La comunidad fronteriza del norte tiene una demanda histórica que finalmente un presidente escucha y atiende: Se trata de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, esos autos que sirven de sustento y alternativa para miles de familias en toda la zona de la frontera con Estados Unidos.
En aras de brindar soluciones eficientes, y evitar el contrabando, se propuso un plan de regularización que iniciará en las ciudades fronterizas y se extenderá a la totalidad de las entidades que comparten frontera con el vecino del norte.
No han faltado con este acuerdo, como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que, aseguran, se golpea al sector automotriz, ese que de antemano sabemos, es uno de los pilares sobre los que se sostiene la economía mexicana, asumiendo que quienes compran un auto económico de segunda mano serían los mismos compradores que podría tener la industria para autos nuevos de agencia.
Igualmente han dicho que afecta en los empleos y la economía familiar, lo que no aclaran es cómo, si precisamente esa utilidad que tienen los autos en la mayoría de familias mexicanas de la frontera es llevando a sus hijos a la escuela, para ir al trabajo o propiamente como instrumento de trabajo.
La realidad es que la regularización es un acuerdo exclusivamente aplicable a los autos que se localicen en los estados fronterizos y que no premia ni la ilegalidad ni la delincuencia; contrariamente, permitirá ubicar aquellos autos que se usan para actividades económicas lícitas y evitar que el resto sirvan para que grupos delincuenciales los utilicen para sus operaciones ilícitas, de tal forma que puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia, mientras que permite descriminalizar a las familias honestas y trabajadoras, de bajos y medios recursos, que recurren a autos de segunda mano por motivos de carácter económico.
Lo que las empresas automotrices tienen que entender es que no es contra ellos este decreto, al contrario, generar un mayor desarrollo económico para las familias también repercutirá a medio plazo en un mayor consumo para su industria. El objetivo principal no es ampliar las unidades que vienen de manera irregular, sino ayudar a las personas que en verdad tienen un automóvil en estas condiciones por necesidad, personas que no tienen quizá ni para uno usado, y que hasta antes de este acuerdo, el costo de la regularización era muchas veces mayor que el costo del auto por sí mismo.
Las personas que de distintas maneras adquirieron un auto “chocolate” no eran mercado para las agencias de autos, es decir, no eran personas que tuvieran en la mira la adquisición de un vehículo de agencia por la sencilla razón de que no les alcanza. Ahora, podrán circular con tranquilidad por la ciudad sin temor a que les decomisen sus autos, o a ser víctimas frecuentes de la corrupción.
Se estima que con la regularización ingresarán aproximadamente 50 mil millones de pesos, que se distribuirán para su administración entre las autoridades municipales conforme a lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación.
Por ello, considero que es una oportunidad de generar recursos con una perspectiva de justicia distributiva en función de lo recaudado, es decir, que las ciudades con más flujo de EU a México, que coinciden con una mayor concentración de autos “chocolate”, sean las que decidan cómo administrarlo. Y qué mejor que usar un recurso en la mejora de un problema de vialidad tan severo como es el de los baches en estas ciudades fronterizas, que precisamente sufren el desgaste de ser paso diariamente para millones de personas.
Todo, regularización e inversión en revestimiento de calles y carreteras es un plan estratégico, perfectamente estructurado para permitir condiciones de movilidad ciudadana más dignas y así dibujar un panorama más positivo en el que se atiendan todos los dolores de México, concentrados con mayor fuerza en las latitudes fronterizas, como la delincuencia, la corrupción, y la marginación económica.
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