La recuperación de Petróleos Mexicanos como una empresa puntal del desarrollo nacional fue uno de los ejes de la campaña a la Presidencia de la Republica del Lic. Andrés Manuel López Obrador y por el cuál se pronunciaron favorablemente en las urnas más de treinta millones de mexicanos en las elecciones federales pasadas.
Pemex durante muchos años fue la empresa más rentable de México, llegando a aportar hasta el 40% del presupuesto federal. Desafortunadamente, durante el período neoliberal, la empresa se administró atendiendo a intereses muy diversos, distintos a la generación de riqueza para beneficio de los mexicanos. Son del dominio público los múltiples escándalos de corrupción y la descapitalización de la que fue objeto mediante, entre otras cosas, la aplicación de un régimen tributario regresivo, qué en lugar de apostarle a la generación de flujo libre para el mantenimiento e incremento de sus actividades productivas, grava a la empresa sobre sus ingresos y no sobre sus utilidades. Esta situación debe cambiar y desde el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos estamos promoviendo ya la reforma al régimen fiscal de la empresa productiva del Estado.
La situación es muy difícil. La caída en el precio internacional del petróleo en un 75% en las pasadas tres semanas debido a la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita y simultáneamente el avance intempestivo de la pandemia del Covid-19 a nivel global, han detenido las economías y destruido la demanda de crudos y productos petrolíferos. Esta demanda había descendido sólo en dos ocasiones en los últimos 35 años, en 2008 y 2009.
Lo anterior ha provocado la necesidad de ajustar el Plan de Negocios a la realidad actual, pues, aunque este año se tienen contratadas las coberturas petroleras que le aseguran a la empresa un ingreso mínimo conforme al presupuesto elaborado para el 2020, es previsible que el precio de los hidrocarburos no regresará en el corto y mediano plazos, a los niveles que tuvieron al cierre del año pasado. Otra variable importante es el tipo de cambio, ya que el 80% de la deuda total de Pemex está contratada en dólares, casi U.S.$80,000 millones. Y en adición a lo anterior, dados todos los factores descritos, las calificadoras internacionales han reducido el grado de inversión tanto de Pemex como de la deuda soberana a la cuál está ligada. Por ello y en virtud de la coyuntura actual, resulta también aconsejable el que el Gobierno Federal asuma la deuda “no sostenible” de Pemex, entendiendo por este concepto aquella que, restadas las inversiones en bienes y gastos de capital (Capex) para mantener su planta productiva, pueda soportar con respecto a las nuevas proyecciones financieras y de producción.
Sin embargo en materia fiscal y financiera el reto es claro: 1) Pugnar para transformar el régimen tributario, liberar recursos y fortalecer las actividades exploratorias y extractivas en aquellos campos en los que de acuerdo al el nuevo precio internacional sea redituable su explotación; 2) Que el Gobierno Federal asuma el monto total de la deuda no sostenible de Pemex para resarcir el daño financiero causado por tantos años de cobros excesivos de impuestos; y 3) Desagregar el presupuesto de Pemex del Federal, para otorgarle mayor flexibilidad en la administración y manejo de su deuda.
El propósito es recuperar a la empresa como altamente productiva y mantenerla como el principal contribuyente fiscal de México para esta y muchas generaciones.
