CNDH condena asesinato de madre buscadora y su hijo en Jalisco, exige investigación
La CNDH exigió investigaciones inmediatas con perspectiva de género por el homicidio de María del Carmen Morales y Jaime Daniel Ramírez Morales, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco
Rafael Ramírez / El Sol de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años, quienes formaban parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Los hechos ocurrieron este miércoles en el Fraccionamiento Las Villas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, según reportes de medios locales y del propio colectivo.
María del Carmen se convirtió en madre buscadora en 2024, tras la desaparición de su hijo Ernesto Julián Ramírez Morales. Desde entonces, encabezó una lucha constante en un entorno marcado por el riesgo y la impunidad. Apenas semanas atrás, sobrevivió a un atentado mientras viajaba con sus hijos y fue amenazada por un presunto integrante del crimen organizado, quien le exigió abandonar el estado.
Frente a este contexto de violencia, la CNDH emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad de los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Asimismo, solicitó la intervención urgente de las autoridades estatales y federales, particularmente del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Sheinbaum pide investigación sobre asesinato de madre buscadora y su hijo en Jalisco
La madre buscadora María del Carmen y su hijo Jaime Daniel fueron asesinados el pasado miércoles en Tlajomulco, Jalisco“El homicidio de la señora Morales y de su hijo evidencia el grave riesgo que enfrentan quienes integran colectivos de búsqueda en el país”, advirtió la CNDH en su pronunciamiento. El organismo también urgió a la Fiscalía estatal a investigar los hechos de manera inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, y a esclarecer las agresiones previas contra miembros del mismo colectivo.
La Comisión subrayó que garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos y a la búsqueda de personas desaparecidas debe ser una prioridad para los tres niveles de gobierno, por tratarse de una labor fundamental para romper el ciclo de impunidad y violencia que afecta a miles de familias.
La CNDH expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, e informó que dará seguimiento puntual tanto a la implementación de medidas de protección como al curso de las investigaciones, a través de sus programas especializados.
“¡Defendemos al pueblo!”, concluye el comunicado oficial de la CNDH. No obstante, la declaración contrasta con los reclamos de diversos colectivos de Madres Buscadoras de Personas Desaparecidas en México, quienes, al participar en mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), para perfeccionar una ley de la presidenta Claudia Sheinbaum que atienda la crisis de desapariciones, han señalado la inacción de la CNDH y, en algunos casos, exigido la renuncia de su titular, Rosario Piedra Ibarra.
Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en dichos diálogos con la Segob, exigió la renuncia de Piedra Ibarra.
“No le interesa el tema de las víctimas. Que su lugar lo ocupe una persona sensible a todas las causas”, sentenció la activista el pasado 11 de abril.
Otros, colectivos de madres buscadoras han coincidido y subrayan que la CNDH no ha estado a la altura de la crisis de desapariciones y las ha dejado solas frente a un país que “nos desaparece a los hijos”.
Es de recordar que, el pasado 10 de abril, el Partido Acción Nacional (PAN), también exigió la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra, por lo que calificó como su “silencio cómplice” ante la crisis de desapariciones, la cual considera que es, “la peor tragedia humanitaria” que enfrenta el país.
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Hasta el 8 de abril de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 127,050 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país.