Impulsan reforma para garantizar la igualdad sustantiva en Durango
Esta propuesta busca transformar el principio de igualdad de una mera declaración a una realidad tangible con un impacto directo en las políticas públicas
Mario Contreras
La diputada Dany Soto, del Grupo Parlamentario del PRI, ha presentado una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Durango con el objetivo de incorporar explícitamente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la perspectiva de género en la asignación del presupuesto público. Esta propuesta busca transformar el principio de igualdad de una mera declaración a una realidad tangible con un impacto directo en las políticas públicas y el acceso efectivo a los derechos de las mujeres en la entidad.
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La iniciativa, según lo expresado por la legisladora, se considera un paso decisivo hacia un Durango más igualitario, justo y libre de violencias. Subraya la necesidad de ir más allá de la igualdad formal, requiriendo acciones concretas, institucionalizadas y con presupuesto asignado para asegurar que los derechos de las mujeres se materialicen en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
La propuesta parte del reconocimiento al rol fundamental de las mujeres, tanto visibles como anónimas, en la construcción del país y de sus instituciones democráticas. A pesar de los avances normativos y la creciente representación política, la desigualdad de género persiste en la vida cotidiana, manifestándose en brechas salariales, exclusión de espacios de poder, precariedad laboral, limitaciones en servicios básicos y una violencia estructural.
La reforma también retoma los lineamientos de las reformas impulsadas en octubre de 2024, que obligan a los estados a garantizar el goce efectivo de los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a vivir libres de violencia y a una vida digna. Aunque la Constitución de Durango ya menciona el término “igualdad” en diversas materias, no establece de manera explícita la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ni contempla la perspectiva de género como un principio obligatorio en la elaboración y aplicación del presupuesto público.
Finalmente, la iniciativa se alinea con el principio de progresividad en materia de derechos humanos, que exige avanzar sin retrocesos. Por ello, busca armonizar la Constitución estatal con el marco nacional, impulsando medidas afirmativas que hagan efectiva la paridad y la igualdad sustantiva. El objetivo es asegurar que en todos los niveles de gobierno –desde la educación y la salud hasta el empleo y la representación política– las políticas públicas estén orientadas a cerrar las brechas de desigualdad y promover condiciones equitativas para el desarrollo pleno de las mujeres.
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