Coincidencias.
El pasado martes el presidente López visito la ONU pues nuestro país asumió la presidencia del consejo de seguridad. La revistar francesa Charlie Ebdo, publicó una portada alusiva en la que cuestionaba la capacidad de nuestro país para procurar la seguridad del mundo mientras en el interior la violencia continúa en aumento y año tras años deja más víctimas fatales y se ejerce de forma más despiadada en extensiones cada vez más amplias del territorio.
En la sesión del consejo el presidente habló de sus temas favoritos: la desigualdad y el combate a la corrupción. Los representantes de Rusia y China le hicieron ver que ese no era el foro, que el consejo de seguridad no tienen ni las facultades ni los elementos para abordar esos temas. El presidente no ignora eso, pero tampoco le interesa, el sigue en lo suyo, y desde cualquier micrófono y ante cualquier cámara sigue hablándole a su público haciéndose aparecer como el paladín de los pobres y el prototipo de honestidad.
Pero hablando de combate a la corrupción me parece que hay un detalle que no debe pasar desapercibido, y no me refiero al fulminante cese de Santiago Nieto al frente de la unidad de inteligencia financiera; ni mucho menos al infame relevo designado en la persona de Pablo Gómez, cuyo atavismo permite avizorar el establecimiento de una KGB para lo que resta del sexenio. No.
El presidente ha abandonado suelo mexicano sólo en dos ocasiones: la primera de ellas para hacerle el favor a su amigo Trump e intentar granjearle el voto mexicano en su campaña de reelección, la cual no obtuvo. Esa visita fue el ocho de julio de dos mil veinte, y coincidió con la detención en Miami del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Dieciséis meses más tarde el mandatario vuelve a pisar suele estadounidense, horas después de que un juez ordenara la extradición del famoso reo para que enfrente los cargos que se le han formulado en tierras mexicanas.
Duarte ha sido el objetivo principal de la operación justicia para Chihuahua, que si bien ya ha procesado a más de dos decenas de sus excolaboradores y cómplices, y obtenido su condena y la reparación del daño; el exgobernador personifica la corrupción institucionalizada, en su gestión al frente de la administración pública de nuestros estado se marcó estableció un sistema completo para dirigir la acción gubernamental a lucrativos negocios de los cuales recibía participación y compartía con personalidades de todo tipo.
Puede pensarse que la extradición de Duarte llega tarde ahora que quienes promovieron y trabajaron para integrar los expedientes en su contra no están ya en las oficinas públicas. Habrá tal vez quien piense que esta circunstancia puede debilitar los esfuerzos saneadores y terminar beneficiando al reo (Duarte sin duda lo quiere). Tal vez estemos frente a la materialización del viejo dicho, la justicia se tarda pero llega.
También puede pensarse que la coincidencia de los únicos dos viajes presidenciales a tierras gringas y las dos noticias más importantes en el caso del exgobernador han sido planeadas para poner bajo los reflectores, ante propios y extraños, los esfuerzos de la presente administración federal en el combate a la corrupción, lo que hace mucho sentido como antífona del discurso en la ONU.
Lo cierto es que el exgobernador enfrenta al menos once procesos judiciales, y uno de ellos es de carácter federal, si la actual presidencia quiere colgarse del trabajo realizado por la administración de Corral y convertir a Duarte en su trofeo de caza, a los chihuahuenses (al menos a la mayoría) lo que nos interesa es que ese personaje pague los tremendos perjuicios ocasionados durante su lamentable gestión.
El asunto de orden federal tiene que ver con el desvió de recursos de la Secretaría de Educación Pública para financiar campañas del PRI, el ahora depuesto Santiago Nieto fue un aliado en este tema, y es una causa que todavía puede darle mucho material a la administración si es que en serio desea investigar y sancionar los abusos cometidos durante la administración de Peña.
Recordemos todos los esfuerzos que realizó la cúpula peñista por obtener la liberación de Alejandro Gutiérrez, colaborador de Manlio Flavio Beltrones y preso a consecuencia de la misma investigación. El mismo empeño pusieron los peñistas para que Duarte no regrese a México, temerosos de lo que pueda decir durante su proceso. Ahora que la causa de Lozoya ha desmerecido, Duarte pudiera ser un instrumento para el presidente López.
Desde luego que en Chihuahua son muchos los que vuelven a padecer afectaciones a su ciclo de sueño que habían recuperado hace apenas dos meses. Recordemos también que las investigaciones realizadas involucran no sólo a exfuncionarios de la administración de Duarte, también hay particulares que participaron de los actos corruptos. Empresarios, comunicadores, líderes sociales y religiosos, y políticos de todos los colores y sabores fueron alcanzados por la codicia y cedieron a los ofrecimientos duartistas. Seguramente dará mucho de que hablar.
Y donde parece que no dan muchas ganas de hablar es en la administración estatal. Lo digo por el caso de Eduardo Fernández, hoy exdirector de transporte, quien se atrevió a opinar sobre la necesidad de revisar la tarifa de dicho servicio público y fue fulminantemente cesado por discrepar de previas declaraciones de la gobernadora. Preocupa, no el hecho de que se prohíba disentir, sino lo que en el fondo demuestra: que el proyecto integral de modernización del transporte en nuestra ciudad no acaba de ser plenamente comprendido por los actuales funcionarios, y el que ello nos condene a seguir padeciendo un transporte indigno. Pero a ello le entramos con más ganas otro día en que nos encontremos hablando de…
