Esta semana que pasó, se llevó a cabo en el centro cultural universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el “Foro de consulta sobre la legislación secundaria en materia educativa”. En la inauguración, se hicieron pronunciamientos interesantes y se fijaron posturas oficiales. Por un lado, se mencionó el caso de la gratuidad de la educación superior y la universalidad de la misma para todos los aspirantes. Por el otro lado, había escepticismo.
El Rector de la UACJ, Ignacio Camargo, en su voz como anfitrión del evento, representó en un discurso muy bien estructurado, suave en la forma, duro en el fondo. El panorama de las universidades públicas no está tan claro como se vislumbra en los comunicados oficiales, hoy el tema de la universidad pública es el financiamiento, la calidad educativa, la gratuidad de la misma, la autonomía y por supuesto la universalidad.
La presencia de decenas de rectores, directores y funcionarios de primer nivel de Sinaloa, Baja California Sur, Baja California, Sonora y Chihuahua dan cuenta de la importancia del evento. El Secretario de Educación Pública en Chihuahua, Carlos González Herrera hizo un balance histórico de lo que representa para Chihuahua la educación universitaria y la media superior. Un auditorio “Gracia Pasquel” lleno, con más de 500 invitados y confirmados deben ser oídos en sus reclamos, exigencias y en las propuestas ventiladas.
Dentro de los principales resultados y/o conclusiones que podemos expresar es el éxito de la convocatoria, ya que se congregaron los actores esenciales de la educación en México, se construyeron modelos educativos “ideales”, se mencionó la existencia de grandes lagunas legales en materia educativa, el tema de la gratuidad no como una propuesta sino como una realidad que se impondrá de alguna manera, el tema del financiamiento y por supuesto la calidad educativa que se imparte.
La mesa que concentró una gran concurrencia fue la cuarta: “Ley General de Educación Superior”. En ella se vinculó el sector de investigación que no puede estar fuera de la Ley de Educación Superior, pero que en la práctica no reconoce derechos y obligaciones tanto de las universidades como la figura del profesor investigador. Una de las asistentes, mencionaba que la carga académica de los docentes miembros del Sistema Nacional de Investigadores no era respetada por las instituciones de educación superior y era necesario que se corrigieran dichas fallas.
Sobre la gratuidad hubo un consenso, sí a la gratuidad, pero condicionado a los resultados de los estudiantes, algo así como becas a la excelencia académica o bien por la condición de vulnerabilidad económica que puedan tener ciertos jóvenes. La propuesta en sí, no sólo es descabellada, sino que haría estragos a cientos de instituciones de educación superior, ya que es bajo esos recursos que se sostiene el gasto corriente de las universidades (agua, electricidad, gas, material de limpieza, mantenimiento, conservación de áreas verdes, y mil cosas) son sufragadas con las aportaciones de inscripción y matrícula.
Queda en claro entonces que las propuestas deben ser consensadas, no impuestas, el diálogo está abierto entre los docentes y directivos de instituciones quienes hablaron sobre los problemas reales que tiene la educación superior. Sólo esperamos que en los hechos las propuestas tengan un peso a la hora de las definiciones y no sólo sean una simulación para legitimar decisiones tomadas desde un escritorio, se requiere se tomen en cuenta a las regiones del país. Hay que reconocer las especificidades de cada rincón del país.
