Urge hacer frente a la anarquía que impera en la zona federal: CCE
De siete mil vendedores ambulantes registrados en las playas, sólo mil cuentan con documentación en regla, señaló el líder empresarial Julián Urióstegui Carbajal
Pedro Andalón
De los 7 mil vendedores ambulantes que trabajan en las playas de Acapulco, solo mil cuentan con documentación en regla, con base en los censos realizados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), reveló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Guerrero, Julián Urióstegui Carbajal, quien afirmó que es necesario hacer frente a la “anarquía en las costas”.
En declaraciones recientes, Urióstegui destacó que finalmente se está viendo una acción coordinada por parte de las autoridades estatales, en colaboración con la Guardia Nacional y con el respaldo de un programa federal que busca el ordenamiento integral de la franja costera.
Lea también: Empresarios respaldan regularización de comerciantes en zona federal
Es un tema que llevaba décadas sin atenderse. Había una anarquía completa en las playas, y aunque aún persiste en parte, hoy vemos que por fin se está haciendo la tarea.
El dirigente detalló que, según datos proporcionados por el programa federal de ordenamiento, inicialmente se registraron alrededor de 7,000 personas ejerciendo el comercio en las playas. Sin embargo, al hacer una revisión más detallada, sólo se localizaron 2,000, de las cuales apenas 1,000 contaban con documentación en regla.
“Nos parece muy interesante el trabajo que están haciendo. Ya se comenzó con un censo y se están generando controles. Preguntamos cuándo veríamos la playa ordenada y nos aseguraron que será en las próximas semanas. Están actuando con herramientas que antes no tenían, cómo la Guardia Nacional”, comentó.
Urióstegui celebró que incluso algunos grupos de interés que antes operaban con impunidad en las zonas turísticas han comenzado a retirarse, lo que calificó como un hecho inédito y alentador para el sector empresarial y para la imagen turística del destino.
Finalmente, el presidente del CCE Guerrero hizo un llamado a las autoridades a continuar con estos esfuerzos, asegurando que el sector empresarial está dispuesto a colaborar para lograr un reordenamiento completo que beneficie tanto a los comerciantes como a los visitantes y residentes de Acapulco.
Un gran reto
El fenómeno del comercio ambulante en las playas de Acapulco es un reflejo de la compleja dinámica social y económica que caracteriza a muchas zonas turísticas del país. Miles de personas, en su mayoría provenientes de sectores vulnerables, han encontrado en la venta informal una fuente de ingresos que les permite subsistir, especialmente durante las temporadas vacacionales. Sin embargo, esta actividad ha crecido sin una regulación clara, lo que ha derivado en problemas de saturación, competencia desleal, y en algunos casos, afectaciones a la experiencia de los turistas.
Según datos recientes, se estima que alrededor de siete mil vendedores ambulantes operan en la franja costera de Acapulco, aunque solo una fracción de ellos cuenta con los permisos y documentación necesarios para ejercer esta actividad. Esta situación ha generado preocupación entre empresarios del sector turístico, quienes señalan que la falta de control ha propiciado una percepción de desorden e inseguridad, afectando la imagen del destino.
En respuesta a esta problemática, autoridades estatales y federales, en conjunto con organismos como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), han iniciado un proceso de ordenamiento del comercio en playa. Este esfuerzo incluye la realización de censos, la revisión de permisos y la implementación de operativos con apoyo de la Guardia Nacional. El objetivo es claro: recuperar el control del espacio público, garantizar la legalidad y mejorar la convivencia entre turistas, comerciantes y residentes.
No obstante, este proceso no está exento de retos. Reordenar la actividad comercial en las playas implica no solo aplicar la ley, sino también ofrecer alternativas económicas y programas de inclusión para quienes dependen de esta actividad. De lo contrario, existe el riesgo de criminalizar la pobreza o de generar tensiones sociales. El reto para las autoridades es lograr un equilibrio entre la legalidad, la competitividad turística y la justicia social.
NOTAS RELACIONADAS
Más Noticias
LO+VISTO
LO+RECIENTE
