Frena Congreso reforma para sancionar a falsos reclutadores de empleo y solo propone exhorto
La reforma presentada por el PAN sigue sin ser discutida
Daniela Hernández
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aplazó la iniciativa de reforma para castigar, hasta con 10 años de prisión, a falsos reclutadores de empleo con fines de trata de personas. En su lugar, avalaron la presentación de un exhorto de concientización y prevención de reclutamiento fraudulento.
La iniciativa fue presentada el pasado 10 de abril por la diputada panista Celia Bonaga Ruiz, tras darse a conocer que, en Puebla, dichas prácticas eran comunes en páginas web de reclutamiento. También, justificó que dichas ofertas falsas afectaban, en su mayoría, a mujeres.
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La iniciativa de reforma a la Ley para erradicar los delitos en materia de trata de personas en Puebla, así al Código Penal, no ha sido analizada. Sin embargo, este lunes, la Comisión priorizó avalar un llamado a diversas secretarías del Poder Ejecutivo, pese a ser del mismo tema.
Los diputados de esta Comisión avalaron turnar al Pleno un exhorto a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, para que, de manera coordinada con los gobiernos federales y municipales, implementen una campaña de concientización y prevención de reclutamiento fraudulento de jóvenes.
En tanto, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los legisladores propusieron exhortarla para que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y los gobiernos municipales, se implementen campañas de seguridad y prevención de delitos vinculados con el tráfico de personas.
Estas campañas deberán incluir la detección y la vigilancia de las plataformas digitales utilizadas para el reclutamiento de personal, con el objetivo de que identifiquen las prácticas fraudulentas.
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Al ser un exhorto, que aún está pendiente de ser aprobado por el Pleno -para después llevarse a cabo- no incluye sanciones para falsos reclutadores, las cuales, sí fueron propuestas por Bonaga, por seis a 10 años de prisión, y una multa de 300 Unidades de Medida y Actualización, que equivale a 33 mil 942 pesos.
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