/ jueves 17 de febrero de 2022

Sin confianza, nadie avanza

¿Usted confía en el gobierno? Hago esta pregunta así, a rajatabla sin hacer referencia previa a frase alguna o cita célebre, ya que el que le escribe pasó del asombro a la preocupación al leer más de un artículo en el que se habla de la poca confianza de las y los ciudadanos hacia las instituciones públicas. Más que una preocupación derivada de la ingenuidad, ésta proviene del pleno conocimiento: En la actualidad, con la legislación existente ¿es posible desconfiar? Y la pregunta se responde sola: no es la falta de leyes sino de la poca publicidad que se le da en ocasiones. Me entenderá a continuación.

Más allá de la falta de confianza a las instituciones y diversos procesos gubernamentales, están las causas y el hecho de que no podemos meter nuestro pasado bajo el tapete: no hace mucho que hicimos una transición hacia la democracia que no fue acompañada del empoderamiento social, dejando a la ciudadanía fuera de la toma de decisiones y de la evaluación de resultados. Aunque podríamos seguir dedicando líneas a aquellas condiciones que, de manera generalizada constituyen un antecedente de problemas estructurales que históricamente han afectado la legitimidad de los gobiernos, no entraremos a fondo a analizar las causas que nos han llevado a esta penosa situación: ponemos a consideración una posible solución.

Partiendo del supuesto de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, pretendemos centrarnos en los mecanismos de transparencia y combate a la corrupción como herramientas para transitar un camino en el que el parlamento abierto sea la vía para construir de nuevo la confianza de la ciudadanía. Sin mayor preámbulo, existe una figura conocida como “testigo social”, contemplada dentro de nuestra legislación y aplicable a adquisiciones, arrendamientos y contrataciones, así como a la realización de obra pública; al interior del Congreso ya se hace mención de la facultad que, como parte de la fiscalización tiene dicha figura en cuanto a la contraloría social.

Se preguntará quién lee acerca de la relevancia de esta figura y le explico: Promueve la incidencia de la sociedad civil en la conducción de procesos de contratación y los antes mencionados como un tercero habilitado para contribuir a la mejora continua de las instituciones, bajo los principios del combate a la corrupción y transparencia, disminuyendo las brechas entre actores públicos y sociales, ya que de la observación partimos a la generación de testimonios que contienen dichas observaciones y/o recomendaciones que quedan para consulta pública.

Y como dice el refrán popular: “El buen juez por su casa empieza” así que, quien le dirige estas palabras buscará que esta figura se ejerza no sólo bajo las condiciones que actualmente se prevén, sino desde esferas más amplias como la Ley de Participación Ciudadana, promoviendo además el actuar de testigos sociales en el proceso de fiscalización. Construyamos la confianza no como imposición, sino con soluciones que emanen de la ciudadanía.

¿Usted confía en el gobierno? Hago esta pregunta así, a rajatabla sin hacer referencia previa a frase alguna o cita célebre, ya que el que le escribe pasó del asombro a la preocupación al leer más de un artículo en el que se habla de la poca confianza de las y los ciudadanos hacia las instituciones públicas. Más que una preocupación derivada de la ingenuidad, ésta proviene del pleno conocimiento: En la actualidad, con la legislación existente ¿es posible desconfiar? Y la pregunta se responde sola: no es la falta de leyes sino de la poca publicidad que se le da en ocasiones. Me entenderá a continuación.

Más allá de la falta de confianza a las instituciones y diversos procesos gubernamentales, están las causas y el hecho de que no podemos meter nuestro pasado bajo el tapete: no hace mucho que hicimos una transición hacia la democracia que no fue acompañada del empoderamiento social, dejando a la ciudadanía fuera de la toma de decisiones y de la evaluación de resultados. Aunque podríamos seguir dedicando líneas a aquellas condiciones que, de manera generalizada constituyen un antecedente de problemas estructurales que históricamente han afectado la legitimidad de los gobiernos, no entraremos a fondo a analizar las causas que nos han llevado a esta penosa situación: ponemos a consideración una posible solución.

Partiendo del supuesto de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, pretendemos centrarnos en los mecanismos de transparencia y combate a la corrupción como herramientas para transitar un camino en el que el parlamento abierto sea la vía para construir de nuevo la confianza de la ciudadanía. Sin mayor preámbulo, existe una figura conocida como “testigo social”, contemplada dentro de nuestra legislación y aplicable a adquisiciones, arrendamientos y contrataciones, así como a la realización de obra pública; al interior del Congreso ya se hace mención de la facultad que, como parte de la fiscalización tiene dicha figura en cuanto a la contraloría social.

Se preguntará quién lee acerca de la relevancia de esta figura y le explico: Promueve la incidencia de la sociedad civil en la conducción de procesos de contratación y los antes mencionados como un tercero habilitado para contribuir a la mejora continua de las instituciones, bajo los principios del combate a la corrupción y transparencia, disminuyendo las brechas entre actores públicos y sociales, ya que de la observación partimos a la generación de testimonios que contienen dichas observaciones y/o recomendaciones que quedan para consulta pública.

Y como dice el refrán popular: “El buen juez por su casa empieza” así que, quien le dirige estas palabras buscará que esta figura se ejerza no sólo bajo las condiciones que actualmente se prevén, sino desde esferas más amplias como la Ley de Participación Ciudadana, promoviendo además el actuar de testigos sociales en el proceso de fiscalización. Construyamos la confianza no como imposición, sino con soluciones que emanen de la ciudadanía.