Las elecciones del pasado 1 de julio del 2018 en las que triunfó y se convirtió en gobierno el Proyecto Alternativo de Nación encabezado por el actual Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, representaron no sólo una alternancia en el orden de competencia federal, en el estatal (en Veracruz, Morelos, Tabasco, Chiapas y la Ciudad de México, esta última en la que, aunque presuntamente se mantenía un gobierno de izquierda, “de facto” representó una recuperación de poder, por haberse distanciado el gobierno de Miguel Ángel Mancera de los principios del citado proyecto) y en múltiples municipios, sino un cambio de régimen. Esto significó un viraje radical en la concepción y contenido de las políticas públicas que hasta el 1 de diciembre de ese año estuvieron en vigor en el país, como resultado de la prevalencia de un modelo neoliberal que entregó muy malas cuentas a la Nación: desigualdad, estancamiento económico y corrupción; esta última presente prácticamente en todos los ámbitos de la vida política y económica. Tres fueron los ejes principales por los que se pronunció la gente: 1) la atención primordial a la población marginada, “Por el bien de México, primero los pobres …”; 2) el combate a la corrupción y, como medio para lograr lo anterior, 3) la recuperación de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional para fortalecer su soberanía y su régimen democrático, tal y como lo establece el artículo 25 constitucional.
Dentro del esfuerzo de recuperación de los poderes del Estado, un factor fundamental es el ámbito energético; entender a la soberanía energética como la capacidad para la toma de decisiones en relación con la generación, el uso, propósito, control y acceso a la energía. Una capacidad que está directamente influenciada por la forma en que la misma sociedad ha construido sus necesidades y por el propósito social que debe asignársele a la energía. Nuestro modelo de desarrollo debe considerar a la energía como un derecho humano y no estrictamente como una mercancía o un “commodity”. Esto sin subestimar los principios de racionalidad y eficiencia que deben estar siempre presentes en la gestión y explotación de los recursos naturales, para maximizar su redituabilidad en beneficio de la Nación. El ejercicio de la soberanía energética es un instrumento de empoderamiento social, que brinda a la comunidad política la capacidad para democráticamente ejercer el control racional de sus recursos energéticos.
Pemex se entregó al actual gobierno en un estado de deterioro inusitado, resultado de años de rapiña y saqueo. Una tendencia declinante de 16 años en las reservas y producción de petróleo y gas, reducción de sus equipos de exploración y perforación y un endeudamiento irresponsable que se duplicó en los últimos 10 años, llegando a representar $105,000. millones de dólares, cifra equivalente al valor de sus activos.
La administración actual ha logrado contener y revertir la caída en la producción y constitución de reservas, así como reestructurar su deuda financiera y recuperar la actividad industrial de refinación. La tarea no es sencilla, máxime con el reciente deterioro del entorno internacional y la caída en los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, el mandato es claro: generar la mayor renta económica para el Estado Mexicano de los recursos energéticos (petróleo y gas), entendiendo como renta económica al valor excedente del costo total de su aprovechamiento (incluyendo el rendimiento del capital). Se trata de recuperar la renta económica para la Nación Mexicana mediante el ejercicio pleno de la soberanía energética y mantener a la empresa como palanca del desarrollo nacional, tal como la concibió el general Lázaro Cárdenas del Río cuándo decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, hace ya 82 años.
