En los últimos días hemos atestiguado un acalorado debate en torno a la pertinencia de varias instituciones públicas, situación normal si consideramos que todo lo relativo al entramado garante del bien común merece permanecer siempre bajo escrutinio. Tal vez sea la condición de “públicas” lo que genera el constante análisis de organismos responsables de lo electoral, justicia, desarrollo social, atención a grupos vulnerables, educación o regulación económica. La polémica por lo regular se centra en la relación costo – beneficio o en la lógica de gobierno de ese tipo de dependencias públicas.
En el mundo de la academia se ha vuelto un lugar común afirmar que las instituciones son esenciales para los gobiernos ya que son eficaces en la reducción de las necesidades sociales, resuelven problemas de coordinación colectiva y moldean el comportamiento de conductas tanto de individuos como de la generalidad. En cuanto a su creación hay algunas aceptaciones que recorren un continuo que abarca desde el utilitarismo pragmático gubernamental a la modernización de los gobiernos, por un lado siempre habrá interés de los gobernantes y políticos de calcular beneficios a partir de la creación de instituciones y por el otro lado un gobierno parecerá moderno y solidario si genera instituciones encargadas de atender necesidades viejas o emergentes.
Existe otro acuerdo académico: si bien las instituciones son perennes, siempre deben estar dispuestas a reformarse, el principal factor de cambio se relaciona a la pertinencia con su entorno social, a la satisfacción de la exigencia por la que se crearon. Aunque existen otros motivos de reforma como la viabilidad económica, la disminución de la necesidad es la condición fundamental de la continuidad de una institución, al no existir tal disminución, la institución es señalada por ineficiente al no responder a la demanda por la que fue generada, la crisis por la continuidad comienza.
Entonces, porqué son tan importantes las instituciones? porque se fundan para universalizar los beneficios ciudadanos que hacen posible la inclusión general que favorezca un crecimiento exponencial de la sociedad en beneficio de quienes la integran, se supone que este tipo de institucionalidad abarca a la totalidad de los grupos que la constituyen, por lo que todos deberían beneficiarse de su existencia.
Ahora bien, en México somos especialistas en crear, reformar y eliminar instituciones, aunque no siempre se responde a la erradicación o disminución de la necesidad, ejemplos sobran en los tres niveles de gobierno:
La Compañía Nacional de Subsistencias Populares CONASUPO desapareció debido al análisis de los resultados de las auditorías, se advirtió que la administración de la CONASUPO sufrió diversas violaciones a su normatividad y de fallas en el control interno, motivos suficientes para su liquidación. La necesidad de comercializar alimentos de bajo costo persiste.
En el estado también hemos visto instituciones que se crean para después reformarse o eliminarse. La Central de Inteligencia Policial CIPOL fue puesta en marcha durante la administración 2004 – 2010, paradójicamente el período en el que se inició la crisis de inseguridad más grave en la historia estatal, obvio que la necesidad de generar seguridad no se cumplió y el nacimiento de una nueva administración marcó el fin de la CIPOL.
Los municipios mexicanos generan y modifican sus propias instituciones. En el caso de Juárez, la planeación y desarrollo urbano siempre ha sido un pendiente, en aras de darle solución se creó el Instituto Municipal de Investigación y Planeación IMIP que con el tiempo ha sufrido reformas, hoy en día el IMIP cuenta con facultades muy disminuidas, acotadas al extremo y en contraparte los problemas derivados de la mala planeación urbana crecen.
Así, las recientes declaraciones del Presidente López Obrador de eliminar el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED o poner en tela de juicio la eficiencia del Instituto Nacional Electoral INE no deberían parecer extrañas a un sistema político acostumbrado en ver aparecer y desaparecer o modificar instituciones. Sin embargo, esas declaraciones al llevarse a la arena del usufructo electoral y a la obtención absoluta del poder causan polémicas maniqueas. Los detractores del gobierno señalan las intenciones totalitarias por adueñarse de la democracia y debilitar el entramado institucional, por su parte, los seguidores del oficialismo resaltan la ineficiencia, falta de resultados, alto costo para la hacienda pública y las actuaciones históricas “a modo” del INE y CONAPRED.
La emergencia causada por el Covid 19 nos ha impedido reconocer que el proceso electoral intermedio se acerca y como tal declaraciones como las del presidente López Obrador se presentarán más a menudo sin que esto signifique el fin de las instituciones, pero lo anterior no justifica la disminución de los señalamientos críticos de quienes suponen que el desarrollo del país se relaciona íntimamente a la consolidación de sus instituciones.
