Modelo de multas a narcocorridos de Chihuahua capital atrae el interés nacional
Gobernadores de otras entidades buscan replicar la estrategia propuesta por Marco Bonilla; se discuten también reformas para regular redes sociales y contenidos violentos
Daniela Padilla
Los gobernadores de entidades como Jalisco, Tijuana y Hermosillo han mostrado interés en replicar el modelo de multas a intérpretes de narcocorridos, así lo dio a conocer el alcalde Marco Bonilla Mendoza, quien recordó una medida recientemente adoptada en la capital para frenar la apología del delito y de la violencia en contra de la mujer.
El edil informó que, durante su visita al Congreso de la Unión, participó en una reunión donde se abordaron diversos temas de interés nacional, donde se destacó el compromiso de trabajar en conjunto en una iniciativa de reforma que contemple tanto el control del contenido musical violento como el uso de redes sociales por parte de menores de edad, con una visión integral y orientada a la protección de la familia.
La primera sesión del órgano de gobierno fue encabezada por el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez, quien presentó una propuesta enfocada en la regulación del uso de redes sociales con contenido violento, especialmente entre menores de edad, como parte de la agenda de la red mexicana Ciudades Amigas de la Niñez.
La reunión contó con la participación de la diputada Elizabeth Martínez, la senadora Laura Esquivel y otras autoridades vinculadas a la Comisión de la Niñez en diferentes niveles de gobierno, quienes coincidieron en la necesidad de crear un marco regulatorio más estricto para proteger a la infancia y adolescencia de contenidos nocivos.
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La senadora Kenia López se comprometió a impulsar estas propuestas desde el Senado de la República, lo que muestra la posibilidad de que las iniciativas locales tengan un impacto más allá del ámbito municipal.
Finalmente, Marco Bonilla celebró que su modelo de sanciones a los narcocorridos esté generando un diálogo nacional y expresó su disposición de colaborar con otros gobiernos para compartir las bases legales y operativas del proyecto que busca desincentivar la violencia desde el ámbito cultural.
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