Programas para el Bienestar ya son derechos garantizados en la Constitución
La reforma asegura que estos programas se mantendrán como derechos irrenunciables de las y los mexicanos
Connie Ramírez / Diario del Sur
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se implementaron los Programas para el Bienestar, con el objetivo de combatir la pobreza, fomentar la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones de vida de los sectores más necesitados del país. En diciembre de 2024, esta visión fue consolidada con una reforma constitucional liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien concluyó el proceso para plasmar estos programas en la Carta Magna, fortaleciendo los ya existentes e incorporando nuevos beneficios.
Con su firma y la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se reafirma el carácter obligatorio del Estado mexicano para garantizar estos programas sin importar el gobierno en turno. Esta reforma, propuesta originalmente por López Obrador el 5 de febrero de 2024, marca el inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación, según la visión de Sheinbaum.
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Sembrando Vida
En las zonas rurales, donde se concentra gran parte de la riqueza natural de México pero también los mayores índices de pobreza, este programa otorga un jornal seguro y permanente a campesinos que cultivan árboles frutales, maderables y especies procesables, incentivando la preservación ambiental y la economía rural.
Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar
Productores de pequeña escala reciben un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos para mejorar la productividad de cultivos prioritarios como maíz, arroz y frijol, promoviendo la autosuficiencia alimentaria.
Bienpesca
Este programa brinda un apoyo anual directo, sin intermediarios, a pescadores de pequeña escala, mejorando sus condiciones de vida y fortaleciendo la producción pesquera.
Precios de Garantía
Con esta reforma, se establecen precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo panificable, asegurando ingresos justos para los pequeños productores.
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Las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad también se fortalecieron. La reforma reduce la edad para recibir la pensión universal de 68 a 65 años y establece que el financiamiento será responsabilidad tanto del Gobierno federal como de las entidades federativas. Además, se prohíbe disminuir los recursos destinados a estas pensiones respecto al año anterior, garantizando su progresividad.
Garantías Constitucionales
La reforma a los artículos 4º y 27 de la Constitución asegura que estos programas se mantendrán como derechos irrenunciables de las y los mexicanos. Su aprobación pasó por la Cámara de Diputados, el Senado y la mayoría de los Congresos estatales, y con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ahora forma parte integral de la Constitución.
Estos cambios reflejan el compromiso del Estado mexicano con la justicia social, buscando reducir la desigualdad y garantizar una vida digna para toda la población.