Iglesia Católica exige acciones urgentes al Gobierno ante crisis de desaparecidos
La Conferencia del Episcopado Mexicano y familiares de personas desaparecidas demandan fortalecer el sistema de justicia y mejorar los servicios forenses
Rafael Ramírez / El Sol de México
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció este miércoles, a través de un comunicado, la apertura del Gobierno federal al diálogo con los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas. No obstante, enfatizó la urgencia de construir una cultura institucional de escucha, con respuestas coordinadas y un trato digno hacia quienes buscan a sus seres queridos.
Este posicionamiento surge luego de que la CEM, en acompañamiento a diversos colectivos de familiares, hiciera un llamado conjunto para que el Estado mexicano atienda de manera integral la crisis de desapariciones en el país.
Durante las mesas de trabajo del Diálogo Nacional por la Paz, celebradas el pasado 8 de abril con la participación de la Secretaría de Gobernación (Segob) y madres buscadoras de ocho estados, los colectivos expresaron su profunda indignación ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
En el encuentro, exigieron justicia y atención inmediata para la localización de sus familiares, además de denunciar las omisiones y la indiferencia persistente de las instancias gubernamentales.
Demandas de los colectivos de madres buscadoras
En conjunto con la Iglesia Católica, los colectivos presentaron una serie de demandas prioritarias:
Revisión de los perfiles de los funcionarios que atienden a las familias, priorizando la empatía y sensibilidad.
Fortalecimiento de las fiscalías estatales para combatir la impunidad y enfrentar al crimen organizado.
Mejora de los servicios forenses para identificar a más de 72 mil cuerpos en morgues y fosas comunes.
Puesta en operación de los Centros de Identificación Humana.
Instalación de mesas de trabajo federales y estatales para dar seguimiento a los casos.
Reconocimiento legal del trabajo de los colectivos de búsqueda.
Colaboración con organismos internacionales.
Garantías de seguridad para las buscadoras y sanciones penales a funcionarios que obstaculicen la justicia.
Coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.
Investigación exhaustiva del caso Rancho Izaguirre.
Atención prioritaria a la niñez desaparecida.
Creación de un registro nacional de fosas comunes.
Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a dar seguimiento a las demandas presentadas y propuso la creación de mesas de diálogo permanentes con las familias y colectivos.
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Durante el encuentro, también se entregó un documento con una postura sobre la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, en la que se subraya la necesidad de fortalecer al Centro Nacional de Identificación Humana, asignar recursos presupuestales adicionales y considerar las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas.
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