Hablar del combate a la pobreza implica reconocer la desigualdad presente en la población, reconocer problemas estructurales que posibilitan su existencia y la falta de acceso a una calidad de vida digna para un amplio sector de la sociedad. Para beneficio de las élites, ciertos grupos políticos aseguran que la desigualdad es natural (término que utilizan a ultranza excepto para describir aquello que realmente lo es) algo casi inherente al ser humano, por lo tanto el papel del Estado debe limitarse a crear las condiciones óptimas para el libre mercado y la competencia. Pero sin duda muchas personas coincidimos que la pobreza es un problema que necesita ser erradicado. Abordar posibles soluciones significa conocer el contexto y la raíz del conflicto. A partir de eso es posible asumir un posicionamiento político.
El sistema económico capital-global basa su existencia en la desigualdad. Es posible rastrear sus antecedentes históricos en la colonización europea, la extracción de recursos en grandes cantidades y el tráfico de personas esclavizadas. De nueva cuenta, los apologistas de la desigualdad dirán que el dominio colonial es parte de la condición humana, como una forma de pretender racionalizar el hecho que la colonización es un proceso histórico violento en curso: continúa hasta este día. Estas dinámicas, estructuras y relaciones de poder continuaron a través del nacimiento de los Estado-nación. La función del Estado liberal como lo conocemos es proteger el capital y la propiedad privada. Es por eso que dentro su misma concepción jamás abogaría por una solución real a la pobreza. Los grandes capitales jamás permiten que los Estados pretendan siquiera borrar la brecha de desigualdad.
En nuestro país, aunque la pobreza se reconozca, ésta ha sido utilizada como estandarte para promover políticas que paradójicamente perpetúan la pobreza. Como es el caso de aquellas políticas emprendidas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. O Felipe Calderón. O Enrique Peña Nieto. No obstante, la manipulación de la pobreza tiene larga historia dentro la política mexicana. Tanto que se ha convertido en un tema constante, problema al que le son destinados cantidades importantes de recursos y que han significado pocos resultados para minimizar su existencia. La actual administración ha emprendido nuevos programas sociales y beneficios para sectores desfavorecidos de la población, sin embargo, los resultados podrían verse solo a largo plazo, sujeto a las fluctuaciones de la economía especulativa de la actualidad.
Los partidos opositores aseguran que la administración en curso está “regalando dinero” aun cuando los apoyos que reciben las personas solo son un pequeño paliativo para el problema de la carencia. Es importante mencionar esto, ya que al parecer para algúnos cualquier intento de redistribución económica significa una amenaza a la estabilidad social, pero la creación de empleos explotados y sin derechos laborales por alguna razón les resulta una medida económica óptima. Lo cierto es que los programas sociales actuales son medidas insuficientes para aminorar la profunda desigualdad en nuestro país.
A nivel local, la utilización de programas como base clientelar de votantes sigue siendo una práctica común. Las viejas prácticas del PRI crearon escuela en los partidos y personajes políticos en la manera de abordar y conservar el apoyo dentro la población. Y esta manera de conducirse es generalizada. Ante la llegada de procesos electorales el próximo año, los partidos y los políticos ya se están preparando para atraer electores. Y para posicionarse victoriosamente utilizarán todos los recursos necesarios. Tal es el caso de Armando Cabada y Juan Carlos Loera de la Rosa; el primer indicado, presidente municipal de Ciudad Juárez; el segundo personaje, delegado federal en el Estado de Chihuahua. Ambas figuras proceden de diferentes bases, pero sin duda se mueven utilizando estrategias similares. Tanto Cabada como Loera han utilizado la aparición en medios como una forma de establecerse dentro el imaginario colectivo.
El reparto de alimentos, ayudas económicas, entre otras acciones, siempre serán mostradas como evidencia del trabajo realizado con éxito. Pero las verdaderas soluciones a profundidad no son aquellas acciones paliativas. En nuestra localidad, una gran cantidad de la población no tiene acceso a servicios básicos como luz o agua; no tiene acceso a salud, educación, seguridad; no cuenta con seguridad social, de vivienda, de salud. Su entorno carece de parques públicos, escuelas, clínicas. Esos y muchos más aspectos son fundamentales para que una persona crezca y viva dignamente. Lamentablemente, la gran mayoría no goza de estos derechos humanos básicos, que deben ser asegurados, en teoría, por el gobierno, por el Estado.
La asistencia económica es favorable, sin embargo es ridículo pensar que solo esa medida es necesaria para combatir a la pobreza. De nada sirve entregar dinero si las condiciones de vida digna no existen. Ciudad Juárez es una población a la cual siempre describen a partir de su potencial industrial como si este generara un impacto positivo en la localidad. Pero en realidad nuestra ciudad carece de oportunidades para todas las personas. La maquila ni las despensas, pueden ayudar al equilibrio de una ciudad afectada por la explotación laboral, la delincuencia organizada, el narcotráfico, las muertes. Se requiere responsabilidad social para tomar las decisiones que contribuyan al bien común. Al parecer ese ideal es solo una utopía dentro la realidad de los países, sus gobiernos y economías.
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