Denuncian a técnico del CREE por negligencia, ausentismo y otros abusos

En la sala de espera del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el silencio se llena de historias no contadas; pero hoy, algunas de esas voces están empezando a hablar

Alejandra Ruiz

En la sala de espera del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el silencio se llena de historias no contadas. Pero hoy, algunas de esas voces están empezando a hablar.

Una madre, cuyo testimonio fue recabado por este medio, relata con firmeza y dolor una experiencia que ha dejado secuelas físicas en su hija, una menor de nueve años diagnosticada con hemiplejia izquierda, un tipo de parálisis cerebral infantil. Desde los dos años, la niña ha recibido atención en el CREE del Sistema DIF Estatal, donde acude a consulta con distintos especialistas, terapias y revisiones periódicas.

Pero hace unos meses, el camino de rehabilitación que habían seguido con esfuerzo y constancia se desvió abruptamente.

“El técnico de órtesis y prótesis, Juan Carlos Sosa Sánchez, fue asignado al caso de mi hija. Ella necesitaba una férula larga, como lo indicó su ortopedista después de varios estudios. Pero él decidió otra cosa”, relata la madre. “Me dijo que con una plantilla era suficiente, que no necesitaba el aparato que el médico había solicitado. Afirmó que lo había hablado con el doctor… pero eso era mentira”.

La férula fue elaborada con semanas de retraso. Y cuando finalmente fue colocada, no solo no ayudó, sino que provocó una desviación en la rodilla de la niña. “Ella no tenía dolor en la rodilla. Ahora, sí. No tenía esa desviación. Ahora camina peor”, explica. “Ha habido un retroceso impresionante de tres o cuatro meses para acá, todo por una férula mal hecha”.

La madre, como muchas otras, asegura que ha sido víctima de negligencia, omisiones y un patrón preocupante de comportamiento por parte del técnico. “Se la pasa faltando. No va lunes, no va martes. Te cita a las ocho de la mañana y simplemente no llega. Y si preguntas, nadie sabe nada”.

La situación, según el testimonio, va más allá de la falta de profesionalismo. “He escuchado de al menos tres casos de acoso dentro de CREE. También de pacientes que le han pagado por fuera, y no les entrega sus aparatos. A otros sí, pero sin ningún control institucional. Algunos niños vienen desde comunidades muy lejanas, y se quedan sin atención porque él no se presenta”.

El problema no solo es conocido dentro del centro, sino también entre algunos empleados. Sin embargo, las autoridades estatales poco pueden hacer, ya que este trabajador está adscrito al sistema DIF Nacional.

“Ahí mismo me dijeron que no pueden hacer nada porque está sindicalizado, que depende del DIF Nacional. Que por eso todas las quejas se van a un buzón y de ahí a Ciudad de México. Que no se le puede sancionar. Lo más que ha tenido es una suspensión de tres días por otra queja. Y ya”.

Cuando intentó llevar su denuncia a Derechos Humanos, fue canalizada directamente a la CNDH por tratarse de un trabajador federal. “Lo que quiero es que este tipo de personas no sigan laborando con niños. No está bien jugar con la salud de los menores. Mi hija no está mejorando. Está empeorando por su culpa”.

Ante la negligencia del técnico, la madre intentó volver con el ortopedista, quien de inmediato confirmó que la férula debía ser la larga, la que se había solicitado desde el inicio. “El doctor se lo dijo frente a mí. Entonces ya no tuvo de otra más que aceptarlo y me dio cita para entregármela el miércoles siguiente… pero no se presentó. Ni lunes, ni martes, ni miércoles”.

Mientras esperaba noticias, encontró en redes sociales una nota local del estado de Durango donde se mostraba a Juan Carlos Sosa Sánchez, especialista adscrito al DIF Nacional, entregando férulas como parte de una actividad presentada en medios de comunicación. “Estaba trabajando allá, mientras aquí tenía citas con niños. Es una falta de respeto total”.

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Las consecuencias no solo son médicas, sino también económicas. El aparato ortopédico que su hija necesita tiene un costo aproximado de 20 mil pesos si se adquiere por fuera. “Eso es lo que él quiere. Desesperarte, hacerte sentir que no hay opción, para que termines pagándole a él directamente. Pero no todos pueden. Hay niños que esperan meses por una atención que no llega”.

El caso no es único. Pero como tantas otras madres, ella se mantuvo en silencio por años, esperando que la situación mejorara. Hoy, ha decidido alzar la voz, sabiendo que otras familias también han iniciado procesos ante la CNDH. “No quiero que se sepa el nombre de mi hija. No quiero que dejen de atenderla. Pero tampoco quiero que esto siga pasando. No es justo”.

Las familias han comenzado a organizarse, documentando casos y reuniendo testimonios. Sin embargo, mientras la burocracia federal y la impunidad sindical protegen a quienes deberían cuidar la salud de los menores, la rehabilitación de muchos niños queda en pausa, en riesgo… o incluso, en retroceso.

“Por un hijo haces lo que sea”, dice la madre.

“Pero no deberíamos tener que elegir entre pagar lo que no tenemos o ver cómo se deteriora su cuerpo”.

Lamentablemente, esta pequeña no ha sido la única que ha enfrentado estragos en su salud física, debido a las malas prácticas de este especialista.

Aunado a esto, también se tiene evidencia de un informe de comisión expedido por Víctor Manuel Pérez Miranda, Soporte Administrativo “C” del Departamento de Asuntos Laborales y Sindicales de la Dirección de Relaciones Laborales (credencial No: 25145), en el cual se realiza la instrumentación de un Acta Administrativa en contra de Juan Carlos Sosa Sánchez, Terapista Profesional en Rehabilitación. Lo que para los padres y madres de familia no es un hecho aislado, y es un precedente a sus conductas.