la manera que los partidos y gobiernos pretenden impulsar a las mujeres otorgándoles concesiones en política, donde algunas veces son obligados por los mandamientos que se impulsan desde los órganos autónomos como es el Instituto General Electoral que se ha convertido en un cuerpo legislativo que promulga, reforma y amplia leyes desde una óptica de imposición arbitraria, este órgano decidió lanzar un mandamiento para forzar a los partidos a entregar a las mujeres las candidaturas de los gobiernos de los estados pasando por los derechos humanos de los militantes, la participación debe ser una discusión en todos los sectores de la sociedad y no solo desde una falsa óptica incluyente de los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral concluyó que las mujeres gobernaran en al menos 7 estados al emitir reglas generales pero los partidos políticos serán los encargados de establecer los mecanismos para que se cumplan los ordenamientos del INE dejando nuevamente la decisión en los hombres que lugar merecen tener y que estados pueden gobernar.
La lucha que emprenden diariamente los grupos defensores de los derechos humanos de las mujeres contrasta diametralmente opuesto a lo que el gobierno y los políticos pretenden dar a las mujeres. Estos grupos centran su lucha en la libertad que debería tener la mujer para decidir si quieren participar en política o defender el derecho a decidir sobre su cuerpo, realizar cualquier actividad libre del acoso sexual o laboral donde en muchos sectores es aceptado por que es normal.
La participación política que busca entregar a las mujeres el Instituto Nacional Electoral es una concesión muy lejos de las necesidades de las mujeres, la equidad no es que exista una participación 50 por ciento de un género y otro cincuenta del otro, la participación de la mujer debe ser porque quiso y decidió participar en cualquier ámbito ya sea laboral, social, cultural o deportivo. De lo contrario seguiremos observando cómo se sacrifica a las mujeres en política a costa de su vida.
