Corte de Miami sentencia a García Luna y su esposa pagar 2 mil 500 millones de dólares
Fueron declarados culpables de participar en un esquema de contrataciones ilegal en el Gobierno de México
Aldo Canedo / El Sol de México
Una Corte de Miami, Florida, sentenció al exsecretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar casi 2 mil 500 millones de dólares entre ambos.
Esto luego de que los hallaran culpables de participar en un esquema de contrataciones ilegales en el Gobierno de México.
La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un proceso iniciado desde septiembre de 2021.
De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la UIF, Genaro García Luna deberá pagar 748.8 millones de dólares; mientras que su esposa, Cristina Pereyra, mil 740 millones.
La sentencia de la jueza Lisa Walsh, adscrita al Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, corresponde a lo triple de lo reclamado originalmente por el gobierno mexicano.
Genaro García Luna deberá pagar 748.8 millones de dólares; mientras que su esposa, Cristina Pereyra, mil 740 millones
Se trata de la segunda sentencia que recibe García Luna en Estados Unidos, aunque este caso es de índole civil, a diferencia de la condena que recibió meses atrás en el ámbito penal.
La UIF anunció que, además de la sentencia, se han emitido siete resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus 5 empresas. Éstas, “como resultado de su omisión de concurrir al juicio”.
Entre las empresas identificadas propiedad de García Luna y Cristina Pereyra vinculadas a la red de contrataciones irregulares están OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC, GLAC SECURITY y Delta Integrator LLC.
De esta última, anunció la UIF, ya se han recuperado 1.97 millones de dólares gracias a una resolución de culpabilidad.
Además, el gobierno mexicano ya ha conseguido recuperar un inmueble con un valor estimado en 555 mil 800 dólares estadounidenses y 275 mil dólares más derivados de la ejecución de una hipoteca concedida por Delta Integrator a un tercero.
“Los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta”, señaló la UIF.
El pasado 18 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la UIF, Pablo Gómez, presentaron en conferencia matutina la red de lavado de dinero operada principalmente por García Luna desde 2009 hasta 2018, donde realizó contrataciones irregulares en la Policía Federal, el Órgano de Administración Descentralizado Prevención y Reinserción Ciudadana (OADPRS) y el CISEN, auxiliado de empresas irregulares que enviaban el dinero a otros países, como Estados Unidos.
En cuanto a los bienes registrados a nombre de García Luna, Pereyra y las demás empresas a su nombre, anunció el gobierno mexicano, no se han localizado más activos.
No obstante, la sentencia permite al Estado Mexicano iniciar procesos para asegurar y ejecutar bienes que puedan ser identificados posteriormente, incluso si se encuentran registrados a nombre de terceros que actúen como prestanombres.
Aunado a esta sentencia, en octubre de 2024 Genaro García Luna fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos derivado de su papel como colaborador del Cártel de Sinaloa.
El juez Brian Cogan, de la Corte Este de Nueva York, sentenció a García Luna con 460 meses por las cuatro acusaciones por las que el exfuncionario fue declarado culpable, y seis meses extra por el quinto cargo en su contra.
El 21 de febrero de 2023, García Luna fue encontrado culpable por los cargos de empresa delictiva continuada; conspiración para distribuir y poseer cocaína; conspiración para la importación de cocaína; conspiración para la distribución internacional de cocaína; y hacer declaraciones falsas. Todo ello, vinculado con sus nexos con el crimen organizado, particularmente con el Cártel de Sinaloa.
César de Castro, defensor legal del ahora sentenciado, había solicitado a la Corte una pena mínima de 20 años; mientras que la Fiscalía de Nueva York solicitó la cadena perpetua.
En la audiencia, el juez Cogan hizo hincapié en que García Luna vivió “una doble vida”, referenciando su papel como funcionario federal y, al mismo tiempo, colaborador del crimen organizado.
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Además de la pena de 38 años, condenó a García Luna a pagar una multa de dos millones de dólares.
De acuerdo con las autoridades norteamericanas, García Luna recibió millones de dólares en sobornos por parte de esta organización criminal para permitir el transporte de más de un millón de kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
“Su traición a la confianza pública y a las personas a las que había jurado proteger dio lugar a la importación de más de un millón de kilogramos de estupefacientes letales en nuestras comunidades y desató una violencia incalculable aquí (Estados Unidos) y en México”, acusó el fiscal neoyorquino, Breon Peace.
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