Buscan garantizar libertad de los adultos mayores para tomar decisiones

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Raymundo Rocha

A través de una reforma legal, se garantizará la libertad en la toma de decisiones de las personas adultas mayores, informó el diputado Marco Antonio Gama Basarte.

En su iniciativa, propone adicionar a las obligaciones de las familias con miembros adultos mayores, la de fomentar y promover de forma activa, la observancia y la práctica de los derechos contenidos en esta y otras Leyes aplicables.

Además de promover la práctica de los derechos, también se busca fomentar la libertad respecto a la toma de decisiones, persiguiendo el objetivo de respetar la autonomía en la vida de los adultos mayores, en un contexto de observación y práctica de sus derechos, apoyado por su familia, en armonía con su función social.

La reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí, establecerá dentro del esquema de obligaciones para las familias, el fomentar la observancia y la práctica de los derechos contenidos en esta y en otras leyes aplicables, y garantizar el respeto a la libertad en la toma de decisiones de los adultos mayores.

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Señala que la Ley de las Personas Adultas Mayores establece la satisfacción de necesidades, fomento de convivencia, evitar actos que lesionen sus derechos, otorgamiento de alimentos y mantenimiento de lazos familiares, en caso de que el adulto mayor resida en un lugar separado.

Gama Basarte dijo que la redacción del artículo citado incluye el claro señalamiento de que la familia deberá cumplir su función social, aludiendo a la responsabilidad de la calidad de vida de las personas adultas mayores; al interior de las obligaciones que son prescritas para la familia, se puede observar que se relacionan a las necesidades generales, incluidos los alimentos, y a la prevención de actos de índole discriminatoria.

“No obstante, se detecta la falta de una obligación vinculada a la práctica activa de los derechos que se fundamentan en esta Ley, y otros que también resultan aplicables. Basados en el principio constitucional pro persona, e incluso en las circunstancias prácticas, podemos considerar que cualquier medida tendiente al fortalecimiento de los derechos, es un avance en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores”.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.