Impulsan reforma para garantizar la movilidad rural como derecho de justicia social en Durango
La propuesta busca establecer el derecho a la movilidad en las zonas rurales como una prioridad fundamental
Redacción / El Sol De Durango
LLa diputada Mayra Rodríguez Ramírez, integrante del Partido Acción Nacional (PAN) y vocera de la Coalición Parlamentaria Unidad y Valor por Durango (PRI–PAN), ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 32 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del estado. La propuesta busca establecer el derecho a la movilidad en las zonas rurales como una prioridad fundamental, enmarcada en los principios de justicia social, inclusión y dignidad para todos los ciudadanos.
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La iniciativa subraya que, en las comunidades rurales, la movilidad debe trascender la concepción de un mero privilegio para consolidarse como un derecho esencial que asegure el acceso equitativo a servicios de salud, educación, seguridad y bienestar. Se hace especial énfasis en la atención a las necesidades de los adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, la reforma plantea la obligación para los ayuntamientos de promover activamente la accesibilidad y la seguridad personal de las personas vulnerables durante sus traslados dentro de las comunidades rurales. Esto implica la implementación de medidas y políticas que faciliten sus desplazamientos y garanticen su integridad.
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Refirió que la minería es una actividad esencial para diversas industrias y una fuente primordial de empleo y desarrollo económico en las regiones rurales de DurangoLa propuesta también destaca la necesidad de que las políticas públicas establezcan prioridades claras para la implementación de soluciones efectivas de movilidad rural. Entre estas soluciones se mencionan el desarrollo de rutas de transporte eficientes, la creación de infraestructura adecuada y la provisión de apoyos institucionales específicos para estas áreas.
La diputada Rodríguez Ramírez argumenta que el enfoque de la movilidad no puede limitarse exclusivamente a los contextos urbanos, sino que debe extender su alcance para abordar las particularidades y los desafíos que presentan las zonas rurales. A pesar de las dificultades geográficas que puedan existir, la legisladora enfatiza la importancia de la voluntad política para generar soluciones concretas en materia de movilidad.
Finalmente, la iniciativa establece que los municipios deben integrar consideraciones relativas al desarrollo rural en la formulación y evaluación de sus políticas de movilidad. Esta disposición busca ampliar el alcance de la ley actual para que responda de manera más efectiva a las diversas realidades y a los rezagos históricos que enfrentan las comunidades rurales en términos de conectividad y transporte.