Aprueban reforma en materia de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género
La decisión se tomó tras la elaboración de un dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, basado en iniciativas previamente presentadas por Morena y PAN
Mario Contreras
El Congreso del Estado de Durango aprobó reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, incorporando la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia hacia la mujer. La decisión se tomó tras la elaboración de un dictamen por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, basado en iniciativas previamente presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN).
La reforma tiene como objetivo impedir que personas con antecedentes de violencia de género, agresiones sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias puedan acceder a cargos de elección popular o desempeñar funciones en el servicio público.
Durante la sesión en la que se votó la reforma, la diputada Sandra Amaya Rosales, del grupo parlamentario de Morena e iniciadora de una de las propuestas, expresó su satisfacción por la aprobación unánime del dictamen. En su intervención, señaló que con esta medida se dejará de ser “observadores de actos de irresponsabilidad” y se velará por que los cargos públicos sean ocupados por individuos “congruentes y comprometidos con sus hijos”. Subrayó que la reforma representa un avance significativo para garantizar el derecho a la pensión alimenticia de niños y adolescentes en el estado.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Alejandro Mojica, enfatizó que la aprobación de esta reforma responde a una demanda social y a compromisos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Mojica afirmó que la medida también da cumplimiento a una exigencia nacional derivada de la reforma al artículo 38 de la Constitución Federal y de políticas como la 3 de 3 contra la violencia.
El diputado del PAN recalcó que quienes hayan atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de otros no deben tener cabida en el servicio público. “No podemos permitir que agresores sexuales, violentadores de mujeres o deudores alimentarios aspiren a representarnos o tomen decisiones por las familias de Durango”, aseveró.
Mojica concluyó su intervención señalando que esta reforma constitucional es un mensaje claro de que Durango no tolerará la impunidad y que la política debe servir a la justicia y a la protección de los derechos, incluyendo el derecho a la alimentación de los menores. “Un agresor no representa a nadie, un violentador no legisla con autoridad moral, y un deudor no construye futuro”, sentenció.
La aprobación de esta reforma se percibe como un paso importante en el fortalecimiento del marco legal para la protección de los derechos de las mujeres, niños y adolescentes en el estado de Durango.