Exfuncionarios acusan a Musk de usar IA para espiar a empleados federales
El equipo de DOGE, liderado por Musk, está utilizando esta tecnología para monitorear las comunicaciones de empleados del gobierno estadounidense con el fin de detectar posturas consideradas hostiles
Reuters
El equipo tecnológico DOGE, liderado por Elon Musk, está utilizando inteligencia artificial para monitorear las comunicaciones de empleados del gobierno estadounidense, en particular de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), con el fin de detectar posturas consideradas hostiles hacia el expresidente Donald Trump y su agenda, revelaron fuentes cercanas al asunto.
Según exfuncionarios de la administración Trump, esta vigilancia representa un uso inusual de la tecnología en el gobierno, especialmente en un contexto de despidos masivos y recortes presupuestarios. Los reportes indican que DOGE también usa la app Signal, que permite mensajes cifrados y autodestructivos, lo que podría violar leyes federales de conservación de registros públicos.
Además, DOGE ha implementado el chatbot de IA Grok, desarrollado por Musk como rival de ChatGPT, en procesos internos de reestructuración administrativa. Sin embargo, aún no está claro con precisión cómo se emplea esta tecnología.
Empleados consideran que han habido prácticas inusuales en el DOGE
Reuters entrevistó a casi 20 personas vinculadas a las operaciones de DOGE y revisó documentos judiciales que señalan prácticas poco convencionales en el uso de IA y manejo de datos gubernamentales. Fuentes dentro de la EPA indicaron que se vigilan plataformas como Microsoft Teams para detectar lenguaje crítico contra Trump o Musk, aunque la agencia afirma que, aunque considera el uso de IA, no la utiliza actualmente para decisiones de personal en conjunto con DOGE.
Desde enero, la EPA ha suspendido a casi 600 empleados y proyecta recortes del 65 por ciento de su presupuesto. En este contexto, funcionarios designados por Trump han advertido al personal sobre la vigilancia y han señalado que se busca identificar a trabajadores cuya labor no se alinee con la misión de la administración.
DOGE, acrónimo del “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, ha sido presentado por Musk como una iniciativa para reducir el gasto público en un billón de dólares, lo que equivale al 15 por ciento del presupuesto federal anual. Sin embargo, expertos en ética gubernamental han expresado preocupaciones sobre el uso de tecnologías opacas y posibles conflictos de interés.
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Las operaciones de DOGE han sido señaladas por operar con escasa transparencia. Además del uso de Signal, empleados trabajan con herramientas como Google Docs en modo colaborativo, evitando cadenas de custodia tradicionales y dificultando el rastreo de cambios o responsables.
El grupo también ha restringido el acceso del personal de carrera a bases de datos críticas. En la Oficina de Administración de Personal (OPM), más de 100 técnicos perdieron acceso a sistemas clave en la nube desde finales de enero. Actualmente, solo un empleado de carrera y Greg Hogan —nuevo director de información y exejecutivo de una startup de IA— conservan acceso.
DOGE argumenta que, al operar como parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente, no está sujeto a las leyes de acceso a la información pública. No obstante, el 10 de marzo un juez federal ordenó a DOGE entregar documentos a la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), tras una demanda basada en la Ley de Libertad de Información (FOIA). Hasta la fecha, no se han entregado registros.
Demócratas y defensores de la transparencia acusan a Musk y Trump de intentar purgar al gobierno de funcionarios imparciales e instalar leales dispuestos a cerrar los ojos ante prácticas cuestionables. “Parece un abuso de poder para silenciar voces disidentes”, opinó Kathleen Clark, experta en ética de la Universidad de Washington en St. Louis.
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Algunas fuentes aseguran que Musk llegó a plantear que la IA podría reemplazar a trabajadores del gobierno mediante la automatización de funciones, utilizando grandes volúmenes de datos para crear un sistema de administración pública más eficiente.
Sin embargo, como empleado especial del gobierno, Musk está legalmente impedido de participar en decisiones que beneficien a sus empresas o intereses personales, lo que genera dudas sobre la legalidad y ética de su implicación directa.
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