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Guadalajara18 de mayo de 2025
Locallunes, 7 de abril de 2025

Tipificar como delito el reclutamiento forzado de menos de edad, propone el diputado Isaías Cortés Berumen

La persona reclutada, sometida y obligada a incorporarse a las filas del crimen organizado debe considerarse como víctima

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Las niñas, niños y adolescentes insistió es uno de los grupos con mayor peligro de ser reclutados de forma forzosa dadas sus condiciones. Rosario Bareño / El Occidental
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Rosario Bareño

Plantea iniciativa de Decreto ante el Congreso de la Unión que reforma el Artículo 10 y adiciona el Artículo 31 bis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

Nosotros no podemos legislar en el Estado de Jalisco por ser una ley general que aplica en todo el país Isaías Cortés Berumen

Actualmente no está tipificado como delito el reclutamiento forzado, solo se bajan las páginas que tienen en redes sociales y en Internet (donde engañan a las personas con empleos diversos) pero no se persigue a esas personas.

“En el tema de Teuchitlan se está viendo quien los estaba resguardando, quien les dio entrada, si era tema gobierno estatal o gobierno federal, pero nadie se está preocupando por perseguir y rescatar a las personas que estaban ahí reclutados,¿dónde están esas personas?, o haz escuchado de que hay un operativo de que se está buscando a esas personas”.

Está el trabajo de investigación titulado “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo” publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, en el año 2021 que señala que en el país alrededor de 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados, y utilizados por grupos delictivos.

“Además de dimensionar el problema, esta cifra debe alertar que en México existe un gran número de niñas, niños y adolescentes cuyas realidades les impiden disfrutar y ejercer sus derechos, así como desarrollarse de manera adecuada”, señaló a EL OCCIDENTAL.

Presenta la propuesta de reformar el artículo 10 que establece qué se entiende por explotación de una persona, así como adicionar un artículo 31 Bis para establecer la pena específica para quien reclute, aliste o entrene a personas mediante el uso de la fuerza, amenaza o engaño para participar activamente en actividades delictivas de organizaciones criminales, y que en caso de que el sujeto pasivo del delito sea menor de edad, la pena se incrementará en un tercio, expuso.

Se trata de un problema tan fuerte que no se hablaría de él, pues el Estado preferiría voltear a otro lado, de no ser por los más recientes hechos sacados a la luz, relacionados con el Rancho de Teuchitlán, en el que se albergaba todo un centro de reclutamiento, entrenamiento y alistamiento forzado del crimen organizado, lamentó el legislador panista.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno pretenden deslindar una responsabilidad histórica respecto de las víctimas, negando su existencia e incluso, escatimando esa condición, en caso Teuchitlan.

Esta iniciativa, dijo en entrevista Cortés Berumen pretende poner en la discusión pública a la persona. Bajo esa visión “el gran problema de un campo de reclutamiento forzoso, es y debe ser la persona reclutada, sometida y obligada a incorporarse a las filas del crimen organizado, la que debe considerarse como víctima y, su existencia misma, es la que debe ser el objeto de discusión y acción del Estado, no quién encontró el rancho, no quién lo cuidaba, no quién debió hacer, no quién debió no hacer”.

Puso de ejemplo como algo irónico como en la misma página de un periódico comparten nota las declaraciones del fiscal general, con una nota de un recluso de apenas dieciocho años que señala haber sido entrenado en el famoso rancho, pero nadie ante la lectura de ambas notas, hace la conexión precisa de que entonces, la persona hoy encarcelada, fue reclutada, alistada y entrenada durante su minoría de edad, lo que deja entrever que la gran deuda en este caso es del Estado para con sus niñas, niños y adolescentes vulnerables.

Las niñas, niños y adolescentes insistió es uno de los grupos con mayor peligro de ser reclutados de forma forzosa dadas sus condiciones.

En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaba que el estimado de personas menores de edad reclutadas por fuerza era de 30 mil mientras que para el 2018 dicha cifra se elevó a 460 mil (CENEJYD, 2019), “cifras brutales”.

Cuando se dice combatir las causas, debemos reenfocar los programas y políticas para mantener a las niñas, niños y jóvenes en las escuelas, apoyando la permanencia y no la deserción, pues un niño con estabilidad y educación se mantiene alejado del crimen y no lo encuentra como una única opción de salir adelante, destacó el legislador.

Estas son las víctimas en este problema “que trato de exponer y, parte del problema, además de los errores en las políticas públicas, es también la inadecuada regulación de éste” .

México no se alinea completamente con postulados internacionales , lo que se nota aún más ante un caso de alcance generalizado como lo fue el del Rancho de Teuchitlán, donde la Ley especializada queda corta en la regulación, “pues no parte del hecho de que captar, reclutar y retener personas para entrenarles y usarlas en actividades de organizaciones criminales, es una forma de trata, estas personas son víctimas y como tales deben ser protegidas. Con lo anterior no basta con asegurar un rancho donde se presume la realización de entrenamiento forzado de personas, aquí lo importante es encontrar a esas personas, liberarlas y reintegrarlas con su familia, dándoles la oportunidad de vida que buscaban cuando fueron captadas por el crimen”.

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