El Insabi
Híjole, qué buen relajo se hizo. Montados en la ola de su abrumadora mayoría, el gobierno de Morena tomó una decisión que está afectando a la población más vulnerada de nuestro país: modificó el régimen de salud pública, desapareciendo el Seguro Popular y sustituyéndolo a partir del primer día de este año con el Instituto de Salud para el Bienestar.
De golpe y porrazo millones de mexicanos que accedían a los servicios de salud en todo el país mediante su póliza, cayeron en la incertidumbre, muchos de ellos aún no saben quién y dónde les atenderá sus padecimientos; muchos otros ya están enterados que, lamentablemente, el esquema planteado por este gobierno no les cubrirá los casos más delicados; pues la ley aprobada por la mayoría morenista establece que el Insabi sólo atiende padecimientos de primer y segundo nivel, no los de alto costo y complejidad, como cáncer y VIH. Esto es a todas luces un perjuicio, un retroceso.
A la desorganización inicial debida a que este instituto nace sin reglas de operación, sin manuales, sin una planeación detallada de su implantación, sin una fase piloto de prueba; que en este momento se manifiesta en falta de instalaciones, médicos y medicinas, se suma la desinformación: no hubo una campaña prolífica para hacer llegar a cada derechohabiente del anterior Seguro Popular cuál sería su situación al entrar el nuevo esquema.
Según datos dados a conocer por los ex secretarios de Salud Julio Frenk y Salomón Chertorivski, el seguro popular atendía en promedio cada día a un millón de mexicanos, otorgaba 900 mil consultas, atendía 4 mil 500 nacimientos, realizaba12 mil cirugías; ya se puede imaginar el tamaño de la afectación de la que estamos hablando.
¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al actual gobierno a tomar una determinación que agrede de tal manera a tantos mexicanos? No se sabe.
Se habla de corrupción en la operación del sistema, el argumento favorito para justificar casi cualquier decisión presidencial. Definitivamente nadie puede defender la corrupción, pero no se trata de hacerle como los gatos: echar tierra sobre la porquería y seguir adelante, no se vale. Hablan de ocho estados en los que malversaron nueve mil millones de pesos, ¿y luego?, ¿cuáles estados y quiénes en esos estados?, ¿ya iniciaron procesos contra los responsables? Si los administradores del sistema actuaron mal, al bote, pero no se vale castigar a los enfermos por las raterías de otros.
Ahora que, si a corruptelas vamos, el presidente López debe explicar el destino, no de nueve, sino de los cuarenta mil millones de pesos que los afiliados al antiguo seguro popular acumularon en el fondo para la atención de enfermedades catastróficas, y que hoy nadie sabe donde quedaron. Los recursos que los derechohabientes aportaban a ese fondo permitían atender los tratamientos más costosos, que el nuevo esquema no cubre.
La improvisación y desorganización vienen siendo la marca de este gobierno, pero el presidente asegura que las fallas se van acabarán al igual que se acabó el huachicoleo con la guerra que en su contra emprendió hace un año. Alguien debe decirle que ese problema no se acabó, ni siquiera ha disminuido, todos los datos oficiales demuestran que está creciendo más que antes.
Ciertamente nuestro sistema de salud pública no era el más envidiable del mundo, y todos merecemos atención digna y oportuna, pero de nueva cuenta el gobierno morenista opta por un salto al vacío, eliminando de tajo un esquema de prestación de servicios, mejorable, cierto, pero que contaba incluso con reconocimiento internacional, y sustituyéndolo por un experimento inacabado, pensando tal vez que la buena voluntad hará que todo marche bien, o que la enorme popularidad que aún conserva el presidente hará que el desorden pase inadvertido. Con la salud no se juega, simplemente no se vale.
En una más de las contradicciones de este gobierno, que se la pasa hablando del respeto a los derechos laborales, al cancelar el Seguro Popular se dejó bailando a cerca de ochenta mil trabajadores del mismo en todo el país, a quienes simplemente se les dijo que dejarían de trabajar el último día del año pasado, sin cubrirles ningún tipo de liquidación ni darles espacio en la operación del nuevo esquema.
Por otro lado, operación del sistema requiere la adhesión de los gobiernos estatales, y vincula a transferir al gobierno federal la infraestructura de salud. Este ánimo centralista ha llevado a varios estados, al menos ocho y entre ellos Chihuahua, a tomar la decisión de no afiliarse al sistema, por lo menos mientras no se demuestre la funcionalidad del mismo. De esta manera el gobierno de Chihuahua garantiza los servicios de salud a todos los anteriores usuarios del Seguro Popular, minimizando la afectación.
Expertos en salud pública hablan sobre el grave retroceso que significa la instauración de este sistema, y calculan un atraso de cuarenta años en la materia. Lo cierto es que el reloj del país se está retrasando cuarenta años, en todas las materias. La ruta que hoy se traza nos lleva a concentrar nuevamente el poder en la omnipotente figura del presidente de la república. A paso constante y acelerado se van desgastando las instituciones que tomó décadas construir, y por asalto se apoderan de su control.
Los senadores del PAN solicitaron un período extraordinario urgente para que se reforme la Ley General de Salud y garantizar la gratuidad de los servicios que presta el Insabi. Confiemos en que los morenistas pongan la salud de los mexicanos por encima del interés político y puedan corregir los entuertos.
La salud de las personas es un tema muy delicado, con esta decisión se afecta a millones de personas. Por el bien de ellas, ojalá y el experimento resulte bien, pero tal vez hayan ido ya demasiado lejos. Vamos viendo qué pasa y lo platicamos otro día en que nos encontremos hablando de…
