Denuncian vecinos del Residencial Leones que el sistema de descargas residuales ha sido rebasado
El abogado de los vecinos explicó que desde el inicio del proyecto se planteó una infraestructura limitada, sin embargo, con la expansión del fraccionamiento, el sistema de drenaje quedó insuficiente
Ricardo Holguín / El Heraldo de Chihuahua
Vecinos del Residencial Leones, ubicado en la salida de Chihuahua hacia Aldama, denunciaron una serie de afectaciones en su comunidad, señalando que el sistema de descargas residuales ha sido rebasado. Esto, aseguran, se debe a que el proyecto originalmente contemplaba dos etapas, pero actualmente ya se encuentra en fase de diseño de la quinta etapa del desarrollo inmobiliario.
El abogado Juan Carlos Mendoza, quien representa legalmente a los vecinos, explicó que desde el inicio del proyecto se planteó una infraestructura limitada para el manejo de aguas residuales. Sin embargo, con la expansión del fraccionamiento, el sistema de drenaje quedó insuficiente, generando un problema persistente para los residentes.
Los colonos aseguran que las aguas residuales no son manejadas adecuadamente y que se están vertiendo de forma ilegal en arroyos y ríos, en violación a la Ley de Aguas Nacionales, lo que ha provocado malos olores y retorno de aguas sucias a los domicilios.
Ante esta situación, los vecinos interpusieron un juicio de amparo para que la justicia federal analice las quejas relacionadas con el manejo de aguas residuales, la imposición de cuotas, la ejecución de actos propios de la autoridad municipal, así como la prohibición de organizarse libremente.
Los habitantes del fraccionamiento presentaron la demanda de amparo indirecto 660/2025 contra el Ayuntamiento de Aldama, Chihuahua, y la empresa Sociedad e Inmobiliaria Leones S.A. de C.V., a quienes acusan de violar derechos constitucionales y de actuar como autoridades de facto en las etapas III y IV del Residencial. Denuncian que la empresa ha usurpado funciones públicas, ejerciendo un control absoluto sobre la administración sin consentimiento ni participación de los condóminos.
Los firmantes advierten que las condiciones actuales representan un riesgo grave para la salud y el medio ambiente, al carecer de una infraestructura adecuada. El agua contaminada se vierte directamente en cuerpos de agua federales, lo que refuerza la necesidad de intervención judicial urgente para proteger tanto sus derechos como el entorno natural.
La situación se agrava por la falta de conexión al drenaje municipal, la ausencia de una planta tratadora de aguas residuales, y la descarga directa a canales que desembocan en cuerpos de agua como el arroyo La Mesa y el río Chuvíscar. Todo ello en contravención a la Ley de Aguas Nacionales, representando un riesgo inminente para la salud pública y un daño ecológico significativo.
Por estas razones, los residentes promovieron un amparo alegando violaciones a derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales, incluyendo el derecho de libre asociación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la legalidad y el acceso a la justicia. Exigen poder organizar una nueva administración vecinal y que se garantice una gestión adecuada de los servicios comunes.
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El abogado explicó que la queja central radica en que la empresa, actuando como administradora, impide que los vecinos se organicen legalmente, violando su derecho de libre asociación. Además, ha incurrido en actos discriminatorios, al negar el estatus de condóminos a quienes no cuentan con escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad, excluyéndolos de toda participación en asambleas o decisiones administrativas.
Asimismo, denuncian que la empresa realiza funciones que corresponden al municipio, como la prestación de servicios públicos, sin contar con facultades legales ni convenios que lo autoricen. Esto ha derivado en riesgos sanitarios y ambientales graves, incluyendo el manejo inadecuado de aguas residuales.
También reclaman la imposición de una administración ajena a su voluntad, que opera sin elecciones democráticas ni consulta vecinal desde el inicio del régimen de condominio. A ello se suma la imposición de cuotas económicas sin base legal, que se cobran mediante mecanismos coercitivos, lo que constituye una violación directa a sus derechos fundamentales.
La demanda destaca que, aunque muchos condóminos no figuran formalmente en el juicio, comparten las mismas afectaciones y han mostrado su respaldo a través de listas firmadas. La razón principal por la que no se suman al litigio es la imposibilidad económica de obtener copias certificadas de sus escrituras, requisito necesario para incorporarse legalmente al proceso judicial.
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