La administración pública federal pasa por un cambio profundo en la forma de gobernar y de administrar las riquezas y los bienes de la nación, en contrasentido al modelo neoliberal implantado por los gobiernos anteriores que entregaban a particulares nacionales y extranjeros los recursos y las obligaciones del estado. Hoy el gobierno del presidente López Obrador mantiene su visión de justicia social que prometió desde su campaña en el año 2006: “Por el bien de todos primero los pobres”.
Hoy en México hay una brecha enorme de desigualdad social en algunos sectores de la población, mientras que los fideicomisos públicos acumulan dinero en cantidades millonarias, sin rendir cuentas a nadie y sin ningún tipo de regulación ni transparencia, por lo que actualmente el país demanda aplicar una real austeridad republicana.
Y no se trata de decir que los fideicomisos sean malos, pero la verdad es que hay muchas cosas negativas que subrayar, por ejemplo, la comunidad científica que goza de un prestigio elevado, y que han integrado una casta privilegiada, donde, ellos, los doctores e investigadores, reciben apoyos de hasta 80 mil pesos mensuales, viáticos y prestaciones onerosas para viajar por el mundo, mientras el país se debate en la más grande crisis económica, sanitaria y social.
Es importante señalar a las universidades públicas (aunque el señalamiento moleste a los conservadores) y es que, hablando localmente, la UACJ ha mantenido una nómina elevada en su cuerpo de profesores de tiempo completo, investigadores que lo único que retribuyen a la comunidad es la publicación de un artículo científico cada seis meses, investigaciones que en términos reales sirven muy poco al desarrollo del país.
Y es que hay universidades públicas que se han negado a aplicar la austeridad republicana, a ahorrar recursos en nómina y gasto corriente, universidades que reciben más del 80 por ciento de su presupuesto del erario, principalmente de fideicomisos como los que acaban de eliminar la semana pasada. Ese dinero que se va a recuperar se puede invertir directamente en becar a miles de jóvenes en la ciudad y en país, jóvenes que en muchos casos son rechazados por las universidades públicas.
Otro de los reclamos en materia de fideicomisos es precisamente el de la corrupción, el subejercicio y la falta de transparencia; es el caso del fideicomiso de los puentes fronterizos de Chihuahua, primero por el faltante de 300 millones de pesos cuando César Duarte era gobernador del estado y después por la ineficiencia en la administración actual a cargo del gobernador Javier Corral. Este fideicomiso que se creó para construir infraestructura vial y pavimentar las calles de las fronteras, ha acumulado más de 2,500 millones de pesos por no ejercer el presupuesto en tiempo. Mientras guardan el dinero, los juarenses sufren debido a los baches y las inundaciones.
Los opositores al gobierno federal no han terminado de aceptar que la nueva normalidad, económica y social derivada de la pandemia del covid-19, exige un cambio de paradigma en la forma de administrar el país, y justo a eso se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando comentó en una conferencia mañanera que “El Covid le cayó como anillo al dedo”, pues se refería a que la emergencia sanitaria es una oportunidad para apretar el cinturón al gobierno y reorientar el gasto a hospitales, escuelas y a las comunidades marginadas; este ajuste también contempla recuperar los miles de millones de pesos que en su conjunto acumulaban los 109 fideicomisos públicos que fueron disueltos con la iniciativa de ley que presentó Morena la semana pasada.
Por lo anterior, los opositores al gobierno federal en una actitud conservadora, e incluso clasista, argumentaron que se condenaría a México al rezago tecnológico -volveremos a la edad de piedra, dijeron-, como si en los últimos 30 años estos fideicomisos hubieran posicionado a México como líder en materia tecnología y científica, como potencia mundial. Incluso es lamentable que el sector de manufactura automotriz que tanto presumen, toda la tecnología, ingeniería y patentes son propiedad de los científicos de otros países. Lo único que genera México en este sentido es mano de obra -esa sí, bien calificada-, pero mal pagada.
Hay que esperar que la austeridad republicana llegue también a las universidades públicas del país, a los organismos descentralizados, y autónomos, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, la Suprema Corte de la Nación, los gobiernos de los estados, y los gobiernos municipales, pues todos ellos siguen en el viejo régimen de la corrupción y el dispendio.
