Ante la inseguridad, hace falta verdadera coordinación y voluntad política: Alex Domínguez
El presidente del PRI Chihuahua advirtió que el Gobierno Federal tardó tres meses en presentar la estrategia de seguridad ante los senadores
Karla Isabel Carmona Espinoza
Alejandro Domínguez Domínguez, diputado federal del PRI por Chihuahua, detalló en entrevista para esta casa editora, el atraso legislativo que estaba presentando la Federación en materia de seguridad nacional, luego de que las autoridades presentaran con tres meses de retraso ante la Cámara de senadores la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El legislador explicó que, según el tercer párrafo del Artículo 69 de la Constitución Mexicana, los titulares en materia de seguridad deben presentar su estrategia al inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, para que el dictamen sea analizado y avalado por los senadores.
Sin embargo, la propuesta fue apenas remitida a la Comisión de Seguridad unas semanas antes de concluir abril, y aprobada con 105 votos a favor en la Sesión Ordinaria realizada el 30 de abril en la Cámara Alta.
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Este hecho, explicó Domínguez, deja como evidencia el atraso en cuanto a estrategias de seguridad que existe en el país, pues a pesar de la narrativa que se ha difundido por parte del Gobierno Federal, la delincuencia organizada y la comisión de delitos federales no ha disminuido.
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La iniciativa, dirigida hacia el Congreso de la Unión, contempla modificar varios artículos de la Ley General de Protección Civil y de la Ley del Servicio MilitarA su vez, mencionó que el retraso fue debido a que el dictamen se socializó primero en una rueda de prensa matutina de la presidenta nacional, en lugar de haber sido remitido de forma directa a los parlamentarios para que se discutiera su viabilidad normativa y si funcionaría o no.
“Presentaron la propuesta en la mañanera, pero ya no la mandaron al pleno hasta después. Es una omisión a sus obligaciones legales, si vas atrasado en lo formal imagínate en los hechos”, lamentó.
Recordó que, en el periodo del 2008 al 2011, Chihuahua se enfrentó a una crisis de seguridad debido a la presencia del crimen organizado en varios puntos de la entidad, misma que pudo ser sobrellevada con la coordinación entre el entonces gobernador, José Reyes Baeza Terrazas, y las autoridades federales.
Este mismo actuar se requiere, dijo, en la actual problemática de inseguridad que enfrenta México, la cual se hizo evidente con el descubrimiento del campo de exterminio ubicado en el Rancho Izaguirre, en Guadalajara.
“Es lo que se debe hacer en el Estado y en el país: detener a los delincuentes, no echarle la culpa a los demás”, precisó.
Las declaraciones surgen luego de que, el pasado 26 de abril, miembros de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram), realizaran un bloqueo frente a las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de la República, en protesta por los robos y “cobros de piso” indebidos en las carreteras.
Acompañados del activista Julián LeBarón, reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos y contra el crimen organizado, alrededor de cerca camiones de transporte bloquearon la circulación por la Avenida Universidad, usando todo el tramo comprendido entre la División del Norte y calle Ramírez Calderón.
Este acto provocó el congestionamiento vial desde la glorieta de Francisco Villa con dirección al centro de la capital por un lapso aproximado de cuatro horas seguidas.
Días después, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, reconoció en entrevista que el conflicto padecido en Sinaloa desde hace ya ocho meses ha dejado huella de hechos violentos en el estado de Chihuahua.
La alarma, indicó Loya, fue el repunte en el número de homicidios dolosos en la entidad, por enfrentamientos entre miembros del crimen organizado en municipios como Moris, Aldama, Ojinaga y Guadalupe y Calvo.
En ese sentido, Domínguez precisó que hacía falta una verdadera coordinación y confianza entre las autoridades estatales y federales, así como voluntad política, ya que el crimen organizado no puede ser más poderoso que el propio Estado de Derecho.