/ sábado 4 de diciembre de 2021

Y hablando de…

Tomás, Sol y el poder.

Hace tiempo la organización Plan Estratégico me invitó a realizar un recorrido por la ciudad que me parece denominaban “el tour del terror”. Durante el camino se podían apreciar los graves problemas en el desarrollo urbano de la ciudad. Recuerdo ir circulando por una avenida de tres carriles en cada sentido con camellón en medio que al pasar un crucero se reducía a dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. No fue el único caso que observamos, como ese hay muchos.

Lamentablemente nuestra ciudad ha carecido de una rectoría adecuada para su desarrollo, “Juárez crece, pero no se desarrolla” fue incluso el título de un simposio que la propia organización sostuvo hace ya una década según recuerdo.

En 1995 la administración de Francisco Villarreal Torres aprobó un Plan Director de Desarrollo con una visión hasta el año 2020. En él se contemplaban áreas de reserva ecológica en las que el aprovechamiento del espacio debía ser compatible y preferente para áreas de convivencia comunitaria, y se estableció como límite de crecimiento de la ciudad al suroriente los terrenos que fueron expropiados en el lote Bravo.

Para garantizar el apego del desarrollo de la ciudad a lo establecido en el plan, se creó el Instituto de Investigación y Planeación, y se le dotó de recursos suficientes para cumplir su misión. Lamentablemente esa visión no se siguió.

El gobierno de Patricio Martínez fue el primero en violar el plan, desarrollando vivienda en el área inundable de la Laguna de Patos y luego el adefesio de Riberas del Bravo; ambos fuera de los límites contemplados por el plan director. Para colmo, despojó al municipio de la única reserva territorial que tenía y revirtió la expropiación del lote Bravo.

Al llegar la primera administración de Héctor Murguía se desvalijó al IMIP, y desde entonces ha permanecido prácticamente como una dependencia más de la administración municipal en turno.

Luego administraciones municipales fueron aprobando planes parciales que lo mismo estiraron la ciudad hasta los límites del municipio con Ascensión, por el noreste; que a tiro de piedra de Samalayuca, en el suroriente. Y falta que un día de estos se desarrolle el nuevo centro de población aprobado en San Agustín para terminarla de crucificar.

También se inició el desarrollo del área en torno a la calle Valle de Sol, que en el plan de 1995 estaba considerada como reserva ecológica. Hoy miles de familias habitan la zona y una multitud de negocios de todos los tamaños y giros se ubican sobre, o alrededor de esa estrecha vialidad que para la inmensa mayoría de vecinos y visitantes es la única vía de acceso.

Los vendedores de los fraccionamientos siempre decían a sus prospectos de clientes que en un futuro, muy inmediato, se construiría la prolongación de la Ave. Tomás Fernández, y con ello se daría una gran fluidez al tráfico de la zona. Hace más de una década se autorizó la construcción de un centro educativo de nivel superior condicionándole a construir su acceso por dicha avenida, sin que hasta la fecha haya ocurrido.

¿Por qué no se ha construido la prolongación de la avenida? ¿Por qué no se obligó al centro educativo a construir su acceso antes de construir sus instalaciones? ¿Por qué las avenidas de seis carriles de pronto desembocan en callejuelas de voy y vengo?

La respuesta es la misma para todas las preguntas: la ciudad carece del poder suficiente para obligar a los particulares a desarrollar sus predios. Cuando un particular decide hacer algo en su terreno, debe cumplir con las especificaciones del plan director; si marca una vialidad de seis carriles, debe construir la parte que le corresponde, es decir, tres de los seis, por la colindancia de su terreno. Pero si su vecino aún no se decide construir, la ciudad tiene que esperar a que le den ganas para que se puedan construir los otros tres carriles. Por ese motivo en ocasiones circulamos por una vialidad muy bien pavimentada, luego atravesamos un terreno baldío, y luego nos volvernos a conectar con la otra parte de la vialidad.

Es necesario generar las herramientas para que la ciudad pueda realmente llevar su desarrollo al ritmo que requiere; indispensable también establecer un esquema para repartir los costos del mismo. Cuando se desarrolla una vialidad no sólo se benefician los propietarios del predio y sus colindantes, sino que genera una plusvalía en la zona; es justo que todos los beneficiados contribuyan a cubrir los costos del desarrollo del cual se aprovechan.

La actual administración anunció que al fin se desarrollará la prolongación de la Ave. Tomás Fernandez y también la Valle del Sol, hasta unirlas en un punto del cual ambas vialidades se conectarán al Boulevard Juan Pablo Segundo. Este proyecto tenía más de un lustro durmiendo porque los tres particulares por donde el trazo inicial marcaba la conexión al boulevard no quisieron dar su autorización para ejecutarlo. Finalmente, otro particular entendió el beneficio del proyecto y accede a que se realice sobre su propiedad. De nueva cuenta vemos como el desarrollo de la ciudad depende de la aquiescencia de un ciudadano.

El proyecto hará posible también el cumplimiento de una de las obligaciones que tiene el Fideicomiso de Puentes Fronterizos para enlazar el puente Zaragoza con el Juan Pablo II, construyendo un paso elevado sobre el boulevard, para dar acceso seguro a quienes salgan del sur, y un par vial en las calles Ramón Rayón y Nardos que permitirán conectarse con la Ave. Waterfill.

Además, existe otro proyecto aprobado por los comités del mismo Fideicomiso para construir un paso inferior en la intersección de Valle del Sol y Francisco Villarreal, lo que aliviará en buena medida los dolores de cabeza que todos los días padecen los miles de habitantes de esa zona.

Y si hablamos del raquitismo institucional que padece la ciudad, mejor ni hablemos de los problemas que la corrupción y el cuatismo han generado en el desarrollo de la misma, a eso si quiere le entramos otro día en que nos encontremos hablando de…

Tomás, Sol y el poder.

Hace tiempo la organización Plan Estratégico me invitó a realizar un recorrido por la ciudad que me parece denominaban “el tour del terror”. Durante el camino se podían apreciar los graves problemas en el desarrollo urbano de la ciudad. Recuerdo ir circulando por una avenida de tres carriles en cada sentido con camellón en medio que al pasar un crucero se reducía a dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. No fue el único caso que observamos, como ese hay muchos.

Lamentablemente nuestra ciudad ha carecido de una rectoría adecuada para su desarrollo, “Juárez crece, pero no se desarrolla” fue incluso el título de un simposio que la propia organización sostuvo hace ya una década según recuerdo.

En 1995 la administración de Francisco Villarreal Torres aprobó un Plan Director de Desarrollo con una visión hasta el año 2020. En él se contemplaban áreas de reserva ecológica en las que el aprovechamiento del espacio debía ser compatible y preferente para áreas de convivencia comunitaria, y se estableció como límite de crecimiento de la ciudad al suroriente los terrenos que fueron expropiados en el lote Bravo.

Para garantizar el apego del desarrollo de la ciudad a lo establecido en el plan, se creó el Instituto de Investigación y Planeación, y se le dotó de recursos suficientes para cumplir su misión. Lamentablemente esa visión no se siguió.

El gobierno de Patricio Martínez fue el primero en violar el plan, desarrollando vivienda en el área inundable de la Laguna de Patos y luego el adefesio de Riberas del Bravo; ambos fuera de los límites contemplados por el plan director. Para colmo, despojó al municipio de la única reserva territorial que tenía y revirtió la expropiación del lote Bravo.

Al llegar la primera administración de Héctor Murguía se desvalijó al IMIP, y desde entonces ha permanecido prácticamente como una dependencia más de la administración municipal en turno.

Luego administraciones municipales fueron aprobando planes parciales que lo mismo estiraron la ciudad hasta los límites del municipio con Ascensión, por el noreste; que a tiro de piedra de Samalayuca, en el suroriente. Y falta que un día de estos se desarrolle el nuevo centro de población aprobado en San Agustín para terminarla de crucificar.

También se inició el desarrollo del área en torno a la calle Valle de Sol, que en el plan de 1995 estaba considerada como reserva ecológica. Hoy miles de familias habitan la zona y una multitud de negocios de todos los tamaños y giros se ubican sobre, o alrededor de esa estrecha vialidad que para la inmensa mayoría de vecinos y visitantes es la única vía de acceso.

Los vendedores de los fraccionamientos siempre decían a sus prospectos de clientes que en un futuro, muy inmediato, se construiría la prolongación de la Ave. Tomás Fernández, y con ello se daría una gran fluidez al tráfico de la zona. Hace más de una década se autorizó la construcción de un centro educativo de nivel superior condicionándole a construir su acceso por dicha avenida, sin que hasta la fecha haya ocurrido.

¿Por qué no se ha construido la prolongación de la avenida? ¿Por qué no se obligó al centro educativo a construir su acceso antes de construir sus instalaciones? ¿Por qué las avenidas de seis carriles de pronto desembocan en callejuelas de voy y vengo?

La respuesta es la misma para todas las preguntas: la ciudad carece del poder suficiente para obligar a los particulares a desarrollar sus predios. Cuando un particular decide hacer algo en su terreno, debe cumplir con las especificaciones del plan director; si marca una vialidad de seis carriles, debe construir la parte que le corresponde, es decir, tres de los seis, por la colindancia de su terreno. Pero si su vecino aún no se decide construir, la ciudad tiene que esperar a que le den ganas para que se puedan construir los otros tres carriles. Por ese motivo en ocasiones circulamos por una vialidad muy bien pavimentada, luego atravesamos un terreno baldío, y luego nos volvernos a conectar con la otra parte de la vialidad.

Es necesario generar las herramientas para que la ciudad pueda realmente llevar su desarrollo al ritmo que requiere; indispensable también establecer un esquema para repartir los costos del mismo. Cuando se desarrolla una vialidad no sólo se benefician los propietarios del predio y sus colindantes, sino que genera una plusvalía en la zona; es justo que todos los beneficiados contribuyan a cubrir los costos del desarrollo del cual se aprovechan.

La actual administración anunció que al fin se desarrollará la prolongación de la Ave. Tomás Fernandez y también la Valle del Sol, hasta unirlas en un punto del cual ambas vialidades se conectarán al Boulevard Juan Pablo Segundo. Este proyecto tenía más de un lustro durmiendo porque los tres particulares por donde el trazo inicial marcaba la conexión al boulevard no quisieron dar su autorización para ejecutarlo. Finalmente, otro particular entendió el beneficio del proyecto y accede a que se realice sobre su propiedad. De nueva cuenta vemos como el desarrollo de la ciudad depende de la aquiescencia de un ciudadano.

El proyecto hará posible también el cumplimiento de una de las obligaciones que tiene el Fideicomiso de Puentes Fronterizos para enlazar el puente Zaragoza con el Juan Pablo II, construyendo un paso elevado sobre el boulevard, para dar acceso seguro a quienes salgan del sur, y un par vial en las calles Ramón Rayón y Nardos que permitirán conectarse con la Ave. Waterfill.

Además, existe otro proyecto aprobado por los comités del mismo Fideicomiso para construir un paso inferior en la intersección de Valle del Sol y Francisco Villarreal, lo que aliviará en buena medida los dolores de cabeza que todos los días padecen los miles de habitantes de esa zona.

Y si hablamos del raquitismo institucional que padece la ciudad, mejor ni hablemos de los problemas que la corrupción y el cuatismo han generado en el desarrollo de la misma, a eso si quiere le entramos otro día en que nos encontremos hablando de…

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